domingo, 28 de septiembre de 2008

Cuba toma medidas contra escasez y especulación

LA HABANA.- El gobierno de Raúl Castro emprendió medidas para frenar el robo y la especulación con los alimentos, y encarar la escasez que se avecina tras la devastación que dejaron los huracanes Ike y Gustav.

"No está previsto el incremento de precios de ningún bien de primera necesidad, normado, de venta liberada u ofertado en las tiendas recaudadoras de divisas", señaló una nota publicada en el diario oficial Granma.

El anuncio oficial precisó que a partir de mañana lunes se mantendrán en los mercados agropecuarios estatales -muy subsidiados pero donde la variedad de la oferta es limitada- los precios acordados por las autoridades de las provincias y que tienen un tope.

Para los mercados agrícolas que operan bajo la ley de la oferta y la demanda, más abastecidos, con precios más altos y donde los campesinos venden sus excedentes productivos -tras entregar una cuota al Estado- se "establecerán provisionalmente como precios máximos los existentes antes de los huracanes para un grupo de productos básicos", indicó.

Los cubanos acuden regularmente a ambos mercados para completar una canasta básica que, aunque a precios muy subsidiados, resulta insuficiente, y tras el impacto de los ciclones, el precio de algunos productos agrícolas comenzó a dispararse, provocando malestar y fuertes quejas de la población.

La nota oficial también dejó claro que "están garantizadas las importaciones planificadas de cereales, granos y otros productos, pero que "se contratan con celeridad" otras compras "ante la reducción temporal en la oferta de viandas y frutas que existirá en los próximos meses".

Cuba importa el 80% de los alimentos que consume y este año destinará 2.500 millones de dólares a esa compras, 1.100 millones más que en 2007, pero tras el impacto de Ike y Gustav, que dejaron pérdidas por 5.000 millones de dólares, se prevé que las necesidades serán mucho mayores.

Los ciclones dañaron un 30% de los cultivos, 111.000 hectáreas sembradas, en buena parte de plátanos y tubérculos, básicos en la dieta de los cubanos.

"Nos quedan seis meses duros", vaticinó el viceministro de Agricultura, Alcides López, al anunciar un plan de emergencia para el sector, que incluye el impulso a los cultivos de ciclo corto.

Las autoridades también iniciaron un combate a la especulación en el precio de los alimentos y el robo de recursos del Estado, desatados sobre todo en las zonas más afectadas.

El fiscal general de Cuba, Juan Escalona, aseguró el pasado viernes que se castigarán "con mano dura" esas ilegalidades, con las condenas mayores establecidas en el Código Penal para esos delitos, que incluyen años de cárcel, trabajo correccional y la confiscación.

"Así se ha hecho en los primeros casos probados de acaparamiento, robo o venta ilícita de alimentos y materiales de construcción; sustracciones de combustible, cables eléctricos y telefónicos (...) y otros delitos de similar carácter, cuyos autores han sido condenados según la gravedad de los hechos cometidos", señaló la nota oficial.

La ofensiva, acompañada de una fuerte campaña mediática, incluye el reforzamiento de los controles en mercados, empresas y entidades sobre todo del sector alimentario, según la fiscalía.

El robo de productos en almacenes y entidades estatales, combustible, materiales de construcción y equipo, nutre un gigantesco mercado negro, que se incrementó a partir de la crisis económica de los años 90 y al cual recurren a diario los cubanos porque los precios en las tiendas son elevados para el salario medio (de unos 17 dólares).

Acuerdo sobre el millonario plan de rescate financiero en el Congreso de EEUU

WASHINGTON.- Los líderes del Congreso estadounidense y del gobierno del presidente George W. Bush acordaron el domingo, tras una semana de negociaciones, un histórico plan de rescate financiero del sistema bancario que debe ser votado mañana lunes, una vez abiertos los mercados.

Si el texto es efectivamente aprobado mañana en la Cámara, las autoridades y el Congreso norteamericanos habrán forjado, en una semana, un intervención masiva del Estado en el sector privado sin precedentes en la historia de Estados Unidos, cuando sólo faltan seis semanas para la elección presidencial.

Bush elogió el acuerdo, que desde su punto de vista evitaría una "ruptura de todo el sistema" en la economía de Estados Unidos.

El plan de rescate "enviará a los mercados del mundo una clara señal de la voluntad de Estados Unidos de restablecer la confianza y la estabilidad de nuestro sistema financiero", estimó el mandatario en un comunicado.

"La acción rápida, eficaz y coordinada entre los dos partidos envía una señal a los inversionistas pequeños y grandes, aquí como en el extranjero, de que estamos comprometidos a tomar medidas para proteger nuestro sistema financiero", dijo por su parte el secretario del Tesoro, Henry Paulson.

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, dijo este domingo en rueda de prensa que "no es el rescate de Wall Street (...) Es un mensaje para decirle a Wall Street que la fiesta se acabó".

"Pienso que es un buen resultado", estimó por su parte el principal negociador republicano, Judd Gregg. El proyecto de ley "brinda al secretario al Tesoro la autoridad, los recursos y la latitud para actuar y estabilizar el mercado del crédito", explicó.

El proyecto se puede consultar desde este domingo en internet, en la página de la comisión de Finanzas de los Representantes, indicó Pelosi, antes de agregar que también se publicarán todas las transacciones del Estado durante el rescate.

El plan propuesto por Paulson prevé liberar 700.000 millones de dólares para adquirir los créditos dudosos de los bancos, duramente afectados por la crisis de los préstamos inmobiliarios de alto riesgo.

Del lado republicano se vio con mucho recelo esta ayuda del Estado para sostener a Wall Street.

El senador Roy Blunt, jefe de los negociadores de los republicanos, advirtió que mostraría el proyecto de ley a su grupo parlamentario antes de pronunciarse.

Algunos, como Richard Shelby, miembro importante de la comisión bancaria, rehusó participar en las negociaciones al refutar "los principios mismos del plan".

El candidato republicano a la Casa Blanca, John McCain, declaró el domingo a la cadena ABC que las "grandes líneas (del plan indican) que es algo que todos debemos avalar y con el que podremos avanzar. Pero la opción de no hacer nada es simplemente inaceptable".

Su rival demócrata, Barack Obama, deploró el precio a pagar por el contribuyente. "Cuando se le pide a los contribuyentes que tomen medidas extraordinarias a causa de la irresponsabilidad de unos pocos, no hay qué celebrar. Pero se trata de medidas necesarias", admitió.

Según las grandes líneas del plan publicado por la oficina de Pelosi, los 700.000 millones de dólares serán entregados en varios tramos. El plan daría la prioridad al cobro del Estado, tras un gasto inicial muy pesado para las finanzas públicas.

Garantizaría entre otras cosas un control público riguroso de las compras de activos invendibles a los bancos, y limitaría los "paracaídas dorados", según la expresión de Nancy Pelosi.

Otras instituciones, además de los grandes bancos de Wall Street, tales como colectividades locales, fondos de pensión o pequeños bancos comerciales, podrán también beneficiarse de la oferta del gobierno de adquirir créditos dudosos.

Mientras, del otro lado del Atlántico, intensas negociaciones tenían lugar el domingo entre gobiernos y autoridades de supervisión europeas y de Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo) para encontrar una solución a la crisis de confianza que padece el banco de seguros belga-holandés Fortis.

El francés BNP Paribas y el holandés ING podrían comprar una parte o todo de Fortis, pero exigen garantías del Estado, afirmaron medios belgas en sus sitios de internet.

La crisis financiera estalló hace algo más de un año en el sector "subprime" -créditos hipotecarios a riesgo- de Estados Unidos.

La misma provocó estas últimas semanas la quiebra de grandes nombres de las finanzas en Estados Unidos, como Lehman Brothers y Washington Mutual y se habría cobrado una nueva víctima en Gran Bretaña, el banco en dificultades Bradford & Bingley (B&B), según la prensa de este domingo.

El Tesoro de Estados Unidos dice que no ve un fin cercano para la crisis en Wall Street

WASHINGTON.- El secretario del Tesoro estadounidense, Henry Paulson, declaró en una entrevista emitida hoy que no aprecia un fin cercano para la confusión que se ha apoderado de los mercados financieros del país y que ha humillado a Estados Unidos ante el resto del mundo.

La conversación, grabada para el programa de la CBS "60 Minutes", sirvió a Paulson para desear que el plan de rescate para Wall Street propuesto por Bush sea aprobado en el Congreso y que sirva para estabilizar los mercados financieros. Paulson rechazó comentar qué sucedería si la propuesta no prospera.

"Lo tiene que lograr (la propuesta ser aprobada), vamos a hacer esta tarea y trabajaremos lo que haga falta para que funcione", prometió Paulson acerca del plan, que está diseñado para eliminar activos no circulantes y superfluos de las cuentas de los bancos y otras instituciones financieras usando el dinero de los impuestos y manteniendo los activos para una eventual reventa.

"Tendremos turbulencias y confusión en nuestro sistema financiero durante algún tiempo, pero creo que funcionará", explicó Paulson, que fue uno de los ejecutivos mejor pagados de Wall Street antes de tomar su cargo a mediados de 2006.

Por su parte, la cadena CBS dijo en el programa que ha "seguid de cerca" a Paulson en las últimas dos semanas, desde que éste anunció que era necesaria una gran ayuda, más que un esfuerzo por negociar con las empresas con problemas una a una.

Paulson expresó su desesperación por la actual condición de Wall Street y el resto del sistema financiero estadounidense, que ha ayudado a engendrar la actual crisis aceptando las hipotecas con más riesgo.

"Desafortunadamente tenemos un sistema en el que no tenemos suficientes autoridades reguladoras ni estructuras para proteger a los estadounidenses", lamentó Paulson, que admitió que esta experiencia está siendo mortificante.

"Hay muchas cosas de las que no estoy orgulloso cuando recorro el mundo representando a Estados Unidos; es una experiencia humillante", zanjó.

La recaudación fiscal cae en España un 52,8% interanual

MADRID.- El fuerte descenso en la cuota diferencial a ingresar del Impuesto sobre Sociedades (ejercicio 2007) y una nueva agilización en el ritmo de devoluciones de IRPF e IVA hizo que los ingresos tributarios españoles cayeran en agosto el 52,8% respecto al mismo mes del año pasado.

