sábado, 16 de febrero de 2008

Reguladores y consumidores / Enrique Badía

Entre la maraña de propuestas electorales no está logrando demasiado realce nada de lo planteado sobre los llamados órganos independientes de regulación. Son, a todas luces, entes bastante novedosos que no han acabado de encontrar del todo su encaje en el magma de la administración pública en ningún país.

Una de las cuestiones que suele ser controvertida es su grado de subordinación y dependencia del Gobierno de turno, con frecuencia simplificando la discusión en cuáles deben ser los mecanismos de designación de sus responsables.
Hasta ahora, la fórmula predominante en España consiste en nombramiento directo por el Consejo de Ministros, en parte siguiendo la norma no escrita de asignar puestos en función de cuotas de representación parlamentaria, con el añadido de fijar mandatos más extensos que los cuatro años previstos para la legislatura.
Esto último ha dado lugar, entre otras cosas, a no pocas situaciones conflictivas cada vez que un Ejecutivo se ha encontrado con reguladores designados por el anterior, tanto más si éste correspondía al partido rival.

Más de una vez se ha postulado transferir la designación de los responsables al Parlamento, pero ni la alternativa se puede considerar idónea ni es seguro que evitara que se produjeran situaciones parecidas a las que propicia el sistema actual. Además, trasladar el nombramiento del Gobierno a las Cámaras se suele patrocinar desde la oposición, pero se olvida cuando se accede al poder.

Dejando al margen tan enjundioso asunto, existen otros aspectos de relevancia sobre los que los responsables políticos no acaban de fijar posturas estables ni mantienen una línea ejecutoria diáfana cuando les toca gestionar.

Uno de esos aspectos figura esbozado en el avance de programa del PSOE para los próximos comicios del 9 de marzo: la protección de los derechos del consumidor. La propuesta plantea atribuir competencias en la materia a los órganos de regulación sectorial, en algún caso recuperando las que ostentaban en el momento de su puesta en marcha, no demasiados años atrás.

La idea puede tener sentido, al menos por dos razones. De una parte, porque vendría a llenar un vacío real en sectores que se han revelado enormemente sensibles y en cierta medida conflictivos. De otra, por la evidencia de que la promoción y vigilancia del nivel de competencia de un sector —objetivo esencial de los reguladores— suele quedar algo coja si no se complementa con la potestad de tutelar y corregir los comportamientos cara al consumidor.
En realidad, el trato adecuado a los consumidores es un indicador —no el único— del grado de competencia efectiva en un mercado.

Cabría añadir una razón sobre todo pragmática, pensando del lado del cliente-consumidor: facilitar su actuación en caso de abuso, fraude o desatención. Es harto frecuente que el consumidor que siente lesionados sus derechos no sepa o cuando menos no tenga claro dónde acudir para que le sean resarcidos los perjuicios que le ha tocado padecer. ¿Al órgano regulador? ¿Al ministerio sectorial? ¿Al de Sanidad y Consumo? ¿Al órgano autonómico? ¿Al ayuntamiento? ¿A las juntas arbitrales…?

Es indudable que algunos sectores poseen características y circunstancias muy específicas, y precisamente por eso se justifica la existencia de un órgano dedicado a regularlos. Suena racional, por tanto, que sean precisamente los más capacitados para vigilar y resolver cuestiones relacionadas con el trato, mejor el maltrato con que algunas empresas siguen viciando sus relaciones con el consumidor. ¿O no?

La propuesta socialista suena, pues, interesante. Habrá que ver si, caso de formar gobierno tras las próximas elecciones, pasa del programa a la realidad.

