SANTIAGO.- La labor legislativa del parlamento de Chile en 2009 estará marcada por la incertidumbre de los impactos de la crisis económica global y la celebración de los comicios parlamentarios y presidenciales. Estos hechos influirán en los debates en ambas cámaras del Congreso, que abordará, entre otros, los proyectos de reforma al sistema electoral, la creación de la Defensoría de las Personas, la ratificación de la Corte Penal Internacional, y una serie de normativas vinculadas a educación y trabajo.
Algunos parlamentarios propusieron legislar durante febrero, cuando habitualmente los legisladores toman vacaciones, para sacar adelante proyectos que busquen paliar los efectos que tendrá sobre el empleo la crisis económica mundial.
La presidenta Michelle Bachelet, cuyo mandato termina en marzo de 2010, dijo que este año "será complejo" por la crisis y ha llamado al sector privado a proteger el empleo y la actividad económica, como ha hecho el Estado con los estímulos para la producción incluidos en el Presupuesto 2009.
Bachelet ha expresado también su esperanza de que las elecciones presidenciales y parlamentarias de diciembre se celebren "en un clima de respeto cívico" y que "ningún sector político se apoye en los problemas económicos para sobresalir ni sacar ventaja".
Hoy, el gobierno anunció que pondrá urgencia legislativa a la reforma relativa al Fideicomiso Ciego, con el objetivo de separar "completamente" la administración de los patrimonios de personas con una alta fortuna respecto de su desempeño en cargo público.
Aunque oficialmente se ha negado, la prensa indica que esta ley se refiere al candidato presidencial de la de derecha, el millonario empresario Sebastián Piñera, quien lidera las enuestas.
En los próximos días se discutirán los proyectos sobre la inscripción automática y el voto voluntario, que cambiaría la vigencia del registro electoral voluntario y el sufragio obligatorio, a fin de incorporar a unos 3 millones de personas que no aparecen en el listado de electores.
De aprobarse esta reforma, cambiaría el padrón electoral y, quizás, también la balanza política al posibilitar a los miles de jóvenes no inscritos a emitir su opinión a través del voto, o bien, libraría de esta obligación cívica a otros cientos de descontentos.
Sin embargo, su destino aún es incierto pues requiere de quórum calificado para ser aprobado y en la oposición de derecha no existe consenso respecto a este tema y ni siquiera se asegura una votación favorable por parte de algunos parlamentarios del derechista Renovación Nacional.
Además, esta iniciativa no tiene efecto sin la aprobación de una ley orgánica para reemplazar el sistema de inscripción electoral existente, normativa que aún no es tramitada y que debería tener su primer trámite constitucional en el Senado dentro de varias semanas.
La aprobación de la Ley General de Educación es considerada clave y prioritaria para el gobierno. La ministra del ramo, Mónica Jiménez, ha señalado que esta normativa se debe complementar con la ley para crear una Superintendencia de Educación y la ley de Fortalecimiento de la Educación Pública, ambas en trámites parlamentarios.
La última iniciativa en materia educacional es la instauración de la Agencia Regional, la cual reemplazaría la actual educación municipalizada en la administración y fiscalización de las escuelas.
Pero estas propuestas del gobierno no cuentan con el apoyo del Colegio de Profesores, cuyo presidente, Jaime Gajardo, insiste en que el gremio no quiere que la Ley General de Educación se apruebe en el verano en el Congreso, y pidió que esa materia sea discutida en conjunto con los otros proyectos del sector.
Otro de los temas que abordará el Poder Legislativo este año es el proyecto de la Defensoría del Pueblo, el cual es rechazado por la derecha, y cuyo fin es defender a los ciudadanos de acciones arbitrarias del Estado.
Para este 2009 quedaron proyectos emblemáticos en materia laboral, como los del Seguro de Cesantía, la negociación colectiva y el que crea una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) estatal, iniciativa que cobra relevancia a las gigantescas pérdidas que tuvieron las privadas a raíz de la crisis financiera mundial.
Igualmente, se prevé que el senado discuta la derogación del artículo 93 del Código Penal con el objetivo de declarar imprescriptibles e inamnistiables los crímenes de lesa humanidad, delitos de guerra y tortura, lo cual es necesario para la posterior ratificación del Tratado de Roma, que establece la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
Por último, en materia de Derechos Humanos, el legislativo debatirá el proyecto para la creación del Instituto de Derechos Humanos, tal como lo ha impulsado el gobierno, o el establecimiento de una subsecretaría para la materia, como lo solicitan las agrupaciones de DD.HH.
(Congreso Nacional de Chile, en Valparaiso)
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