El Informe Mensual de Recaudación Tributaria que elabora la Agencia Tributaria (AEAT), en el que se destaca la bajada en agosto pasado de 9.321 millones de euros en la recaudación impositiva respecto a un año antes, lo dice claramente.

La AEAT señala que al mal dato de la cuota a ingresar en el primer plazo del IRPF en julio (que acumuló hasta agosto un descenso del 15%) se añade el 34,6% de caída en la liquidación anual positiva de Sociedades 2007 (6.840 millones menos que en agosto de 2007).

Este descenso es consecuencia, según la Agencia Tributaria, de la incidencia de la reforma fiscal y de un estancamiento de los beneficios empresariales declarados.

Así, las devoluciones crecieron el 65,5% en agosto, con un incremento del 98,7% en el IVA (2.857 millones más que el mismo mes de 2007).

En términos acumulados, los ingresos tributarios descendieron hasta agosto el 11,4% (el 10,6% en términos homogéneos, descontando el adelanto de las devoluciones), tanto por la peor evolución de las bases imponibles de los impuestos como por la concentración de novedades normativas en 2008.

Entre éstas destaca la reforma del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades, el nuevo régimen de consolidación fiscal de grupos en el IVA o las nuevas devoluciones por nacimiento de hijos (694 millones.

Según los últimos datos de Ejecución Presupuestaria, el déficit público alcanza ya el 1,31% del PIB y el Gobierno prevé incumplir el objetivo marcado en la Ley de Estabilidad el año que viene, con un déficit público del 1,5%.

Así las cosas, las únicas vías que tiene el Ejecutivo para elevar los ingresos son las subidas de impuestos y el aumento de la deuda. De momento, el Ejecutivo ha recortado el techo de gasto previsto inicialmente en los Presupuestos de 2009 hasta el 2% (sin contar el paro).

Según los datos del informe mensual de recaudación elaborado por la Agencia Tributaria, las delegaciones territoriales de Hacienda en las diferentes comunidades autónomas, y en Ceuta y Melilla, ingresaron por el conjunto de impuestos 112.122 millones de euros entre enero y agosto, lo que supuso un 11,6% menos que un año antes.

De la cifra total, 44.471 millones correspondieron a la recaudación del IRPF, que disminuyó un 0,5% en relación a enero-agosto de 2007.

En cuanto a la recaudación total de tributos, Cantabria fue la que registró un mayor descenso, con un 32,1%; por delante de La Rioja (-28,4) y Murcia (-25,4%), frente a la única subida de Navarra (72%), si bien este dato no es significativo al contar esta comunidad con un sistema fiscal propio, al igual que el País Vasco.

También descendieron por encima del 20% Andalucía y la Comunidad Valenciana, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde los ingresos tributarios se rebajaron en un 29 y 28,8%, respectivamente.
Un mejor comportamiento se apreció en Asturias, Madrid y Galicia, comunidades en las que la recaudación de sus delegaciones sólo bajó
un 5, un 5,4 y un 7,7%, respectivamente.

A pesar de las recientes rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno de Esperanza Aguirre, Madrid es la autonomía que más recauda, ya que en el periodo analizado Hacienda ingresó en este territorio 47.963 millones de euros, casi el doble que Cataluña (24.780 millones) y casi seis veces más que Andalucía (8.011 millones).

Con respecto al IRPF, los ingresos por este impuesto bajaron en nueve comunidades, sobre todo en Murcia (-11,5%) y Canarias (-10,2), además de en Ceuta (-24,7) y Melilla (-32,1). Por el contrario, la recaudación creció de forma notable en Cantabria (14,6%), por delante de Asturias (2,8) y Madrid (2,2%).

El Presupuesto chileno del 2009 crecerá un 5,7%

SANTIAGO.- El gobierno anunció el domingo en la noche un presupuesto nacional que aumentará un 5,7% en comparación al del 2008, que fue de 34.000 millones de dólares.

En cadena nacional de radioemisoras y televisión, la presidenta Michelle Bachelet pidió a la oposición no buscar dividendos políticos en la discusión del presupuesto en el Congreso, y aseguró que la crisis financiera mundial afectará a todos, pero que la economía chilena está "en buen pie" y que el país será el menos afectado de América Latina.

A continuación, el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, dijo que, pese a las dificultades internacionales, "no se tocarán los gastos sociales", e indicó también que el incremento del 5,7% en el presupuesto del 2009 busca "resguardarnos de la crisis internacional, asegurar que la inflación baje y que el empleo siga creciendo".

Velasco dijo que a pesar de las dificultades Chile tiene la oportunidad de seguir avanzando, y pronosticó un crecimiento económico de 4,5% para el 2009, con un incremento de casi el 20% en la inversión.

Admitió que el año ha sido difícil para mucha gente debido a la inflación, y recordó los bonos de ayuda económica entregados a los más pobres.

"En este presupuesto, el gasto total crece 5,7%. Fíjense bien, en medio de esta crisis internacional no sacrificaremos, sino que al revés, aumentaremos los recursos para las personas", afirmó el funcionario. "Estos son anuncios que, en las actuales circunstancias, pocos ministros de Hacienda de pocos países del mundo pueden hacer".

Dijo que este presupuesto proporciona financiamiento para 75.000 pensiones básicas, 900 nuevas guarderías infantiles, viviendas sociales para más de 140.000 familias y la construcción de 50 centros comunitarios de salud y 47 de atención de salud familiar.

"Más ideas y menos peleas es lo que todos los chilenos piden", concluyó.

México tiene lecciones para EEUU de su propio rescate financiero

MÉXICO.- A mediados de la década de 1990, el estado mexicano gastó unos 137.000 millones de dólares para mantener a flote a sus bancos, golpeados por una crisis como la que ahora golpea a sus similares de Estados Unidos.

Aunque se dice que esa acción, junto con un paquete de ayuda internacional por 50.000 millones de dólares, salvó la economía de México, persisten aún las críticas sobre la corrupción y la mala administración de los fondos públicos.

Ahora que legisladores de Estados Unidos preparan un plan de rescate de instituciones financieras por 700.000 millones de dólares, algunos expertos sugieren que sería bueno recordar lo que ocurrió en México, cuando los bienes bancarios fueron vendidos con supervisión limitada e intervinieron intereses políticos poderosos.

En 1994, el crecimiento de la deuda externa y del déficit comercial condujo a una sorpresiva devaluación del peso mexicano, que perdió la mitad de su valor.

La inflación se disparó a las nubes y las tasas de interés superaron el 100% anual. Muchas empresas y familias retiraron sus ahorros de los bancos. Las instituciones financieras cesaron de prestar dinero.

Previas crisis financieras habían hecho que el estado mexicano creara un fondo de emergencia, conocido como Fobaproa, a fin de mantener la liquidez bancaria.

El fondo, que comenzó a funcionar a comienzos de 1995, compró los préstamos incobrables de la crisis que estalló meses más tarde, con la condición de que los bancos garantizaran nuevos créditos a fin de impulsar el crecimiento.

Durante los nueve años siguientes, el gobierno gastó el equivalente a 137.000 millones de dólares para sanear el sistema financiero, una cantidad igual al 17% de su Producto Interno Bruto en 2004, según una oficina de contraloría del Congreso.

El programa de rescate mexicano, sin embargo, se hizo de manera poco sistemática y se prolongó reiteradamente, muchos más años de lo planeado.

Los críticos acusaron al gobierno de trabajar para salvar a los bancos, no a los pequeños ahorradores. Debido a que protegió a los accionistas, el rescate pareció subsidiar a los ejecutivos más ricos, muchos de los cuales habían propiciado la crisis al otorgar préstamos que resultaron incobrables.

"El Fobaproa llegó a ser sinónimo del mismísimo demonio. La opinión pública siempre lo condenó y estigmatizó como el rescate de los banqueros", escribió esta semana el columnista Marco Antonio Mares en el periódico La Crónica, de ciudad de México.

El gobierno, entonces controlado por el Partido Revolucionario Institucional, que ya se hallaba en su séptima década ininterrumpida en el poder, actuó esencialmente solo en el rescate, y financió al Fobaproa sin permiso del Congreso, al vender bonos del Tesoro a bancos a cambio de préstamos vencidos.

Sin embargo, el gobierno intentó luego lograr la aprobación del Congreso para transformar en deuda pública los bienes comprados por el Fobaproa, y pidió que los contribuyentes cubrieran los costos.

El opositor Partido de la Revolución Democrática se negó a aceptar la propuesta del gobierno. Dijo que el fondo fue "el gran atentado contra la economía". También acusó a altos funcionarios de fraude y de mala administración del erario público.

Al final, se llegó a un acuerdo en 1998, reestructurando todo el sistema financiero de México. El Fobaproa fue reemplazado por un nuevo instituto conocido como IPAB, que comenzó a operar en 1999.

Muchos bancos mexicanos fueron comprados luego por grandes instituciones financieras internacionales, tales como CitiGroup, HSBC y el banco Santander, de España.

Varios críticos dijeron que el gobierno mexicano había subsidiado la entrega del sistema bancario nacional a instituciones financieras extranjeras.

"Es un camino largo y complejo", afirmó Carlos Núñez, director de promoción bursátil de Monex, una casa de bolsa en la ciudad de México.

Pero aunque doloroso y caro, el rescate fue necesario para evitar las consecuencias que habrían sido inevitablemente peores, como las que se vieron en Argentina cuando el país se negó a apuntalar a los bancos en 2001, incitando primero una corrida y luego un congelamiento en los depósitos. Al final, la crisis concluyó en la moratoria gubernamental más grande del mundo, dijo.

El Fobaproa todavía es políticamente polémico en México. En los últimos días, un periódico calificó el plan estadounidense de rescate como un "Fobaproa a la gringa".

Pero la lección de México puede hacer que los políticos estadounidenses sopesen el debate público que desató su plan, dijeron los analistas. Esa discusión a nivel de la ciudadanía no pasó en México y aunque el plan de rescate al final salvó a los bancos, el partido gobernante perdió el poder, luego de siete décadas.

"Es una señal alentadora que el sistema político estadounidense esté actuando muy rápidamente con un problema tan difícil", afirmó en Nueva York el analista de calificaciones soberanas de Standard & Poor's Joydeep Mukherji, quien cubre las correspondientes a México.