España podría enfrentarse al periodo de más sequía de los últimos 60 años

MADRID.- El director general de la nueva Agencia Estatal de Meteorología, Francisco Cadalso, adelantó que España podría registrar el semestre hidrológico más seco de los últimos 60 años, salvo que se registre, de aquí a final de mes, una media de 20 litros por metro cuadrado, algo que no es previsible.
El año hidrológico comenzó el pasado mes de octubre y el primer semestre se cumplirá a finales de febrero.
“Desde el mes de octubre hasta ahora sólo ha llovido un poquito más de la mitad de lo que debería haber diluviado”, aseguró Cadalso.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, recordó que desde 2005 se registran en España los datos más "severos" de toda la historia de los registros. En concreto, el valor medio de precipitación ha sido de 177 milímetros en este periodo cuando debería haber sido de 316 milímetros.

“La buena noticia es que a pesar de la sequía, se mantiene la garantía de suministro de agua para uso humano, y el Gobierno sigue trabajando para minimizar sus efectos en el regadío”, añadió.

Además, el Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto de medidas excepcionales para la gestión de los recursos hidráulicos y la corrección de los efectos de la cuenca del Ebro, así como la transferencia de 4,99 hectómetros cúbicos desde la cuenca atlántica andaluza a la del Guadalquivir.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, insistió en que la situación de la sequía en España “es complicada pero no pone en riesgo el abastecimiento a la población debido a las políticas que ha estado desarrollando el Gobierno”.
De la Vega señaló que el objetivo es garantizar el abastecimiento de las poblaciones y establecer criterios racionales del uso del agua en toda la zona.
“El Gobierno actúa frente a la sequía a partir de la racionalidad, del rigor y de la solidaridad, como hemos venido haciendo en estos cuatro años”, aseguró.

Así, el Real Decreto establece la autorización a la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Ebro para modificar temporalmente las condiciones de utilización del dominio público hidráulico, y, en particular, para reducir las dotaciones en el suministro de agua que sean necesarias para racionalizar la distribución de los recursos hídricos.
Igualmente, podrá modificar los criterios de prioridad para la asignación de recursos a los distintos usos del agua e imponer la sustitución de la totalidad o de parte de los caudales concesionales por otros de distinto origen y de calidad adecuada para el uso al que está destinado.

También podrá modificar las condiciones fijadas en las autorizaciones de vertido y las asignaciones y reservas previstas en el plan hidrológico.
Además, se podrá exigir a los usuarios la instalación inmediata de dispositivos de modulación, regulación y medición en las conducciones, así como adaptar el régimen de explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos a las necesidades para compatibilizarlos con otros usos.

La Junta de Gobierno del organismo de cuenca constituirá una Comisión Permanente.

El INE defiende su transparencia, independencia y objetividad

MADRID.- El Instituto Nacional de Estadística (INE), dirigido por Carmen Alcaide, defiende, en el primer comunicado de prensa en toda su historia, su total transparencia, independencia y objetividad, según las normas de Eurostat, tras algunas críticas periodísticas a la difusión puntual de sus regulares series y a la modificación reciente de algunos conceptos estadísticos.
En ese comunicado, el INE revela:
1º.- Que ha obtenido la máxima calificación en independencia profesional en un análisis hecho a todos los Institutos de Estadística de la UE para estudiar el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas, que recomienda al INE actuar activamente, como autoridad estadística, en las discusiones que afecten al mal uso o a la mala interpretación de sus datos.
2º.- Que el INE elabora el calendario de difusión de estadísticas en función de las demandas de los usuarios y, en particular, de las directrices de Eurostat y, a finales de cada año, publica un calendario de disponibilidad de las estadísticas coyunturales, donde da a conocer el día exacto de publicación, con excepción del Indicador Adelantado del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), que se anuncia con dos meses de antelación.

