La organización está integrada por un centenar de pequeñas empresas y autónomos afectados por la cadena de constructoras e inmobiliarias que se han declarado en suspensión de pagos en el último año y medio.
AEPIC advirtió en un comunicado del riesgo de que "miles de pymes y empleos" desaparezcan ante las dificultades que estas empresas encuentran para cobrar el importe que se les adeuda en el marco de un concurso de acreedores. Según recordaron, se trata de procesos largos que, "en el mejor de los casos" supone esperar dos años para recuperar sólo una parte de la deuda.
Además de la línea ICO, los afectados por los impagos de la construcción demandan un aplazamiento de las deudas a Hacienda y a la Seguridad Social de las pymes y autónomos que se vean afectados por suspensiones de pagos.
Además piden una modificación de la Ley contra la Morosidad para reducir el plazo de vencimiento de los pagarés a un máximo de sesenta días, frente al margen de entre 210 y 240 días al que ahora pagan la mayor parte de las empresas a sus proveedores.
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