"Aun si en retrospectiva hubo problemas con el plan, por lo menos se puede decir 'Miren, tuvimos un proceso político y funcionó'. Es la democracia en acción", agregó.

El impacto de la crisis arrastrará al PIB a una recesión "inevitable" en EE UU

WASHINGTON.- "La historia sugiere que la economía real normalmente tarda un tiempo en desacelerarse después de un frenazo en los mercados financieros". Ése es el diagnóstico que el director de la Oficina Presupuestaria del Congreso, Peter Orszag, presentó el pasado miércoles ante la Cámara de Representantes. Es decir, tardará en llegar, pero el impacto de la crisis financiera sobre el crecimiento es inevitable, según "El País".

Los datos del segundo trimestre, con un aumento del PIB del 2,8%, están en cierta medida desvirtuados por el auge de las exportaciones y el plan de ayuda fiscal a las familias. Pero su efecto para el resto del año "se ha desvanecido", aseguran analistas de BNP Paribas o BBVA.

Pese a ello, el economista jefe del banco francés, Philipe d'Arvisenet, calcula que el aumento del PIB estadounidense no alcanzará el 2% en 2008 ni en 2009, bastante por debajo de su potencial de crecimiento del 3%.

Entre los elementos que pueden servir de ayuda, los precios del petróleo que "han caído mucho desde los máximos alcanzados este verano, lo que podría servir de apoyo al crecimiento", dice Roger Doig de Schroders.

En Citigroup calculan que un descenso del precio del petróleo desde los 138 dólares por barril a un entorno próximo a los 90 dólares añadiría un punto al crecimiento de 2009. El barril de brent, el de referencia para Europa, cotiza en el entorno de los 102 dólares.

Pero los optimistas están empezando a ser minoría entre los economistas, y cada vez más expertos aseguran que lo verdaderamente inevitable es la recesión. "Los precios de la vivienda en Estados Unidos aún tienen que caer entre un 10% y un 15% más, así que la recesión durará al menos hasta principios de 2009", dice contundente UBS.

Según ese análisis, los números rojos en la economía del Reino Unido son igualmente inevitables, y tanto Europa como Japón tienen un riesgo elevado de registrar también crecimiento negativo.

Eso supone que el crecimiento mundial entrará virtualmente en recesión el año que viene, al crecer apenas el 2,4%, según los cálculos de Lewis Alexander, de Citigroup. [Los economistas explican que todo crecimiento por debajo del ritmo de incremento de la población mundial -cifrado en el 2,5%- implica un retroceso del producto interior bruto].

Según se precipitan los acontecimientos en estas últimas semanas gana fuerza -y adeptos- la probabilidad de una recesión. Aunque hay distintas tesis sobre el alcance de la misma.

Uno de los gurús de la crisis, Nouriel Roubini, profesor de Económicas de la escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, insiste en que del diseño definitivo del plan de rescate dependerá la duración y la profundidad de la crisis económica.

"Incluso si el plan del Tesoro se aprueba de forma justa y eficiente, Estados Unidos no evitará una recesión en forma de U durante los próximos 18 meses, así como una severa crisis bancaria y financiera", aseguraba Roubini esta semana en su blog.

"Lo que puede hacer un plan de rescate apropiado es evitar una recesión en forma de L y que la crisis financiera sea tan extrema como la que llevó a una década de estancamiento en Japón en los años noventa después del estallido de las burbujas inmobiliaria y bursátil".

Como recuerda Merrill Lynch, de media, una crisis bancaria reduce el PIB del país afectado un 20% en los cuatro primeros años de la crisis, y tampoco es menor su impacto presupuestario: los costes fiscales netos asociados al manejo de las crisis equivalen al 13,3% del PIB. En el caso de Estados Unidos la factura puede superar con mucho esos niveles.

UBS calcula que sólo los compromisos asumidos por el Tesoro y la Reserva Federal en el rescate del banco de inversión Bear Stearns, las agencias hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac y la aseguradora AIG superan ya el billón de dólares, lo que equivale, aproximadamente, al 7% del PIB estadounidense.

El plan de rescate planteado por el Gobierno "añadirá entre 10 y 15 puntos al stock de deuda estadounidense", cifrada actualmente -según los datos de Bloomberg- en el 66,3% del PIB o 9,6 billones de dólares en términos absolutos.

Unos niveles muy elevados pero aún muy lejos de los que registran países como Japón (180%), Italia (104%) o Bélgica (94%).

Pero como dicen desde Wall Street, "el verdadero diablo en este complejo plan reside en los detalles". Pese a esos elevados niveles de deuda, el impacto del plan sobre el déficit público será muy limitado. Como explicaba el director de la Oficina Presupuestaria del Congreso, en términos contables estas generosas ayudas serán considerados simples créditos.

Eso supone que no se anotarán como un pago en las cuentas públicas, sino que sólo se considerará un gasto, o incluso un ingreso, a la diferencia entre el dinero prestado y el que se espera recuperar. Gasto propiamente dicho sólo será considerada la gestión de los activos que compre el Tesoro.

De lo contrario, los analistas calculan que el déficit se situaría más allá del 10% del PIB a lo largo de la duración prevista del plan, dos años.

Los economistas parecen coincidir en que al plan de rescate diseñado por el Gobierno, pese a las modificaciones realizadas por los legisladores, habrá que añadirle medidas adicionales, con el consiguiente coste para el bolsillo del contribuyente.

"No es suficiente con sacar del balance los activos tóxicos. También es necesario reducir la deuda millonaria de los hogares insolventes vía una reducción significativa de su deuda y recapitalizar bancos con problemas con capital público a través de la toma de acciones preferentes", proponía el economista Nouriel Roubini.

Muchas de las modificaciones dirigidas al plan Paulson van en esa misma dirección y sus autores las defienden con un mismo argumento: aunque en principio esas propuestas puedan parecer costosas "ese coste debería ser comparado con el daño económico y fiscal derivado de la intensa desaceleración que provocaría un continuo fallo del sistema financiero", recalca Citigroup.

El problema es que todos estos planes conllevan una necesidad de emitir deuda pública que se produce en un momento de restricción en el mercado, por lo que "el plan puede avivar las preocupaciones de los inversores sobre la sostenibilidad de la deuda estadounidense" a medio plazo, dice Morgan Stanley.

Un hecho significativo, ya que más de la mitad de la deuda de Estados Unidos está en manos de extranjeros y el éxito de esas emisiones dependerá "de la voluntad de los inversores extranjeros en acumular más activos en dólares", dados los problemas financieros de las empresas y familias estadounidenses.

Estados Unidos nunca ha tenido hasta ahora problemas para colocar sus emisiones de deuda pero ante el elevado apalancamiento de las entidades financieras y las compañías estadounidenses su estrategia parece más dirigida a reducir ese endeudamiento y no a financiar deuda pública.

La voluntad o no de los inversores tendrá su inmediato reflejo en la cotización del dólar. De momento, la demanda del billete verde sigue alta. La Reserva Federal ha tenido que activar sus acuerdos con varios bancos centrales de todo el mundo para garantizar que la oferta de dólares era suficiente para atender la elevada demanda de esta divisa a nivel global. Pero las dudas a finales de semana entorno a la aprobación o no del plan de rescate añadieron volatilidad a su cotización.

Ya lo advertía el pasado viernes Akio Shimizu, jefe de divisas del banco Mitsubishi. "Estados Unidos necesita actuar con rapidez porque el sistema financiero y el dólar están en riesgo". Eso, en términos cambiarios, supone un serio riesgo de caída libre parecido al que se vivió este verano, cuando el dólar cotizó por encima de los 1,6 euros.

Otro factor decisivo para la evolución del dólar será qué haga la Reserva Federal, y otros bancos centrales, con los tipos de interés. Y ahí hay posiciones dispares.

Algunos analistas insisten en que lo abultado del plan "puede servir como sustituto a una nueva rebaja de los tipos de interés", dice Morgan Stanley, aunque dadas las tensiones del mercado monetario "la Reserva tendrá que seguir proporcionando liquidez al sistema financiero", lo que de facto puede situar el precio del dinero por debajo de su nivel oficial del 2%. Lewis Alexander, de Citigroup, también descarta una rebaja de tipos y apunta a un endurecimiento de la política monetaria en el segundo trimestre de 2009.

Otros, sin embargo, insisten en que "es necesaria una relajación de los tipos de interés para complementar el plan". Según BNP Paribas, la rebaja del precio del dinero no tendría que llevarla a cabo sólo Estados Unidos, sino también la Unión Europea y el Reino Unido, con el fin de garantizar la suficiencia del crédito.

Para Keith Wade, economista jefe de Schroders, la Reserva recortará 50 puntos básicos el precio del dinero en octubre, hasta el 1,5%.

También augura un próximo recorte del BCE en enero y un recorte del Banco de Inglaterra de 25 puntos básicos en noviembre, hasta el 4,75%.

Morgan Stanley también advierte que la fuerte inyección de liquidez en los mercados llevada a cabo por la Reserva Federal y la derivada del plan del Tesoro "no puede ser ignorada". Eso supondría que la Fed frenaría una posible rebaja de tipos.

Sin embargo, la amenaza que afronta Estados Unidos con la crisis financiera es de tal calibre que eso hace que el riesgo inflacionista sea en estos momentos el menor de todos los males que atenazan a la primera economía del mundo.

En todo caso, el coste final del plan de rescate y el impactodel mismo sobre la economía están condicionados por cuáles sean finalmente las medidas que se aprueben para intentar atajar la crisis. Unas medidas que empiezan a perfilar un nuevo régimen para el sistema financiero de Estados Unidos y de todo el mundo.

El salvamento del sistema financiero de Suecia deja algunas lecciones para EE UU

ESTOCOLMO.- Un sistema bancario en crisis tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Una economía que no para de perder puestos de trabajo. Un Gobierno conservador que intenta evitar el pánico. ¿Les suena?

A Suecia sí, ya que estaba tan metida en el agujero en 1992 -tras muchos años de regulación imprudente, política macroeconómica miope y el fin de su expansión inmobiliaria- que su sistema bancario era, a todos los efectos prácticos, insolvente. Pero a diferencia de Estados Unidos, Suecia no se limitó a rescatar a sus instituciones financieras haciendo que el Estado se hiciera cargo de las deudas incobrables, publica hoy "El País".