3º.- Que los cambios metodológicos se realizan de acuerdo con los compromisos europeos y las nuevas informaciones y métodos disponibles, así como de acuerdo a los calendarios comprometidos en reglamentos del Consejo y del Parlamento de la UE.
4º.- Que respecto a la Encuesta de Población Activa (EPA), y siguiendo las directrices de Eurostat, en 2002 se incluyó una nueva definición de parado y, en 2005 se completó el cuestionario con nuevas preguntas.
5º.- Que en cuanto a la Contabilidad Nacional de España, los cambios de base se producen cada cinco años, de acuerdo con las recomendaciones de los manuales de Naciones Unidas y de la UE.
6º.- Que el INE siempre ha actuado con total transparencia a la hora de comunicar a sus usuarios los cambios metodológicos que ha implantado en sus estadísticas, tanto antes como después de su aplicación.
7º.- Que no interpreta los datos ni realiza previsiones macroeconómicas y que los profesionales del INE han estado y estarán siempre al servicio de la sociedad, en un marco de total imparcialidad y máxima transparencia, porque su trabajo nunca dependerá de las directrices o intereses particulares.
En su nota de prensa, el INE aprovecha para recordar los cambios metodológicos más destacados que se han producido en las estadísticas que elabora.

En este sentido, enumera la modificación del IPC en 2001, año en el que, de acuerdo con los reglamentos europeos, en el se llevó a cabo un cambio de base y una modificación metodológica por la que se incluía la elaboración de índices encadenados, la actualización anual de ponderaciones y la inclusión de precios rebajados.

En 2006, también de acuerdo con la normativa europea, se realizó un nuevo cambio de base.

Ocho comunidades autónomas españolas ya superan el PIB medio de la UE

BRUSELAS.- Ocho comunidades autónomas españolas ya superan el Producto Interior Bruto (PIB) medio de la Unión Europea (UE), según las cifras sobre las regiones del bloque con mayor poder de compra publicadas esta semana por la oficina de estadísticas comunitaria (Eurostat).
En efecto, el total de las ocho regiones que superan en la actualidad la media de la UE-27 -Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña, Baleares, La Rioja, Aragón y Cantabria- se encuentra localizado siempre en zonas de la meseta central hacia el norte, que históricamente han registrado mayores cotas de desarrollo económico.

La comunidad autónoma más rica es Madrid (133,9% de la media de la UE), seguida de País Vasco (130,8%), Navarra (129,2%), Cataluña (122,1%), Baleares (113,7%), La Rioja (110%), Aragón (109,5%) y Cantabria (100,9%).

Por el contrario, en el extremo opuesto los datos de Eurostat sitúan a Andalucía (80,4%) y a Extremadura (69,7%) como los paradigmas meridionales de menor desarrollo económico.

Llama la atención incluso la circunstancia de que Extremadura, pese al efecto estadístico, aún persiste en su condición exclusiva ya en España de zona 'objetivo 1', que es aquella que no logra alcanzar el 75% de la renta media europea y que, por tanto, aún tiene derecho a percibir las ayudas comunitarias al desarrollo más cuantiosas.

La Comunidad Valenciana supone uno de los casos fronterizos de esta última clasificación elaborada por Eurostat, dado que aparece casi en el límite estadístico, con un 94% de la media comunitaria de renta.

Ninguna región española se coloca entre las 15 con más PIB de Europa, una clasificación que lideran Londres, Luxemburgo, Bruselas, Hamburgo, Viena, Ile de France (donde se encuentra París), y Estocolmo.

Tampoco ninguna autonomía de España está entre las áreas más pobres de la UE, que según Eurostat pertenecen a Polonia, Rumania y Bulgaria.

Anatomía de una crisis / Josep Borrell

Dos días de reuniones y debates en el Banco Mundial y en el FMI ayudan a entender cómo las hipotecas subprime americanas han provocado una crisis mundial que ha arrastrado a las bolsas y sumido a las economías desarrolladas en la incertidumbre.

Como manifestación evidente de esa crisis, los grandes bancos mundiales han tenido que reconocer sus pérdidas provocadas por el hundimiento del mercado inmobiliario en EEUU y la diseminación de créditos de alto riesgo concedidos a inversores poco solventes a través de productos financieros opacos.

