Es cierto que en el año que ha terminado se han tomado, sin orden ni concierto, medidas de política económica, pero, como fruto sin duda de la improvisación, eran tan heterogéneas y abigarradas que hacen dudar de su eficacia. Todo empezó a principios de 2008 con el recorte de 400 euros a deducir por IRPF, que muestra claramente los efectos indeseados de las improvisaciones. No parece normal que un Gobierno que se jacta de progresista tome una medida que ayuda a los que por tener cierto nivel de renta están sujetos al IRPF pero excluye a los exentos de ese impuesto por tener una renta menor.
Esta ayuda hubiese sido un alivio para los millones de pensionistas no sujetos al IRPF en 2008 que, además, han sufrido una pérdida de renta real del 2%, estando muchos de ellos por debajo del umbral de la pobreza. El aumento anual del IPC en noviembre, que es el que se toma para compararlo con el fijado para las pensiones (2%), fue de sólo el 2,4%, por lo que la compensación fue del 0,4%. Pero el verdadero aumento de los precios ha sido el de la media de ese periodo de 12 meses: -4,4%- lo que hubiese supuesto un coste superior a 3.000 millones de euros en vez de los 600 millones que ahora recibirán los pensionistas.
Así, el azar ha querido, a través de la caprichosa evolución de los precios, que los menos favorecidos de la sociedad vayan a transferir en 2009 parte de su escasa renta al Estado, aliviando el déficit y/o el endeudamiento público. Especialmente este último, en un ejemplo de huida hacia adelante, es el medio que se viene utilizando para financiar medidas que implican grandes dispendios.
Este mayor endeudamiento público no va a moderar el déficit de las cuentas públicas, que en 2009 puede superar ampliamente el 5% del PIB como consecuencia de la acción conjugada de una serie de factores: el creciente deterioro que viene mostrando el saldo de las Administraciones Públicas, el aumento de los gastos y los menores ingresos debido a las medidas que se vienen tomando y, sobre todo, el nivel que alcance la recesión en ese año.
A juzgar por la frecuencia cada vez mayor con que se revisan a la baja las previsiones económicas para 2009, hay que pensar que en vez de sofisticados modelos econométricos se vaticina el futuro extrapolando los indicadores recientes más relevantes sin saber exactamente hasta cuándo ni hasta cuánto. Una mirada al 2009 siguiendo este método da miedo, a la vista de la caída libre de los indicadores económicos a lo largo de 2008 y del marasmo financiero que reduce las capacidades de financiación de empresas y familias. El año 2009 podría terminar con una caída del PIB del 2%, una tasa de paso del 18% y un déficit público del 6% del PIB.
Al encontrarse con una situación tan delicada, las autoridades se enfrentarán a ella como han venido haciendo: recurriendo a una política presupuestaria expansiva. Pero el déficit público podría superar el 8% en 2010 y pondría un límite a su continuidad, porque a pesar de que hay una cierta relajación al límite por el Pacto de Estabilidad, es muy probable que Bruselas no tolere un déficit tan elevado.
Además, este déficit, al igual que el de los dos años anteriores, se debe estar financiando principalmente con deuda externa, incrementando su enorme nivel que a mediados de 2008 superaba los 1,6 billones de euros, o sea el 160% del PIB, de los que la participación de las entidades de crédito era de 800.000 millones, lo que explicaría la congelación del crédito.
Una deuda externa, por elevada que sea, no debería ser un problema si los fondos obtenidos están debidamente invertidos para poder hacer frente a las cargas por capital e intereses. Pero lo es en este caso, porque una parte muy importante de la misma fue destinada a financiar el consumo. Es decir, la construcción de viviendas. Además, el problema se complica porque esta elevadísima deuda está condenada a aumentar mientras dure la necesidad de financiar el importante déficit corriente exterior que arrastra la economía.
Se va a dar pues la paradoja de que el sector exterior, que es el único que puede impulsar la economía de forma duradera cuando se supere la recesión, va por el contrario y eso es la gran diferencia respecto a crisis anteriores. Primero por el importante efecto contractivo del pago de los intereses de la deuda, pero sobre todo porque habrá que ir reembolsando parte de la misma, lo que supone mayor ahorro. O sea, menores gastos en inversión y en consumo.
Menos mal que la economía tiene en el sector público -incluyendo las empresas públicas- unos amortiguadores importantes, del orden del 50% del PIB que la seguirán impulsando. Así y todo no se puede esperar un crecimiento superior al 1,5% anual en los dos o tres años siguientes a la salida de la recesión. Sin embargo, el potencial de crecimiento se podría acrecentar si se consigue frenar primero e invertir después la caída de la productividad y la competitividad en la industria respecto a Europa (15% y 21% respectivamente desde 2001).
Pero para ello es necesario que se den dos condiciones. La primera, que en algunos mercados de bienes, servicios y factores se lleven a cabo las archisabidas y tantas veces prometidas reformas, nunca realizadas pero indispensables para que los posibles frutos de lo que se invierte en I+D+i puedan ponerse en práctica.
Después, habría que lograr un aumento significativo en la eficacia de las importantes y crecientes sumas que se dedican a ese objetivo.El hecho de que la nueva ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, intente poner orden con una nueva ley de ciencias es un buen comienzo. Cabe además la esperanza de que esto marque el camino a seguir por algunos de los gestores de sectores claves de la economía del nuevo Gobierno que, según todos los indicios, se formará no tardando mucho, porque ya se sabe cuál sería la alternativa.
*Anselmo Calleja es economista y estadístico.
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