domingo, 4 de enero de 2009

El Gobierno español sólo ha cumplido un tercio de su plan de salvamento

MADRID.- En pleno mes de agosto y cuando las listas del desempleo iban creciendo cada día por miles, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, intentó hacer ver a la opinión pública que tenía todo controlado y que su Ejecutivo contaba con energía suficiente para afrontar la crisis.

En un hecho sin precedentes en la etapa democrática, el presidente desplazó a su ministro de Economía y él mismo lideró la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Fue un 13 de agosto, miércoles. Un día después, víspera de la Asunción, convocó un Consejo de Ministros extraordinario. Trasiego de funcionarios, ministros de vuelta a Madrid. ¿Para qué? A la vista del cumplimiento de lo allí acordado, para poco, según "El Mundo".

En la rueda de prensa que ofreció tras esa cita, Zapatero resaltó que el «objetivo fundamental» era «la recuperación económica en el menor tiempo posible». Pues como esa recuperación dependa del grado de desarrollo de las 24 medidas allí adoptadas, mal camino le espera a la riqueza nacional.

De ellas, únicamente ocho se han puesto en marcha, y eso que había compromiso en fechas para todas ellas. Por el momento, el mazo del calendario sólo evita caer sobre un nuevo anteproyecto de ley audiovisual, que el Ministerio de Industria ha de presentar en marzo.

Hay 11 a las que se les ha pasado el arroz. Y tres más que, o bien se han aprobado parcialmente, o se han presentado con retraso.

El cumplimiento afecta, además, a medidas de escaso impacto para la ciudadanía. Es el caso de los 3.000 millones de euros en avales para pymes o la nueva línea de mediación por otros 3.000 millones para medianas empresas. Porque el problema hoy para las sociedades es financiar circulante y no tanto conseguir liquidez. En este sentido, el Ejecutivo, a través del ICO, implantó una línea de hasta 10.000 millones de circulante a la que aún no ha podido acceder ninguna compañía.

Entre los más cumplidores aparece el Ministerio de Vivienda, aunque, a la vista de la realidad del mercado inmobiliario, poco éxito tienen las iniciativas adoptadas por Beatriz Corredor.Es el caso de un Plan Renove y de rehabilitación de pisos y viviendas (que está simplemente enunciado en el nuevo plan de vivienda 2009-2012) o de la Ley de Fomento del Alquiler y de la Eficiencia Energética, que sigue su curso en el Parlamento.

En materia de Industria, ha cumplido muy parcialmente, a través de la regulación de la tarifa de último recurso de la electricidad y de las subastas mayoristas de gas natural. Y Ciencia e Innovación, con únicamente un encargo, el desarrollo de la RedIRIS Nova para la comunidad académica y los investigadores, ha dado la talla.Y casi hasta ahí.

Porque en el Ministerio de Economía se ha aprobado el anteproyecto de ley de adaptación de la directiva de servicios, pero queda por presentar, según reconocen en el departamento que dirige Pedro Solbes, la liberalización plena del sector servicios y la regulación de los colegios profesionales. Sin lo primero, explican en el Gobierno, no se puede ser lo segundo.

En la mochila de temas pendientes de Solbes aparecen otros asuntos.El principal, sin duda, la propuesta para reforzar la independencia y capacidad de supervisión de los organismos reguladores, principalmente la Comisión Nacional de la Energía y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aunque también está en curso el desarrollo del modelo de supervisión que afecta a Banco de España, CNMV y Dirección de Seguros.

Hay más. Entre ellos, uno a caballo con el Ministerio de Justicia (que es de los más incumplidores), referido al desarrollo de la reforma del modelo de seguridad jurídica preventiva. Se trataba de reducir trámites ante notarios y registradores para familias y empresas, con el consiguiente ahorro de costes.

Y es en materia de notarios y registradores donde el Gobierno ha protagonizado el gran patinazo. El 14 de agosto, Zapatero ordenó rebajar en un 20% los aranceles de ambos colectivos. Fernández Bermejo y Solbes se pusieron manos a la obra, pero, cuando presentaron la iniciativa, y ante el revuelo desatado en notarías y registros, se guardaron la reforma.

Y en el cajón de Bermejo, Corredor y Bernat Soria debe estar su propuesta de implantación de un sistema arbitral para resolver conflictos arrendaticios. De él, nada se ha sabido. Como tampoco de la nueva carta de derechos de usuarios de las telecomunicaciones que Soria debía desarrollar junto a Miguel Sebastián.

En materia energética, Sebastián tiene pendiente la nueva Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables, mientras que Medio Ambiente debe ofrecer aún un informe sobre el cumplimiento de la estrategia contra el cambio climático.

Desde Fomento, lo que llega, llega con retraso. No hay noticias de la reforma del régimen de los puertos de interés generales.Y si en octubre debía haberse presentado el Plan de Impulso del Ferrocarril, el Gobierno no conoció de él hasta el 26 de diciembre.

En cuanto al nuevo modelo aeroportuario, se ha hablado mucho, pero poco se ha concretado sobre el peso del sector privado o de las autonomías. Un balance desalentador de un programa que se puso en marcha como respuesta global ante la crisis y que ha quedado reducido a iniciativas deslabazadas, inaplicadas o descartadas.

Los avales también se retrasan

El Gobierno adoptó dos grandes iniciativas de apoyo al sector financiero el pasado octubre: la compra de activos financieros, que acumula ya dos subastas, y la inyección de más de 9.000 millones de euros para la banca. El fondo de adquisición de activos puede gastar hasta 50.000 millones. Pero la segunda, pactada con Europa, consistía en otorgar avales del Estado para las emisiones de títulos por parte de las entidades financieras.

El Ejecutivo decidió otorgar avales por 100.000 millones de euros con cargo a 2008 y otros 100.000 millones para 2009. Sin embargo, ha acabado el ejercicio y no se ha producido ni una sola emisión con el aval del Estado.

Hay dos causas: por un lado, que el Gobierno tardó en mandar el contenido de su plan a la Comisión Europea; por otro, que Bruselas dilató su aprobación al requerir algunas aclaraciones sobre el sistema.

De este modo, en 2009 se pueden acumular cerca de 200.000 millones de euros de emisiones con aval del Estado (de los 100.000 previstos para 2008 se ha dado respaldo público a solicitudes por valor de 90.000 millones) y hay justificadas dudas de que el mercado puede absorber esa cantidad.

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