Antes que una crisis bursátil, la actual es sobre todo una crisis de crédito y especialmente de la “titulización” del crédito. Los genios de las finanzas desreguladas argumentaban que convertir los créditos en títulos que cualquier inversor podía comprar aumentaría la solvencia del sistema al distribuir los riesgos entre muchos inversores en vez de estar concentrados en el balance de los bancos.

Pero, en la práctica, la “titulización” ha sido una grave causa de fragilidad que vamos descubriendo a medida que la crisis se extiende.

Primero, porque si los prestamistas podían desembarazarse rápidamente de los créditos que concedían no tenían porque ser demasiado exigentes con la solvencia de sus clientes.

Si no hay que preocuparse por la devolución del crédito que se concede, se da más fácilmente: el crédito hipotecario a deudores de poca solvencia concedido por establecimientos financieros no regulados se disparó: en el 2006 las hipotecas subprime representaban casi la mitad de todas las concedidas.

Segundo, porque los compradores de esos títulos no podían verdaderamente valorar los riesgos que asumían dada la sofisticación financiera con la que se generaban, produciendo, de paso, sabrosas comisiones a los emisores.

Tercero, por la contribución de las agencias de valoración al camuflaje del riesgo. Algunas han concedido la clasificación triple A, a títulos respaldados mayoritariamente por subprimes y créditos al consumo. Han sido jueces y parte asesorando a los bancos en su producción y a la vez calificando su riesgo.

Cuarto, porque no se tomó en cuenta el riesgo de liquidez, es decir, que una baja general de los precios inmobiliarios aumentara todos los riesgos simultáneamente y que los tenedores de esos títulos no encontrasen comprador.
Es lo que empezó a pasar después del verano y cuando las agencias empezaron a revisar sus notaciones a la baja no hicieron sino echar leña al fuego retrayendo las compras de activos “contaminados” al alertar sobre el nivel de riesgo que ayer minusvaloraban.

Quinto, porque en realidad los riesgos no estaban realmente diseminados en el conjunto del sistema sino concentrados en operaciones bancarias fuera de balance.

El total de las hipotecas subprime concedidas es del orden de 1,3 billones de dólares y las pérdidas potenciales estimadas en un máximo de 400.000 millones. Mucho dinero, sin duda, pero hay que compararlo con los 20 billones de dólares de obligaciones emitidas para financiar deuda privada en EEUU.

El problema es que una parte muy importante de esos activos estaban concentrados en agentes financieros ligados a bancos, pero fuera de su balance, para escapar a controles de supervisión y reglas prudenciales, los denominados structured investments vehicles (SIV), dotados de muy poco capital propio.
Cuando los títulos que emitían no encontraron comprador, los bancos-madre han tenido que reintegrar en sus balances los activos dudosos de sus SIV.

El tiro ha salido por la culata. Si la titulización debía reducir los riesgos financieros de los bancos, ahora éstos se encuentran entre dos fuegos. Por una parte, la dimensión de sus balances aumenta lo que les obliga a inmovilizar más capitales propios. Pero al mismo tiempo las pérdidas que sufren reducen sus capitales propios y menos capitales propios implica menos posibilidad de conceder créditos.

Esa situación, junto a una desconfianza generalizada, es lo que ha producido una reducción drástica del crédito concedido al conjunto del sistema económico y la consiguiente disminución de actividad. Ello afecta especialmente a las transacciones inmobiliarias y se refleja en su reducción.

La intensidad y la duración de este credit crunch dependerá de la magnitud de las pérdidas en las que han incurrido los bancos. Según algunas estimaciones, las subprimes habrían costado 130.000 millones de dólares a los 20 más grandes bancos en el 2007.
Pero lo cierto es que no se sabe cuántas pueden ser y cuándo se acabará de tomarlas todas en cuenta. El ejemplo de la Societe Generale es ilustrativo: poco antes del episodio rocambolesco del trader que invirtió 50.000 millones de euros por libre, su Pdg minusvaloraba el problema cifrándolo en 200 millones, pero ahora reconoce que son más de 2.000.