También se abrió camino arrancando combativamente acciones de los bancos antes de que el Estado empezase a firmar cheques.

Los tumultuosos sucesos de las últimas semanas han producido muchos asentimientos mudos en Estocolmo. Y pese a todas las diferencias entre Suecia y EE UU, las autoridades suecas dicen que su pesadilla puede enseñarle a Washington cosas que a lo mejor se le están pasando por alto.

Algunos analistas estadounidenses han propuesto que el Gobierno de Estados Unidos reciba acciones de los bancos como pago por la ayuda que probablemente reciban, como hizo Suecia. Pero ni el Gobierno de Bush ni el Congreso parecen planteárselo seriamente.

Y eso a pesar de que el Gobierno estadounidense ya ha intercambiado su garantía soberana por acciones en las hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac, y en American International Group, el gigante de los seguros.

La crisis sueca tuvo unos orígenes asombrosamente similares a los de la estadounidense. Noruega y Finlandia vivieron una experiencia similar, y también ellos recurrieron a la ayuda estatal para salir de la ciénaga que la mala política había provocado.

La liberalización financiera en la década de los ochenta alimentó una fiebre de préstamos inmobiliarios en los bancos suecos, que apenas se preocuparon por si el valor de la garantía podría evaporarse en tiempos difíciles. Los precios inmobiliarios explotaron.

La burbuja se desinfló con rapidez en 1991 y 1992. Un esfuerzo vano por defender la moneda sueca, la corona, tuvo como consecuencia una increíble subida de los tipos de interés a un día, que en un momento dado llegaron al 500%. La economía sueca se contrajo durante dos años inmediatamente después de una larga expansión, y el desempleo, situado en el 3% en 1990, se cuadruplicó en tres años.

Después de que una serie de quiebras bancarias condujeran a soluciones puntuales, el momento de la verdad llegó en 1992, cuando el Gobierno del primer ministro Carl Bildt optaba por la solución de hacer limpieza.

Con pleno respaldo de la oposición de centro izquierda, el Gobierno conservador de Bild anunciaba que el Estado sueco garantizaría todos los depósitos bancarios y las deudas de los 114 bancos del país. Suecia creó un organismo para supervisar las instituciones necesitadas de recapitalización, y otro para vender los activos, principalmente inmuebles, que los bancos mantenían como prenda hipotecaria.

Suecia les dijo a sus bancos que limpiaran sus balances antes de acudir a la recapitalización del Estado. En una situación similar, más avanzada la década, Japón cometió el error de dilatar el proceso, retrasando años la solución.

Después vino la necesidad de sangrar a los accionistas. Lundgren, ex ministro de Economía, recuerda una conversación con Peter Wallenberg, en aquel momento presidente del SEB, el mayor banco de Suecia. Wallenberg, descendiente de una de las familias más famosas del país y administrador de una gran parte de su economía, oyó del ministro de Economía que no habría vacas sagradas.

Los Wallenberg se dieron la vuelta y acudieron a la recapitalización privada, obviando por completo la necesidad de ayuda estatal.

Al año siguiente, 1993, el SEB obtenía beneficios. "Por cada corona que metíamos, queríamos la misma influencia", dice Lundgren. "Eso garantizaba que, en ciertos bancos, ni siquiera tendríamos que entrar".

Al final de la crisis, el Estado sueco se había hecho con grandes porciones del sector bancario, y el organismo casi había cumplido su dura labor de drenar el capital social antes de inyectar efectivo. Cuando los mercados se estabilizaron, el Estado sueco cosechó los beneficios volviendo a sacar a Bolsa los bancos. El Estado sigue siendo propietario del 19,9% de Nordea, un banco de Estocolmo que fue nacionalizado en su totalidad y ahora es un gigante muy reconocido en Escandinavia y la región del mar Báltico.

Poco después de anunciar el plan, el Gobierno sueco descubrió que la confianza internacional volvía con más rapidez de lo esperado, aliviando la presión sobre su moneda y aportando de nuevo dinero al país. Se evitó una seria carestía de crédito. Y así la oposición de centro izquierda, aunque desconfiaba por la posibilidad de que el Gobierno dejara a los bancos salirse de rositas, presentaba en privado sus argumentos sobre la penalización a los accionistas.

Suecia empleó el 4% de su producto interior bruto, 65.000 millones de coronas (6.800 millones de euros), en rescatar a los bancos con problemas. Es ligeramente menos, en referencia a la economía nacional, que el mínimo de 480.000 millones de euros, aproximadamente el 5% del PIB, que el Gobierno de Bush calcula que costaría una medida similar en EE UU.

Pero se recuperó suficiente con la venta de los activos tóxicos y de las acciones bancarias que se vendieron después, de modo que el coste acabó siendo inferior al 2% del PIB. Algunos funcionarios creen que se acercó más a cero, según cómo se calculen ciertas tasas de rendimiento.

En retrospectiva, el alto cargo sueco dice que la actitud de firmeza con los bancos ayudó a alcanzar el éxito. Eliminó el "riesgo moral", el problema de aliviar a los inversores de las malas decisiones. Aunque la propiedad estatal de los bancos va contra la cultura estadounidense, a Lundgren le preocupa que si la ayuda pública estadounidense pende de un delgado hilo, políticamente hablando, podría fracasar.

El Tesoro estadounidense planea ahora comprar directamente los activos tóxicos sin exigir acciones. Si quiere restaurar la solvencia del sistema, tendría que pecar de pagar demasiado a los bancos que causaron la crisis, opina Lundgren. "Si la valoración se hace mal, los contribuyentes salen perdiendo", dice. "Y eso disminuye la legitimidad del plan".

Globalización en crisis / Mauro F. Guillén y Emilio Ontiveros *

Los problemas de liquidez y la consiguiente sequía del crédito están provocando una reconfiguración de la inversión extranjera y de las empresas multinacionales.

Aunque 2007, primero de la crisis actual, se cerró con cifras récord de inversión transfronteriza, durante los primeros seis meses de 2008 las fusiones y adquisiciones de empresas han caído aproximadamente un 35% en el conjunto de la economía global, y es posible que la inversión directa por parte de las multinacionales haya disminuido otro tanto, incluso teniendo en cuenta las recientes operaciones multibillonarias de Tata sobre Jaguar y Land Rover o InBev sobre Anheuser-Busch.

Las empresas de todo el mundo se enfrentan a dificultades crecientes para financiar nuevas inversiones, una tendencia que afecta también a las multinacionales españolas, en especial a las de la construcción.

La empresa con vocación competitiva ha hecho de la economía global su ámbito de actuación. La presencia global de las multinacionales es hoy tres veces mayor que hace un cuarto de siglo. La mayor parte de las operaciones tienen que ver con la búsqueda de nuevos mercados, ya sea a través de la distribución de exportaciones provenientes del país de origen, el establecimiento de nuevos centros de producción en el mercado de destino o la compra de una empresa local.

Esto explica que las dos terceras partes de los flujos de inversión se dirijan a los países más desarrollados: la inversión directa es desde hace años un proceso cada vez más endogámico, enfocado en las economías de la OCDE. La búsqueda de la eficiencia productiva y suministros estables de materias primas son también motivos importantes de la inversión extranjera por las multinacionales.

La extensión e intensificación de la crisis crediticia y la consiguiente caída de la inversión directa transfronteriza apunta a un cambio de tendencia importante en el escenario económico internacional. La ralentización de la inversión coexiste con otros cambios de no menor significación. El más relevante nos remite al creciente papel de las empresas multinacionales de los países emergentes y en vías de desarrollo.

El último Informe de la Inversión Mundial, publicado esta semana por Naciones Unidas, señala que a finales de 2007 las multinacionales emergentes eran responsables del 15% de la inversión extranjera total acumulada, mientras que en 1990 solamente lo eran del 8%.

Las multinacionales latinoamericanas fueron durante los años noventa la punta de lanza de este fenómeno, sobre todo las empresas chilenas, mexicanas y brasileñas. En los últimos años el protagonismo lo han tenido las rusas, indias y chinas. Estas multinacionales invierten sobre todo en sectores de servicios.

Un segundo cambio relevante se refiere al creciente papel de los llamados fondos soberanos (sovereign wealth funds). Se trata de una categoría heterogénea que incluye tanto los grandes fondos de pensiones de países desarrollados como Japón, Canadá, Estados Unidos u Holanda, como aquellos otros que se nutren de los ingresos por la venta de materias primas, petróleo especialmente, localizados sobre todo en Oriente Próximo o la Confederación de Estados Independientes, Rusia incluida.

China y Singapur también cuentan con grandes fondos soberanos; también Brasil pretende rentabilizar sus cuantiosas reservas internacionales con uno de esos fondos. En conjunto manejan inversiones por valor de 5,3 billones de dólares, de los cuales 3,5 están invertidos fuera del país de origen del fondo.

Su crecimiento se debe a la escalada de los precios de las materias primas y de la energía que, pese a su evolución a la baja en los últimos meses, siguen por encima de los niveles de hace tres o cuatro años.

Los fondos soberanos son inversores de cartera, es decir, no suelen adquirir participaciones de control, salvo en el sector inmobiliario o el comercio. Además, invierten más de la mitad de sus recursos en renta fija en lugar de empresas. Dados los desequilibrios comerciales y financieros actuales, su papel como inversores puede ser decisivo para la resolución de las crisis de liquidez y de capitalización de entidades financieras.

Por ejemplo, los fondos soberanos asiáticos y de Oriente Próximo tienen conjuntamente participaciones de más del 2% de entidades tan emblemáticas como Merrill Lynch, Morgan Stanley, Barclays, Blackstone y Standard Chartered, e incluso más del 10% de Citibank y UBS.

Constituyen, en definitiva, una expresión de esa nueva fase en la dinámica de globalización. Se han constituido en discretos amortiguadores de esta crisis y, en ocasiones, en verdaderos salvadores de emblemáticas instituciones.

Todo ello ha hecho que sin menoscabo de suspicacias acerca de su eventual colisión con intereses políticos o cierto secretismo se hayan convertido en deseados inversores en estos tiempos de sequía financiera. Acabarán siendo, no cabe duda, una manifestación más de esa difusión de la riqueza financiera que bien pudiera amparar una cierta atenuación de las hegemonías económicas y geopolíticas hasta ahora vigentes.

