martes, 16 de diciembre de 2008

Uruguay impide a directivos de Botnia declarar en un juicio en Argentina

MONTEVIDEO.- Uruguay rechazó hoy una serie de exhortos de la Justicia argentina, que investiga a una polémica planta de celulosa instalada en la frontera común, en un nuevo capítulo del largo enfrentamiento entre los dos países sudamericanos por un conflicto ambiental.

El gobierno uruguayo rechazó denuncias judiciales presentadas por autoridades de la provincia argentina de Entre Ríos en relación con la planta de celulosa Botnia.

Así lo determinó personalmente el mandatario Tabaré Vázquez tras firmar una resolución en la que no autoriza a los representantes de la pastera a participar en el proceso en el juicio iniciado por el ex gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, férreo opositor a la planta en la margen oriental del compartido Río Uruguay.

Las denuncias, enviadas a través de la cancillería argentina, datan del 2006 al 2008 por distintas acciones que buscaban demostrar el presunto daño ecológico de las plantas de celulosa en Fray Bentos, a 300 kilómetros al oeste de Montevideo.

Desde junio del 2006, la Justicia argentina envió a Montevideo exhortos solicitando información sobre la fábrica y también notificar a personas vinculadas a Botnia para declarar por una denuncia de tentativa de contaminación.

En una resolución firmada por el presidente Tabaré Vázquez el 9 de diciembre y divulgada por la prensa hoy martes, el mandatario rechazó los pedidos "por afectar la seguridad, el orden público y los intereses esenciales de Uruguay".

La resolución, disponible en el sitio de internet de la Presidencia, menciona que "se han protagonizado incidentes" en la zona fronteriza, en referencia a episodios de tensión que se desataron por un bloqueo de ambientalistas a un puente internacional desde hace unos dos años.

Además del diferendo ambiental, Argentina asegura que Uruguay violó un tratado bilateral que protege al río limítrofe al autorizar el emprendimiento sin consultarle, y demandó a Montevideo ante la Corte Internacional de La Haya.

El Gobierno de Vázquez, por su parte, acusa a las autoridades del país vecino de no intervenir para levantar el corte en el principal puente que une a ambas naciones y aduce un millonario daño económico por el bloqueo.

Uruguay defiende la inversión de Botnia, la más grande del sector privado en la historia del país, y asegura que utiliza tecnología compatible con el ambiente.

En algunos exhortos de la Justicia argentina también se solicitaba información sobre la empresa española de celulosa Ence, que cambió el emplazamiento de su planta -originalmente previsto a pocos kilómetros de Botnia- a otro sitio en Uruguay con el aval del Gobierno argentino.

La decisión de Vázquez de denegar el permiso a los directivos de Botnia se basa en el Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua del Mercosur (que Uruguay y la Argentina integran junto a Brasil y Paraguay).

Allí se "dispone que el Estado requerido podrá denegar la asistencia cuando el cumplimiento de la solicitud sea contrario a la seguridad, el orden público u otros intereses esenciales", indica la resolución.

Asimismo, señala que "la cooperación solicitada (por la Justicia de Entre Ríos) afecta a la seguridad del Estado uruguayo, en especial en la zona fronteriza donde se han protagonizado incidentes" y donde "permanece instalada una amenaza latente".

"El deber del Estado uruguayo es adoptar una actitud preventiva en grado máximo" y que el exhorto judicial afecta "el orden público internacional" y "los intereses esenciales del país", tanto en el plano económico como en lo que concierne al derecho soberano del Estado de "disponer en su territorio, libremente y sin coacción", agrega la resolución presidencial.

La planta de la finlandesa Botnia, que desde hace un año funciona sobre el lado uruguayo de un río fronterizo, es el centro de un diferendo entre las naciones vecinas debido al rechazo de Argentina, que teme efectos contaminantes.

La puesta en marcha de la planta de celulosa ha tensado las relaciones entre los dos países e incluso Argentina presentó esa denuncia ante la Corte Internacional de Justicia.

El gobierno uruguayo enfrenta como factor de alta irritación el hecho que desde hace más de dos años ambientalistas de la ciudad argentina de Guayleguaychú mantienen cortado el principal de los tres puentes internacionales sobre el Río Uruguay, que une a los dos países.

A su vez, el tribunal de controversias del Mercosur le dió en 2007 la razón a Uruguay por la ilegalidad de los cortes de rutas y puentes como afectando el principio cardinal del bloque de impulsar el libre comercio de personas y mercaderías. Argentina no atendió el laudo.

Respaldo al gobernador que negó que Botnia contamine

El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, respaldó públicamente al gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, que rechazó la existencia, hasta el momento, de contaminación originada en Botnia y cuestionó a los asambleístas que cortan el paso fronterizo a Uruguay.

"Sergio Urribarri es un hombre muy serio, que tiene un nivel de trabajo muy importante", manifestó el funcionario, al ser consultado acerca de su opinión sobre a la manifestación contra la planta de celulosa.

En Radio 10, diferenció a gobernadores como el entrerriano, por no tener la actitud de ser "un repetidor de lo que la gente quiere oír".

"Es un hombre honesto que dice lo que piensa. Si no hay registro de contaminación, no hay registro de contaminación", resaltó el ministro nacional, tras lo cual advirtió que "no parece que sea justo que se lo ejecute" por haber hablado públicamente sobre el tema de la contaminación y Botnia.

Las declaraciones de Urribarri se produjeron minetras la Argentina atraviesa momentos difíciles en su relación con Uruguay por el corte de ruta que los asambleístas de Gualeguaychú mantienen en el denominado Arroyo Verde. Allí, está cortado el paso entre la ciudad entrerriana y Fray Bentos, sede de Botnia.

El anuncio de que los manifestantes iban a extender los piquetes a toda la provincia generó un recrudecimiento del enojo del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, contra el gobierno argentino, porque lo considera prescindente frente al conflicto que mantiene bloqueada la frontera.

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