Mientras esa incertidumbre persiste, la desconfianza se extiende y los mercados se paran (¿y cómo valorar productos financieros complejos si no hay mercado?). Y la crisis afecta a nuevas víctimas, como las entidades de garantía de créditos, monolines en inglés.
Esas empresas se dedicaban inicialmente a garantizar las obligaciones emitidas por entidades locales, pero extendieron su negocio a la titulización de subprimes y la crisis ha afectado de lleno a Ambac, uno de los más importantes monolines, y a la calidad de los títulos que ha garantizado.

Ello contribuye a la reacción en cadena de desconfianza, ventas, caída de precios, degradación de los balances bancarios, restricción del crédito, temor a la recesión y caída de las bolsas. Éstos han sido los mecanismos de la crisis financiera.
Otra cosa es cómo se sale de ella. Las recetas para resolverla están cambiando y hasta el FMI de la bienvenida a la intervención publica para sostener la demanda a través de “impulsos” fiscales.

Pero éste es tema para otro día.

Portugal mira con mucho recelo los riesgos que pesan sobre la economía y el empleo en España

LISBOA.- Tras ocho años consecutivos de marcha a contracorriente, durante los cuales la economía nacional tuvo un crecimiento inferior a la media europea y el país tuvo que pagar un precio elevado para situar el déficit presupuestario al nivel del 3% exigido por Bruselas, Portugal empezaba a vislumbrar el futuro con un cierto optimismo, según www.estrelladigital.es
Pero ante la grave crisis financiera mundial provocada por el escándalo de las subprime y, sobre todo ante los riesgos que pesan ahora sobre la economía y el empleo en España, muchos expertos económicos lusos ya no son tan optimistas y, al contrario, que el gobierno socialista de José Sócrates, pronostican ya un nuevo frenazo del PIB y también un aumento del paro.
Los factores de mayor incertidumbre están relacionadas con la evolución de la economía española. Y la razón es muy sencilla: al contrario de lo que ocurría y ocurre aún en España, el motor del crecimiento del PIB luso - no pasó del 2% en 2007 y podría caer este año al 1,9% - no es el sector de la construcción, que lleva ya varios años en crisis, pero sí las exportaciones, cuyo dinamismo reposa mucho sobre el mercado español: la creciente integración de las dos economías, desde la entrada de los dos países en la Comunidad Europea (1986), hace que España sea hoy el primer cliente de Portugal: de Enero a Noviembre 2007, absorbió el 28,2% de las exportaciones lusas, contra el 20% en 2003 y solo el 15% hace diez años.

Lo que más preocupa los expertos portugueses es la quiebra del mercado inmobiliario español. De un lado, las dos terceras partes de las exportaciones lusas de las industrias de acero, cemento, madera, plásticos y vidrio tienen como destino el sector español de la construcción, cuya reconversión no dejará pues de afectar muy duramente los fabricantes portugueses.
Y no hay que olvidar, por otra parte, que unos 100.000 portugueses ganan la vida en España, principalmente en la construcción, y muchos de ellos sin contratos o sólo con “contratos basura”, con lo que el incremento del índice del paro español traerá también, inevitablemente, mas desempleo en Portugal.
Esa relación directa será más sensible en comunidades como Galicia y Andalucía, donde hay más mano de obra lusa y donde crece más el paro en la construcción.