Estas tendencias tienen consecuencias ambiguas para la economía española. En 2007 las empresas españolas continuaron su expansión internacional, con el 4% de la inversión directa extranjera en el mundo, mientras que la economía española supone apenas el 2% del PIB mundial.

España se ha consolidado como el quinto inversor directo mundial en términos acumulados, por detrás de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, habiendo superado a potencias tecnológicas y empresariales como Japón, Suecia o Italia. Los datos de 2008 sin duda acusarán los efectos de la desaceleración y, en todo caso, de las dificultades crediticias.

Resultará crucial que no sólo las grandes multinacionales sino también las empresas medianas cuenten con los recursos financieros necesarios para desplegar sus actividades internacionales y acometer sus planes de inversión. Hay que recordar que esas inversiones tiran de las exportaciones y por tanto del empleo.

La crisis también ralentizará las llegadas de capital extranjero. Si en 2007 España atrajo el 2,7% de las inversiones directas mundiales todo apunta hacia un acusado descenso en 2008. Lo más importante, sin embargo, no es el montante total de inversión sino la proporción que tendrá como objetivo crear nuevos empleos en lugar de pasar a controlar las empresas españolas más atractivas en infraestructuras y servicios.

Ahora que la demanda interna no puede por sí sola tirar de la economía, resulta más imprescindible que nunca la llegada de nuevas inversiones extranjeras orientadas a la exportación, para lo cual sólo cabe mejorar el atractivo de España como lugar de inversión, es decir, aumentar la productividad del trabajo y, para ello, hacer lo propio con la productividad total de los factores.

España se encuentra, en definitiva, en la misma encrucijada que otros países de su entorno.

Se trata de una economía plenamente integrada y abierta al mundo, con un sector empresarial dinámico pero asfixiado crediticiamente en mayor medida que sus competidores, y con una capacidad de atracción de inversiones extranjeras socavada por lento crecimiento de la productividad y por el diferencial de inflación.

La experiencia demuestra que una economía como la española puede crecer sosteniblemente en un contexto en el que los flujos de inversión sean elevados en ambos sentidos.

Pero para ello se necesita un mayor dinamismo económico y una reasignación de los recursos. La crisis actual ni crea ni destruye el proceso de globalización. Sólo transforma algunos de sus parámetros.

*Mauro F. Guillén es director del Lauder Institute en la Wharton School.
*Emilio Ontiveros es Catedrático de Economía de la Empresa de la UAM.
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¿Son inevitables las crisis financieras? / Roberto Velasco *

El candidato demócrata Barack Obama ha dicho que la actual crisis financiera es "la más seria desde la Gran Depresión" y ha culpado de la misma a la filosofía económica de los republicanos en el poder, en la que "hasta las regulaciones con sentido común son innecesarias y poco sensatas".

Por su parte, el senador republicano John McCain ha anunciado que, si gana las elecciones en noviembre, pondrá en marcha "una gran reforma" en Washington y en Wall Street.

Estas dos declaraciones se encuadran en los partes de guerra de la crisis financiera y bancaria tras los últimos días negros de la Bolsa neoyorquina. Y denotan la necesidad de dar una respuesta a la sucesión de crisis que golpea a los mercados mundiales, a veces con gran virulencia.

En esta ocasión, tras las bancarrotas en serie de bancos, culminadas con la de Lehman Brothers, y las muletas públicas y privadas que van ayudando a evitar el desplome del firmamento financiero, está bien proporcionar liquidez al conjunto del sistema para evitar una interrupción súbita del crecimiento que conduciría al colapso de la primera economía del mundo y al contagio de las demás; pero no parece suficiente cuando los bancos llevan perdidos más de un billón de dólares y no se vislumbra todavía el fondo de una crisis que ha alcanzado también a la mayor aseguradora del mundo.

La voluntad de las autoridades estadounidenses es clara: el secretario del Tesoro se ha manifestado dispuesto a "hacer lo que sea necesario para mantener la estabilidad de nuestro sistema financiero" y, en efecto, tanto el Gobierno como la Fed están demostrando una alta capacidad de reacción, así como una generosa puesta a disposición de recursos proporcionados por los contribuyentes para tapar deudas, errores y falsedades de empresas privadas.

Gracias a esa actitud de decidida intervención socializadora de pérdidas y a la colaboración del Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y otros bancos centrales, no se repetirán esta vez los terribles acontecimientos que conformaron la Gran Depresión.

La pregunta que se hacen los ciudadanos es si los mercados financieros son inestables y frágiles por definición y si las crisis que los recorren con tanta frecuencia son o no evitables. Para intentar responder a estas cuestiones podemos aferrarnos a la fatal recurrencia de los ciclos económicos en general y de los financieros en particular o, como argumento más próximo, a los orígenes de la actual crisis financiera.

Los ciclos de los negocios son todavía un misterio sin desentrañar del todo por la ciencia económica, pero la mayoría de la doctrina acepta que a periodos bajistas le suceden otros alcistas, de modo que a la tristeza le sigue la alegría y vuelta a empezar.

Su origen se sitúa en los mecanismos propios de la naturaleza del capitalismo y algunos economistas, como la venezolana Carlota Pérez, creen que la secuencia "revolución tecnológica-burbuja financiera-colapso-época de bonanza" se reinicia cada cierto tiempo de forma inexorable.

No obstante, los gobiernos se afanan en prolongar los periodos de euforia y en eludir o reducir al máximo las épocas de vacas flacas, pese a que algunos seguidores del Nobel de Economía Robert Lucas crean que las políticas públicas destinadas a estabilizar el ciclo son ineficaces y, en algunos casos, contraproducentes.

Respecto a los orígenes de la crisis financiera actual, los analistas apuntan a los tres procesos que la economía de Estados Unidos ha vivido en la última década: burbuja inmobiliaria, boom del crédito hipotecario y revolución tecnológica que, aplicada a las finanzas, ha permitido remover el riesgo crediticio de los balances de los bancos y traspasarlo en forma de títulos a entidades financieras e inversores institucionales de todo el mundo: el riesgo normal asociado a todo crédito y, lo que es peor, el riesgo suicida derivado de la concesión de préstamos a miles y miles de personas insolventes, que no otra cosa son las hipotecas subprime.

La revolución tecnológica ha permitido también sofisticar de forma extraordinaria los productos y los mercados: del sota, caballo y rey de los créditos, acciones y obligaciones hemos pasado en poco tiempo a instrumentos híbridos entre renta fija y variable y entre préstamos y bonos; a productos derivados como las opciones, futuros y swaps, o a la titulización de todo tipo de activos y flujos de caja derivados de derechos contractuales, etcétera.

Todo lo cual, unido a la existencia de los que Stiglitz llama "operadores de oído" (especuladores a corto que, erróneamente, creen conocer cómo funciona el mercado de valores y se desentienden de los fundamentos), ha aumentado la rapidez de respuesta de los mercados pero también su volatilidad y la velocidad de transmisión de sus turbulencias, de manera que se hace mucho más difícil para el regulador saber en qué lugar de la cadena del sistema financiero están localizados los riesgos.

Este desconocimiento de la situación real de los balances de los colegas y del nivel de contaminación de los riesgos provocada por la onda expansiva de las hipotecas basura ha generado una enorme crisis de confianza mutua entre las entidades bancarias, lo que ha reducido hasta la práctica inanición la actividad de los mercados interbancarios de depósitos, esenciales para el normal desarrollo del crédito.

De este modo, se han bloqueado los canales habituales de financiación de las empresas y de las familias, paralizando los proyectos de inversión y reduciendo las perspectivas de crecimiento económico de numerosos países, entre ellos España.

Si a estas consecuencias les sumamos los daños derivados de la avaricia desatada de muchos directivos irresponsables, dispuestos a eludir los compromisos relativos al control de riesgos con tal de conseguir emolumentos multimillonarios a corto plazo y añadimos la creciente inhibición de los organismos reguladores estadounidenses, tendremos una imagen bastante fiel de la economía de casino convertida en preámbulo de la crisis actual.

¿Y qué hacer para evitar esta proliferación de crisis financieras? La polémica que las acompaña afecta también al proceso de liberalización del sector que se viene desarrollando durante las tres últimas décadas. En general, se considera que la liberalización de las finanzas aumenta la eficiencia en la asignación de los recursos, pero también parece claro que hace más vulnerable a la economía y contribuye a hacer más frecuentes e intensas las perturbaciones financieras.

Por eso, prestigiosos economistas, como Arrow o Stiglitz, han insistido en las diferencias existentes entre los mercados financieros y los mercados ordinarios de bienes y servicios, señalando que los indudables beneficios económicos derivados de la liberalización de estos últimos se convierten en resultados dudosos en el caso de la liberalización de los mercados financieros.

En un trabajo reciente, el profesor Antonio Torrero señala que también el Banco Mundial y el FMI han llegado a conclusiones parecidas, por lo que las experiencias del pasado están sirviendo para "revisar las expectativas demasiado optimistas".

No es que se rechace la liberalización financiera y la competencia como principios rectores, sino "que se admite mayor cautela y se tiene más en cuenta el incremento del riesgo asociado al proceso liberalizador".

Todo lo anterior nos lleva a considerar la conveniencia de establecer un marco regulatorio estricto y una supervisión vigilante de los mercados, capaces tanto de animar la innovación como de restringir las prácticas deshonestas o temerarias, de tal manera que la sociedad pueda influir en el comportamiento de los participantes en el mercado financiero. Un marco regulatorio que, dadas la globalización de la economía y (en particular) de las finanzas, debe contar con las organizaciones globales necesarias para que la hagan efectiva.

Parece, pues, llegado el momento para la imaginación institucional, para construir una nueva estructura internacional para entidades financieras sobre cimientos más sólidos que los actuales. Se está para ello en una coyuntura propicia, pues hasta los más recalcitrantes liberales aceptarían ciertos grados de intervención, a la vista de que la libérrima circulación de los flujos de capitales no es precisamente una fuente de la que manan bendiciones celestiales.