Aún así, el Banco de Portugal no considera que la degradación de la situación económica y del empleo en España suponga un riesgo importante para la recuperación de la economía lusa: en su último informe, no habla para nada de España, que también es ya el primero inversor extranjero en Portugal, y solo menciona dos grandes peligros, que son la crisis financiera internacional y el riesgo creciente de recesión en Estados Unidos.
La oposición es muy critica con el Banco Portugal, cuyo gobernador es el ex-líder del Partido Socialista (PS) Vítor Constâncio, sospechoso de apoyar los análisis mas optimistas de Sócrates, pero la mayoría de los analistas están de acuerdo en un punto importante: la diversificación del comercio exterior luso hace que la situación del primer cliente del país tenga un impacto menor en la economía nacional.

Ocurre, en efecto, que las exportaciones de maquinas y herramientas, coches, materiales eléctricas, etc, destinadas mas a otros mercados que a España, son las que registran mayores crecimientos. Así, por ejemplo, en el primer semestre de 2007, las exportaciones de productos de alta tecnología (“High Tech”), ya representarán 506 millones de euros, frente a los 447 millones para las importaciones, es decir, con un saldo positivo, lo que no había ocurrido nunca antes.
“Portugal empieza a recoger los frutos de la gran apuesta en el I+D y el desarrollo tecnológico de su aparato de producción”, dicen los responsables lusos, que apuestan también en la busca de nuevos mercados, como la China y la India, y mas aun en África, principalmente Angola, que es ya el segundo cliente de Portugal, tras España, y por delante de Francia, Alemania, ...

Además, aún pensando que Portugal tiene hoy mejores armas que España para hacer frente a la crisis financiera mundial y al riego de recesión en Estados Unidos – principalmente porque la economía nacional evoluciona a contra-ciclo, depende muchísimo más del dinamismo de las exportaciones que de la construcción y sobretodo ya inició la fase de recuperación - la mayoría de los expertos lusos manifiestan una gran admiración por las “performances” de la economía española.
Es decir, con Portugal creciendo a un ritmo de 1,9% u 2%, no entienden las críticas que se hacen en España a la política económica del gobierno socialista que, al final de una legislatura muy positiva en términos de crecimiento y de empleo, crece aún a un ritmo del 3,8%, superior a la media europea.
“Con las cuentas publicas y la seguridad social muy saneadas", dicen los analistas lusos, "España tiene margen para bajar los impuestos, aumentar las ayudas a la familia y relanzar así el consumo interno, lo que sería muy positivo para consolidar esta fase de recuperación de la economía portuguesa”.

Esta crisis es nuestra / Luis de Velasco

A poco de iniciarse en Estados Unidos la crisis de las hipotecas basura y extenderse su contagio fuera, el Gobierno de nuestra nación se apresuró a manifestar que nuestra economía no se vería afectada porque sus fundamentos son sólidos.
Pocas semanas después están claras dos cosas. Una, que efectivamente nuestra economía está siendo, hasta ahora, escasamente afectada por factores externos. Dos y mucho más importante, que la situación económica se está deteriorando rápidamente (el propio ministro de Economía ha reconocido que mucho más de lo esperado) y que las causas son internas.
Esta crisis económica es, sobre todo, nuestra, en lo esencial no viene de fuera aunque, al ampliarse, nos afecta.

El modelo de crecimiento en el que “la ciudad alegre y confiada” se instaló desde hace quince años estaba basado en factores puramente internos y llevaba dentro las semillas de su propia destrucción.
Tipos de interés reales negativos o muy bajos, abundancia de mano de obra susceptible de explotación, alto volumen de acumulación de beneficios empresariales, bajísimo nivel y casi nulo crecimiento de la productividad, gran endeudamiento de familias y empresas, insólito protagonismo del sector de la construcción (en diez años duplica su participación en el PIB alcanzando un increíble 18 por ciento) y, dentro del mismo, de la edificación (un 75 por ciento del total), estaba claro que “se moriría de éxito”, que la cosa era pan para hoy (no para todos) y hambre para mañana (para muchos más).

Recientes y variados indicadores, desde el aumento del paro en enero hasta la gran caída de la edificación, pasando por el fuerte incremento de la desconfianza y el mal comportamiento de la producción industrial, muestran que vienen tiempos peores y mucho más difíciles de gestionar que unos años recientes en que muy poco se ha hecho para preparar eso que se denominó cambio de modelo de crecimiento, cambio que es absolutamente imprescindible pero difícil y siempre lento.

Los desgarros políticos y sociales que produce el desmadre del modelo autonómico, que se irán viendo más agudamente en los años próximos si no se rectifica seriamente, tienen también su coste económico.
La unidad del mercado interior, del espacio económico interior, está cada vez más quebrantada y ese proceso es simultáneo a lo que ya vaticinó uno de los responsables de este estado de cosas, Maragall, cuando habló refiriéndose al Estado de la nación como un “Estado residual”.
Los instrumentos de política económica y social que quedan en ese Estado central son cada vez más escasos, con lo que su capacidad de gestionar una crisis muy profunda como la que encaramos es limitada y siempre sujeta a negociaciones y componendas.
Eso abarca, por nombrar sólo cuatro apartados, desde temas fiscales (lo hemos visto en el llamado “sudoku” de la financiación autonómica y en los trapicheos de última hora para lograr la aprobación del presupuesto para este año) hasta políticas absolutamente claves como la educativa (algo tendrá que ver con esto el fracaso denunciado por el Informe Pisa), la de vivienda y urbanismo (el país de Europa Occidental con más viviendas construidas en los últimos años es también el país donde más inaccesible es la vivienda para más de la mitad de la población, algo falla aquí), la del agua con Autonomías “adjudicándose” cuencas de ríos o la de internacionalización (donde esos entes siguen despilfarrando y haciendo la guerra, una guerra absolutamente improductiva, por su cuenta).
El Estado central no puede dedicar parte creciente de sus energías a eternas discusiones con las insaciables partes autonómicas de ese Estado. Tampoco hay sociedad que lo resista. Siempre, aunque se quiera ignorar, hay unos costes.

Por supuesto que no todo los pasivos deben anotarse al sistema autonómico. La política económica de estos cuatro años, salvo alguna excepción, se ha limitado a no hacer nada, a acompañar unas brillantes cifras macroeconómicas.
Eso sí, acompañadas de unas menos brillantes en renglones como el déficit exterior y el correlativo endeudamiento o el ya citado estancamiento de la productividad o la persistente tendencia a la inflación, debilidades extremas todas ellas ocultas bajo los ladrillos.
Y también acompañadas de unas mucho menos brillantes en cuanto al reparto, crecientemente desigual, de ese aumento del bienestar, algo ya reconocido por (casi) todos.

La gestión de esta crisis que está ya ahí y que no es sólo económica exige acuerdos políticos amplios para rectificar muchas cosas. Unos segundos Pactos de la Moncloa no sólo económicos y entre partidos que respeten la Constitución.
Es más que probable que una clase política cada vez más alejada de la realidad y de los ciudadanos no esté a la altura de estas graves circunstancias.

Zapatero puede perder y ser presidente / Pablo Sebastián

La última encuesta del CIS sobre intención de voto en las elecciones del 9 de marzo ha confirmado el virtual empate entre el PSOE y el PP, con solo 1,5 puntos de diferencia a favor de los socialistas y una estimación, sobre reparto de escaños, que va de 1 a 10 diputados a favor de los socialistas, lo que abunda en el actual empate ofreciendo los encuestadores una horquilla de 158-163 para el PP y de 153-157 para el PSOE.
Pero con la novedad, nada desdeñable, de que el PP no cesa de recortar distancias con el PSOE y se beneficia de una tendencia ascendente que lo podría llevar a la victoria final. Y no sabemos si, de verdad, el PP no está por delante, porque no hay que olvidar que esta encuesta (realizada con una muestra de 18.000 entrevistas y terminada el pasado día 4 de febrero) ha sido elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que depende del Gobierno.
Sin embargo tampoco habría que descartar que la encuesta hubiera sido maquillada por el propio Gobierno para escenificar un empate y movilizar al PSOE rebajando las propias expectativas del propio sondeo que según fuentes propias al Partido Socialista situarían a Zapatero cerca de los 170 escaños lo que le daría una victoria cómoda y segura. En todo caso la encuesta oficial publicada por el CIS habla de un empate y de un avance del Partido Popular.