¿Contribuirá el nuevo marco regulador a eliminar las crisis financieras? Pues seguro que no, aunque es muy posible que logre espaciarlas en el tiempo y reducir su intensidad. Si son eficaces podrán, desde luego, evitar las crisis derivadas directamente de comportamientos deshonestos, que no son un asunto menor. En todo caso, como ha escrito Paul Davidson, hay que abandonar la actitud derrotista de que es demasiado difícil cambiar el delirante sistema que nos tiene atrapados.

* Roberto Velasco es catedrático de Economía Aplicada en la UPV - www.elpais.es

La caída de las exportaciones hace temer una ralentización brusca de la economía china

PEKÍN.- Por ahora, parece ser sólo un rasguño. La devastación provocada por las hipotecas subprime y el consiguiente huracán financiero no está castigando a China tanto como a las grandes economías occidentales, pero sí está haciendo mella en su economía, dice hoy "El País".

Después de cinco años creciendo por encima de los dos dígitos, la mayor economía de Asia se ralentizará en 2008 hasta el 9%, según las previsiones de los principales organismos internacionales. Aunque las grandes magnitudes siguen siendo sólidas, hay señales que despiertan cierta inquietud con vistas al futuro.

"La situación no es tan dura como en EE UU o Europa, puesto que la exposición de China a los productos derivados de las hipotecas subprime es sustancialmente menor", afirma Amadeo Jensana, director del departamento de Programas Económicos y de Cooperación de Casa Asia.

Sin embargo, subraya Jensana, la caída de la demanda de productos de consumo en los países desarrollados está haciendo daño al primer centro manufacturero del mundo.

La ralentización de la actividad económica ha desbancado a la inflación como preocupación número uno de las autoridades chinas, obligadas a satisfacer las expectativas de una población ansiosa por acercar su nivel de vida al de los países ricos.

"Es necesario encontrar un equilibro entre el mantenimiento de un crecimiento económico estable y rápido y el control de la inflación", afirmó esta semana el primer ministro, Wen Jiabao, cuyo Gobierno ha puesto en marcha un plan para estimular la actividad sin presionar al alza a los precios.

Como segundo consumidor de petróleo del mundo, China es especialmente vulnerable a la subida del crudo. El precio del arroz, base de la dieta de la población, se ha triplicado desde comienzos de 2007. Tras varios meses de ascenso desbocado, la inflación se ha dado un respiro este verano: en agosto se moderó por cuarto mes consecutivo hasta el 4,9%, muy por debajo del 8,7% registrado en febrero.

La relativa estabilización de los precios ha permitido al Gobierno de Pekín dar un giro a su política macroeconómica. Por primera vez en seis años, el Banco Central bajó los tipos de interés el 15 de septiembre.

Y en otra decisión destinada a aumentar la liquidez, bajó un punto porcentual el umbral de reservas mínimas que deben mantener de los bancos, aunque dejó al margen de la medida a los cinco principales bancos comerciales.

"La inflación se ha ralentizado en los últimos meses, pero no podemos relajarnos porque puede rebotar", ha advertido el presidente del Banco Central, Zhou Xiaochuan.

A medida que el crecimiento se ralentiza, la confianza de los chinos en la marcha de su economía se resiente. Los pedidos procedentes del extranjero y los planes para comprar una vivienda han comenzado a caer.

Según la encuesta que efectúa trimestralmente el Banco Central entre empresarios, banqueros y ciudadanos de a pie, sólo uno de cada cuatro chinos espera que sus ingresos aumenten en los próximos tres meses, y únicamente el 13% tiene planes de comprar una vivienda en el mismo periodo, el nivel más bajo desde que comenzó a hacerse la encuesta, en 1999.

El impacto de la crisis internacional ha llevado a muchos economistas a subrayar la necesidad de que China modernice un aparato productivo excesivamente dependiente de la fabricación de productos con poco valor añadido y una industria pesada muy contaminante que demanda grandes cantidades de capital.

No obstante, los signos de fortaleza son más numerosos y más contundentes. Las reservas chinas en divisa extranjera superan los 1,5 billones de dólares, lo que constituye un mullido colchón de seguridad ante las tormentas financieras.

Las ventas al por menor han crecido un 23% tanto en julio como en agosto, el ritmo más alto en nueve años. La recaudación fiscal ha aumentado un 33% en los seis primeros meses del año, más de lo esperado por el Gobierno.

¿Explotará la burbuja inmobiliaria china? Aunque el riesgo es menor que en otros países, como España, la caída de la venta de viviendas y de los precios en algunas zonas de China son motivo de preocupación.

"El sector inmobiliario probablemente representa el mayor riesgo económico y financiero de China", afirma el analista Yipin Huang, de Citigroup. Los precios de la vivienda en las 70 principales ciudades de China bajaron en agosto con respecto al mes anterior, aunque sólo un 0,1%. En el último año han subido un 5,3%, frente al incremento del 11% con respecto al año anterior.

Desplome bursátil

La Bolsa de Shanghai no ha sido ajena a las turbulencias del último año en los mercados. Su principal indicador ha perdido un 56,4% de su valor en lo que va de año y un 69% desde que alcanzara su cota máxima en octubre pasado.

Pero el riesgo de que se produzca una debacle similar a la sufrida por los bancos de negocios de Wall Street es remoto debido a la fuerte regulación ejercida por el Gobierno -controlado por el Partido Comunista- y a la escasa complejidad del sistema financiero chino, donde no se estilan productos como los que han causado la crisis en Occidente.

"El sistema financiero es mucho más rudimentario que el de EE UU o los europeos, y eso posiblemente lo ha salvado de una catástrofe", apunta Amadeo Jensana, de Casa Asia.

Para devolver la confianza a los mercados y atraer a nuevos inversores, el Gobierno de Pekín ha comprado acciones del Banco de China, del Banco Industrial y Comercial de China y del Banco de la Construcción de China, los tres mayores bancos comerciales del país.

Aunque las cantidades son simbólicas -al menos en términos chinos-, la operación no tiene precedentes y demuestra que las autoridades de Pekín están dispuestas a mantener a toda costa la estabilidad en los mercados.

Como complemento a la operación de apoyo al sistema, el Gobierno autorizó a las empresas estatales a recomprar sus propias acciones sin necesidad de contar con autorización oficial.

Argelia: vuelve el patriotismo económico

ARGEL.- El nacionalismo económico no sólo está resurgiendo en algunos lugares de América Latina, como Venezuela, sino en un país vecino de la orilla sur del Mediterráneo: Argelia.

Hace ya dos años las autoridades argelinas modificaron la ley de hidrocarburos para apretar las tuercas a las petroleras extranjeras. La participación de Sonatrach, el mastodonte público, en los nuevos contratos de exploración y explotación quedó establecida en un mínimo del 51%. Se instauró además una tasa -de entre el 5% y el 50%- sobre los "beneficios extraordinarios" de las petroleras foráneas a cobrar cuando el barril rebasase los 30 dólares, según "El País".

Ahora les llega el turno a las compañías extranjeras asentadas en el país, pero que no operan en el sector energético. El presidente Abdelaziz Bouteflika lo anticipó al declarar, a finales de julio, que el país "necesita inversiones productivas", pero "basadas en un reparto equitativo de las ventajas y beneficios" con la "colectividad".

Bouteflika puso incluso el ejemplo de una empresa extranjera, cuyo nombre no facilitó, que invirtió 700 millones de dólares "de los que sacó unos beneficios de 2.000 millones en pocos años". "Deberíamos quedarnos con la mitad" de esos beneficios.

Al mes siguiente el Gobierno aprobó un paquete de medidas. El Estado ostentará el 51% del capital en cualquier nuevo proyecto de inversión. Las empresas extranjeras pagarán al fisco el 15% de los beneficios que transfieran fuera de Argelia; se les obligará a reinvertir dentro del país parte de sus ganancias y las plusvalías que obtengan con motivo de la venta de acciones serán imponibles.

Los extranjeros tampoco podrán comprar terrenos públicos -sólo obtendrán la cesión por 33 años renovables-, y la financiación de proyectos inmobiliarios mediante venta sobre plano de viviendas va a ser prohibida.

Por si no bastase con esto, una legión de inspectores fiscales han sido encargados de revisar la contabilidad de numerosas compañías extranjeras porque han cometido "excesos", según explicó Houcine Boubtina, director de la Agencia Nacional de Promoción del Comercio Exterior.

Todas estas medidas han alarmado a los extranjeros afincados en Argelia. Si el país no era ya, a causa de su ingente burocracia, muy atractivo para la inversión, al margen de los hidrocarburos, ahora lo va a ser aún menos.

Argelia figura en el último lugar de los países norteafricanos por las facilidades que ofrece para hacer negocios, según el reciente informe del Banco Mundial Doing Business 2009. En el mundo árabe sólo Yibuti, Irak y Siria están peor colocados.

España ha sido, durante el periodo 2002-2007, el segundo inversor extranjero al margen de los hidrocarburos. Sus empresas le dedicaron 1.164 millones de euros, lo que las sitúa justo detrás de las egipcias, según la agencia pública que fomenta la inversión.

Las medidas adoptadas han sido alabadas por los sindicatos tradicionales, pero criticadas por intelectuales. "La reinstauración del intervencionismo estatal en tiempo de globalización es suicida para Argelia", repite el profesor Abderrahman Mebtoul.

"Los inversores extranjeros están preocupados", reconocía Reda Hamiani, presidente de la patronal argelina. "Es necesario tranquilizarles (...)", añadía en una entrevista con la publicación electrónica TSA.

Eso fue lo que intentó hacer el primer ministro, Ahmed Ouyahia, el pasado fin de semana. "No hay cambio de orientación", dijo. Sólo "afinamos el método".

La bancarrota de Lehman pone en entredicho la invesión en algunos estructurados

MADRID.- Puede que sea una casualidad, pero parece poco probable que el Banco de España haya decidido justo ahora dar un toque de atención -en su último informe trimestral, el Servicio de Reclamaciones le dedica todo un apartado- a los comercializadores de depósitos estructurados (bancos y cajas de ahorro), según "El País".

En estos días, en los que se hacen cábalas sobre el montante que los inversores españoles tienen pillado en productos estructurados y fondos de inversión vinculados a Lehman Brothers, la advertencia, que incluye pista para los afectados, cobra todo su sentido.

Respecto a este asunto, no hay que olvidar que, por un lado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dejado claro que los fondos con posiciones en Lehman no están cubiertos por el Fondo de Garantía de Inversiones pues éste no protege las pérdidas de valor de la propia inversión o cualquier riesgo de crédito inherente a los valores y, por otro, que desde el Banco de España se señala que tan sólo supervisa los productos estructurados en los que la entidad a través de la que el inversor ha contratado el producto es una entidad de crédito nacional (banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito) o extranjera (entidad con sucursal en España o autorizada a operar sin establecimiento permanente en España) y siempre que la inversión inicial está garantizada o, dicho de otro modo, siempre que el inversor pueda obtener una rentabilidad nula, pero nunca incurrir en pérdidas.

A pesar de la anterior precisión, es el propio Banco de España quien en su último informe del Servicio de Reclamaciones, correspondiente al primer trimestre de 2008, dice textualmente: "Estos depósitos son productos cuya configuración alcanza un cierto grado de complejidad.

Para su correcta comprensión y valoración, en cuanto a su adecuación a los objetivos de rentabilidad del cliente, se requiere, en opinión de este Servicio, una formación financiera claramente superior a la que posee la clientela bancaria en general.

Por tanto, se consideran productos poco adecuados para ser ofrecidos al público de forma general e indiscriminada, sin el soporte informativo necesario, y a través de la red comercial de oficinas".

Aún va más allá: "No podemos dejar de señalar la rigidez que este producto presenta para los clientes, a los que se impide (en muchos casos, expresamente) su cancelación antes del vencimiento, lo que se traduce (teniendo en cuenta las fórmulas de rentabilidad aplicadas) en la obligación de dejar sus fondos cautivos a un tipo de interés del 0% (generalmente desde el momento en que el interés resultante para una liquidación es el 0% hasta la fecha de vencimiento).

Sin embargo, el producto resulta completamente flexible para la entidad, ya que le permite reaccionar (y así se ha constatado que sucede) si el escenario financiero le es perjudicial y cancelar sin más el depósito".

La regañina continúa: "Es opinión de este Servicio de Reclamaciones que una entidad de crédito, antes de proceder a la comercialización de productos como el que aquí nos ocupa, debe realizar un esfuerzo de información y asesoramiento a sus clientes, para que éstos puedan llevar a cabo una razonada toma de decisiones y evitar así que puedan verse sorprendidos con resultados indeseados y en ningún modo esperados".

La "pista" para los cientos de inversores afectados por Lehman o cualquier otro depósito estructurado con dificultades se reserva para el final: el criterio anterior del Banco de España "es acorde con el contenido de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca el 15 de noviembre de 2004, en la que condenaba a la entidad demandada a indemnizar por daños y perjuicios a su cliente, al haberle asesorado indebidamente acerca de un producto de rentabilidad variable en función del beneficio distribuible y el riesgo de mercado, en lugar de un depósito de renta fija.

La sentencia citada consideró que la entidad asesoró erróneamente a su cliente, al no haber tenido en cuenta su perfil inversor; y que le informó de manera sesgada de las características esenciales y reales del producto contratado.

En este sentido, "entiende que el sistema bancario español ha de garantizar a los clientes de entidades de crédito una adecuada transparencia, ofreciendo a cada cliente una información más personalizada, más allá de lo que la normativa exige, con lo que se trata de ofertar a cada cliente los productos financieros según sus necesidades y perfil de riesgo".

'Reservas' del banco central

El Banco de España tiene su opinión respecto a los productos estructurados y ha manifestado sus criterios:

1. La tipología de productos estructurados es muy variada. Pequeños cambios en las diferentes fórmulas contractuales pueden implicar importantes diferencias de un producto respecto de otro, por lo que la información detallada sobre este tipo de productos, nuevos y cambiantes, resulta del máximo interés para evitar sorpresas desagradables.

2. Los inversores deben ser conscientes de que, aunque este tipo de estructuras puede proporcionar mayor rendimiento que un bono tradicional, ello se consigue (generalmente) gracias a incorporar un nivel superior de riesgo.

3. En los productos estructurados, el emisor puede diseñar el producto financiero sin preocuparse demasiado del riesgo soportado, puesto que va a poder cubrirlo a través de un derivado financiero (por ejemplo, cediendo a un tercero el riesgo implícito del producto estructurado a través de una operación de swap). En el caso del inversor minorista, la posibilidad de cubrir el riesgo o es más limitada o no existe.

Excesos y falta de regulación / Carmen Alcaide*

La diferencia fundamental de la crisis actual y las que ha padecido la economía española en otras ocasiones es que, mientras las anteriores se debían en origen a un factor concreto, en ésta se han unido al mismo tiempo al menos tres: la crisis financiera de EE UU (segundo semestre de 2006), las elevaciones de los precios internacionales del crudo y las materias primas (2007) y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria española (2007-2008).

La unión de los tres factores iniciales, junto a los efectos de rápida transmisión de los fenómenos económicos por la globalización de los mercados, hace que sea más intensa e impredecible su resolución.

En las últimas décadas, la economía española sufrió y superó diferentes crisis. La más importante fue la del aumento de los precios del petróleo, que en España se materializó en dos etapas (1979 y 1981) y que no superó hasta que se devaluó la peseta y se consiguió un ahorro energético importante.

Ya en los comienzos de este siglo se sufrió una minicrisis al pinchar la burbuja tecnológica (2001), con desaceleración inmobiliaria, que no llegó a más porque el BCE pudo rebajar los tipos de interés y así animar la actividad económica.

El sector de la construcción, siempre con una actividad cíclica, ha padecido y remontado diversas crisis, cuando se ha producido un exceso en el crecimiento de la demanda. Quizás la más importante fue la de la segunda mitad de los años ochenta.

Veamos por partes cada uno de los aspectos de la crisis actual:

En primer lugar, el alza del precio del crudo y las materias primas, que de momento ha remitido a niveles más soportables. El primer efecto es sobre la inflación, ya que no sólo encarece el precio directo de dichos productos (combustibles, alimentos...), sino que tiene efectos multiplicadores en la medida que son materias primas para otros sectores.

No hay que olvidar el efecto de transferencia de rentas a favor de los países productores y exportadores de los mismos y con el empobrecimiento de los países importadores y consumidores (caso de España). El deterioro de la balanza de pagos hace también a dichos países más vulnerables ante las dificultades financieras.

Los excesos están en el consumo/derroche energético cuando los precios son bajos mientras que en las materias primas, especialmente de los alimentos, falta regulación de los mercados de intermediarios, haciendo posible un abuso en la transición de los precios desde el productor al consumidor.

La crisis financiera internacional tiene su origen en la aparición de nuevos productos de ingeniería financiera creados con la intención de obtener mayores beneficios en la comercialización de activos de dudosa calidad (activos tóxicos) en el mercado hipotecario de EE UU.

La titulización y empaquetamiento de esos activos de forma poco transparente que ocultaba su dudosa calidad, junto a la defectuosa regulación de los mismos y la poco realista valoración de las empresas de raiting, han permitido que grandes fondos americanos e instituciones financieras de todo el mundo hayan invertido en este tipo de activos de alto riesgo.

Al no cumplirse las expectativas alcistas del precio de las viviendas sobre las que se sustentaban y por el contrario iniciarse una crisis en el mercado inmobiliario de EE UU, se ha provocado una de las mayores crisis financieras internacionales.

La desconfianza ha llevado a una gran escasez de liquidez en los mercados que ha afectado a todo el sistema internacional. Los bancos no se fían unos de otros, el interbancario casi desaparece y los tipos de interés suben.

En el momento actual, la respuesta de la autoridad monetaria americana (Fed), apoyada por el Banco Central Europeo y otros bancos centrales, puede ser el comienzo de la solución de la crisis en EE UU.

Sin embargo, los excesos han sido muchos y la falta de transparencia y regulación en este tipo de productos financieros por parte de los organismos reguladores SEC (EE UU) y la FSA (Reino Unido) hacen que todavía en este momento no se tenga información suficiente sobre la magnitud de las pérdidas.

La política intervencionista diseñada con la decisión de crear una agencia estatal que compre los activos dudosos de las entidades financieras, junto a la tomada por organismos reguladores de prohibir cierto tipo de operaciones cortas de los mercados (ventas en descubierto), reflejan la necesidad de regular los mercados para evitar que el mercado permita dichos excesos. En Europa no existe la suficiente unidad como para tomar medidas comunes a toda la UE.

Por último, en España, los excesos del mercado inmobiliario han sido claros. Antes de iniciarse esta crisis financiera ya se había diagnosticado la burbuja inmobiliaria y la necesidad de desinflarla suavemente.

Sin embargo, no había verdadero interés en provocarlo dados los grandes intereses comprometidos. Los precios habían crecido desmesuradamente pero casi todos los agentes se sentían felices (excepto los ciudadanos que querían acceder a una primera vivienda): inmobiliarias, promotores, ayuntamientos, instituciones financieras.

Todos ellos obtenían grandes beneficios, y también algunos ciudadanos con vivienda en propiedad que se sentían más ricos. La demanda de viviendas llegó a 800.000 al año, cuando se estima que con los aumentos de población podría situarse en torno a las 400.000.

Pero la burbuja pinchó y la demanda desapareció. Se acabó la etapa de dinero fácil y barato. La escasez de crédito dejó colgados a muchos promotores y los precios comenzaron a caer. Los efectos de esta crisis son nefastos: no se inician nuevos proyectos, la construcción se aminora ya que hay un gran stock de viviendas por vender y desciende el empleo en el sector y aumenta el paro.

El efecto multiplicador de la construcción afecta a sectores industriales auxiliares (materiales de construcción, cerámicas, electrodomésticos, muebles). Muchas familias se ven ahogadas con los aumentos de las hipotecas y la mayoría tiene que reducir otros consumos. El ajuste del sector se tomará su tiempo (el tiempo medio estimado en otros ciclos está en tres años) y más tardará cuanto más tarden en bajar los precios.

Nadie sabe pronosticar cuánto se tardará en reconducir la situación y entrar en un nuevo ciclo, pero deberíamos aprender que los ciclos existen y que los excesos alimentan los cambios más negativos. Lo que se ha dicho en Estados Unidos se aplica también a España: como siempre estos excesos los pagaremos los contribuyentes y esperemos que en el futuro se regule con mayor eficacia.