Sin embargo, la posible victoria del PP sobre el PSOE no garantiza a Rajoy su investidura como presidente del Gobierno, porque para ello necesitaría, al menos, 165 escaños y aún está muy lejos. Al contrario, Zapatero puede perder las elecciones pero renovar la presidencia del gobierno con apoyo de los nacionalistas e IU. Y, también, cabría la gran coalición PSOE-PP, en el caso de un empate entre ambos, lo que tampoco conviene descartar.

El resultado de la encuesta es una pésima noticia para Zapatero que ya está bajo el síndrome de Hillary Clinton, con Rajoy (quien no es Obama) en los talones, pero avanzando sin cesar, ante el deterioro imparable de la política económica y de la imagen de Zapatero. De ahí, los nervios del presidente del Gobierno, y su reciente confesión de que necesita inyectar “alta tensión y dramatizar” en la campaña electoral, porque ya no descartan un vuelco durante los días que quedan (y los debates en la televisión), que los lleve a una clara derrota.

La encuesta —una similar da la clara victoria del PSOE en Andalucía, como era de esperar— además anuncia la participación del 72,2 por 100, lo que es un escenario muy favorable al PSOE, que, en cierta manera, empeora mas si cabe la situación de Zapatero, porque en caso de crecimiento del nivel de la abstención, las posibilidades del PP aumentarían de manera sensible.
Así mismo resultan llamativos los siguientes datos: la posibilidad de que Rosa Díez consiga un escaño por Madrid, los diez escaños de CiU, los 7 estables de PNV, la perdida de 2 escaños de ERC y la caída de Coalición Canaria que podría quedar reducida a un escaño, y la progresión de IU/ICV, con posibilidad de pasar de cinco a seis escaños.

Sobre los motivos que explican el empate entre el PSOE y el PP que ofrece la encuesta del CIS destacan los siguientes:

1. Gestión del gobierno y de la oposición: solo el 28 por cien de los encuestados consideran buena o muy buena la gestión del gobierno frente a un 26 que creen que ha sido mala. Por el contrario el 46,2 por 100 aprueba la gestión de la oposición, mientras que el 45 por 100 la suspende.

2. Políticas sectoriales: el gobierno aprueba en educación, sanidad, política exterior y europea, medio ambiente y empleo, y suspende en economía, terrorismo, seguridad, vivienda, emigración y estado de las autonomías.

Otro hecho relevante del sondeo electoral es que el 30 por 100 de votantes aún no ha decidido el sentido de su voto, lo que es un dato crucial, aunque también una clara mayoría de los encuestados cree que ganará el PSOE y que Zapatero será presidente.

A propósito de la investidura del futuro presidente del Gobierno hay que decir que podría darse el caso, nada improbable, de que el PP ganara las elecciones en votos y escaños pero que no pudiera gobernar por falta de los apoyos suficientes entre los partidos nacionalistas.

Partidos nacionalistas que suman (CiU 10, PNV 7, ERC 6, BNG 2, EA 1 y N-Bai 1) 27 escaños, lo que le daría a Zapatero la posibilidad de formar un nuevo gobierno en el caso de que solo llegara a los 158 escaños —la parte baja de la horquilla que le otorga el CIS— con bastante facilidad porque les faltarían 18 escaños y puede lograrlos, incluso, sin la necesidad de contar con CiU, porque esto último les obligaría a entregar a los convergentes el gobierno de la Generalitat.
Además Zapatero sumaría los 5 o 6 escaños de Izquierda Unida.