*Carmen Alcaide es economista y ex presidenta del INE - www.elpais.es

No hay cheque en blanco para Paulson / George Soros*

El rescate de 480.000 millones de euros propuesto por el secretario del Tesoro estadounidense, Hank Paulson, se ha topado con dificultades en la Colina del Capitolio. Y con razón: está mal concebido. El Congreso estaría abdicando de su responsabilidad si diera al secretario del Tesoro un cheque en blanco.

El proyecto de ley sometido al Congreso planteaba incluso una cláusula que eximía las decisiones del secretario de cualquier revisión por parte de tribunales u organismos administrativos, el cumplimiento supremo del sueño del Gobierno de Bush de establecer un ejecutivo unitario.

El historial de Paulson no inspira la confianza necesaria como para concederle discrecionalidad sobre 475.000 millones de euros. Sus medidas de la semana pasada provocaron la crisis que ha hecho necesario el rescate. El lunes permitió que Lehman Brothers quebrase y se negó a aportar fondos públicos para salvar a AIG. El martes tuvo que desdecirse y conceder a AIG un préstamo de 58.000 millones de euros con condiciones punitivas.

La muerte de Lehman desestabilizaba el mercado de pagarés de empresa a corto plazo. Un gran fondo común de inversores se hundía y los bancos de inversión que habían confiado en el mercado de pagarés de empresa a corto plazo tenían dificultades para financiar sus operaciones.

El pasado martes, se había puesto en marcha una retirada masiva en los fondos comunes de inversores y estábamos más cerca de un colapso total que en cualquier otro momento desde la década de 1930. El secretario volvía a dar marcha atrás y proponía un rescate sistémico.

Paulson ya había recibido un cheque en blanco del Congreso en otra ocasión, para abordar la crisis de Fannie Mae y Freddie Mac. Su solución hizo que el mercado de la vivienda aterrizara en el peor de todos los mundos: los directivos de ambas empresas sabían que si se cubrían los cheques en blanco perderían el puesto de trabajo, de modo que optaron por atrincherarse, encareciendo las hipotecas y dificultando su concesión.

A las pocas semanas el mercado obligó a Paulson a absorberlas precipitadamente.

La propuesta de Paulson de comprar activos hipotecarios morosos plantea un problema clásico de información asimétrica. Los valores bursátiles son difíciles de valorar, pero los vendedores saben más de ellos que el comprador: en cualquier procedimiento de subasta, el Tesoro acabaría quedándose con la escoria.

La propuesta está también plagada de cuestiones de conflictos de interés latentes. A no ser que el Tesoro pague en exceso los valores, el plan no aliviaría la situación. Pero si el plan se usa para financiar a los bancos insolventes, ¿qué recibirán los contribuyentes a cambio?

Barack Obama ha planteado cuatro condiciones que deberían imponerse: una compensación para los contribuyentes, además del lado negativo; un consejo compuesto por ambos partidos para supervisar el procedimiento; ayuda para los propietarios de viviendas, así como para los tenedores hipotecarios; y ciertos límites a las remuneraciones de aquellos que se beneficien del dinero de los contribuyentes. Son los principios adecuados. Podrían aplicarse con más eficacia capitalizando directamente las instituciones cargadas de valores tóxicos y no librándolas de esos valores tóxicos.

La inyección de fondos públicos sería mucho menos problemática si se aplicase al capital neto y no al estado contable. Setecientos mil millones de dólares en acciones preferentes con garantías tal vez sean suficientes para tapar el agujero producido por el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Por contraste, la adición de 700.000 millones de euros en el lado de la demanda tal vez no baste para frenar la caída de los precios de la vivienda. También debe hacerse algo en el lado de la oferta. Para evitar que los precios de las viviendas se desplomen, el número de ejecuciones debe mantenerse en el mínimo. Es necesario ajustar las condiciones de las hipotecas a la capacidad de pagar de los propietarios.

El paquete de rescate no aborda esta tarea. El hacer las modificaciones necesarias es una labor delicada que se dificulta por el hecho de que muchas hipotecas se han dividido y repartido de nuevo en forma de obligaciones de deuda con garantía multilateral. Los tenedores de los diversos trozos tienen intereses opuestos.

Haría falta demasiado tiempo para solucionar los conflictos e incluir un plan de modificación de las hipotecas en el paquete de rescate. Sin embargo, el paquete puede allanar el camino mediante una modificación de la ley de quiebra en lo relativo a las residencias principales.

Ahora que la crisis se ha desatado, probablemente sea indispensable un paquete de rescate a gran escala para poder controlarla. Restablecer los balances contables vacíos del sistema bancario es la forma adecuada de proceder. No todos los bancos merecen ser salvados, pero podemos confiar en que los expertos de la Reserva Federal, con la supervisión adecuada, tomarán las decisiones correctas.

Podría sancionarse a las directivas reacias a aceptar las consecuencias de los errores pasados privándolas de las líneas de crédito federales. La aportación de fondos públicos debería también animar al sector privado a participar en la recapitalización del sector bancario y poner fin a la crisis financiera.

*George Soros es presidente de Soros Fund Management

Moralejas de la crisis / Eswar Prasad*

El sistema financiero estadounidense se escora hacia el naufragio. Todo lo que impide que la tan elogiada fuente del capitalismo mundial se precipite al cataclismo es la Administración Pública estadounidense, que se ha convertido de hecho en garante y prestamista de último recurso.

¿Cómo han podido llegar las cosas a este trance en un sistema financiero en otro tiempo elogiado por ser el más profundo y avanzado del mundo? ¿Dónde acabará? ¿Qué consecuencias tendrá esto para el sistema financiero mundial? Es difícil responder a estas preguntas con mucha convicción mientras seguimos en plena crisis. De hecho, cada día que pasa parece traer una noticia peor: ¡ni siquiera los fines de semana proporcionan ya un respiro en la corriente continua de melancolía!

Sea cual sea el resultado final, una cosa es segura: el resto del mundo ya no se entusiasmará por adoptar los principios de libre mercado que regían el desarrollo financiero estadounidense. Si bien los tiempos de desesperación pueden exigir medidas desesperadas, la masiva intervención del Gobierno estadounidense también hará que sea más difícil defender la idea de que el Estado debería mantenerse apartado del funcionamiento del sistema financiero.

Sin duda, la satisfactoria emoción del schadenfraude -placer ante el dolor de otros- les estará pasando por la mente a los gobernadores de bancos centrales y a los legisladores de los nuevos mercados, que durante mucho tiempo tuvieron que soportar lo peor del acoso estadounidense acerca de los principios del libre mercado.

Probablemente estarán rezando también sus hosannas por haberse resistido en mayor o menor medida a las innovaciones financieras, agradeciendo a eso el hecho de que sus economías no se hayan visto golpeadas aún por la crisis en la misma medida que Estados Unidos.

Por desgracia, estas moralejas -si se toman al pie de la letra- pueden acabar no siendo buenas para las economías emergentes. Es una desgracia porque la principal lección que se debe sacar de esta crisis es que la negación de ciertos principios del libre mercado tal vez fuera de hecho lo que ha conducido al caos en el que ahora se encuentra el propio Estados Unidos.

Además, el desarrollo financiero va a ser en última instancia importante para que estas economías sostengan sus elevadas tasas de crecimiento y permitir que un porcentaje más alto de su población participe en el proceso de desarrollo y se beneficie de él.

¿Qué salió mal en Estados Unidos? Un problema clave de Fanni Mae y Freddie Mac, por ejemplo, fue que su regulador no hizo su trabajo y no descubrió el enorme fraude contable en sus libros. Eso y la garantía implícita del respaldo estatal (que finalmente se volvió explícita) permitieron que estas dos instituciones se expandiesen enormemente, y abarcasen incluso transacciones financieras exóticas en las que no tenían por qué haberse involucrado.

Las raíces de la crisis estadounidense, por supuesto, se remontan a los años en que Alan Greenspan presidía la Reserva Federal estadounidense. Entonces, el dinero era fácil y la regulación escasa. Los famosos préstamos hipotecarios ninja (sin ingresos, sin trabajo y sin patrimonio) fueron una señal de negligencia reguladora tan clara como cualquier otra.

Pero estas señales evidentes de irregularidad también se pasaron alegremente por alto cuando los tiempos eran buenos y ante la hostilidad del actual Gobierno contra la reglamentación.

Claramente, la innovación financiera sin regulación eficaz no funciona bien. En el nuevo mundo de mercados financieros más complejos, los peligros acechan en lugares ocultos.

La crisis actual indica que un conjunto de normas rígidas permite que instituciones financieras con recursos enmascaren el riesgo de sus carteras o le den la vuelta a las cosas para hacer que las mediciones del riesgo habituales parezcan mejores de lo que en realidad son. No es práctico diseñar un marco regulador que abarque cada instrumento financiero y cada institución financiera específicos.

Por el contrario, tiene más sentido desarrollar un marco "de principios" que pueda adaptarse a la evolución del mercado financiero y adoptar un planteamiento más amplio para gestionar los riesgos sistémicos. Está claro que esto no existía.

La crisis confirma también que algunos tipos de intervención pública en los mercados financieros -en especial mediante el respaldo implícito a instituciones en apariencia "privadas"- generan malos resultados que acaban haciendo que los contribuyentes tengan que encargarse de pagar.

Las verdaderas lecciones de la debacle de Fannie y Freddie deberían referirse a los peligros que comportan las garantías estatales implícitas unidas al riesgo moral y la reglamentación débil, y los riesgos que acechan incluso en los sistemas financieros avanzados.

Estos peligros son mayores en los sistemas financieros menos desarrollados, y los costes de aclarar el embrollo podrían ser también proporcionalmente mayores para las economías más pobres.

Una cosa que la crisis nos enseña es que el fraude, la corrupción y la injerencia estatal pueden erosionar los cimientos de los sistemas financieros más profundos, en especial cuando estos problemas se suman a un sistema regulador demasiado estricto y ceñido a las normas en apariencia y que, a veces, hace la vista gorda ante una obvia perversión del sistema.

Ésa, al menos, es una moraleja que los mercados emergentes deberían sacar en última instancia de la crisis financiera.

*Eswar Prasad es catedrático de Economía en la Universidad de Cornell y miembro de la Brookings Institution. Es ex director de la Sección de Estudios Financieros del FMI