La semana pasada vimos cómo el contexto económico y financiero internacional de los próximos 12 meses va a ser extremadamente duro. Pero los riesgos pueden ser incluso más elevados para la economía española. Nuestro crecimiento en el año 2008 apenas ha superado el 1%, lo que supone una de las mayores desaceleraciones dentro de la OCDE, con una evolución del mercado laboral bastante más negativa que la de los países de nuestro entorno, lo cual subraya con nitidez que el crecimiento de los últimos años iba acompañado de graves desequilibrios que nos hacían vulnerables.Resulta cuando menos llamativa la intensidad del deterioro que la práctica totalidad de los indicadores de actividad y empleo han experimentado en los últimos trimestres, lo cual tiñe de pesimismo las proyecciones de los analistas para el año que acaba de iniciarse ahora.
Tras la contracción del crecimiento del tercer trimestre, todo apunta a que el cuarto fue más negativo, lo que supondría una caída de la tasa trimestral de cerca de medio punto. Ello implica, además del reconocimiento formal de la recesión, que la economía española entra en 2009 con una inercia muy desacelerada, lo cual sin duda lastrará el resultado para el conjunto del año.
Además, no se atisba en el corto plazo ningún factor que pueda atemperar dicha tendencia de forma rápida. Ello a pesar de que la caída vertiginosa de la inflación y la reducción de los tipos de interés va a continuar en los próximos meses, lo que en un entorno distinto al actual debería ejercer un impulso extremadamente expansivo sobre una economía tan endeudada como la española.En el actual contexto internacional, aunque con retraso, el BCE continuará la senda de la Reserva Federal estadounidense y no sería extraño que los tipos de intervención se acerquen en un plazo corto al 1%. Ello permitirá que el Euribor converja hacia el 2%, reduciendo en un importe muy notable los costes financieros de las empresas y mejorando la renta disponible de las familias.
A pesar de la importancia de estos factores y de sus efectos positivos, la economía española va a continuar mostrando una tendencia recesiva clara en los próximos trimestres por varios motivos. El primero es que la disponibilidad de nuevo crédito para los residentes en España va a ser muy limitada y su coste, en términos de diferencial, muy elevado. La economía española tiene que desapalancarse, lo que supone que el peso de la deuda en los balances de familias y empresas necesariamente debe reducirse.
Desde el punto de vista macroeconómico esto implica que las familias van a incrementar su tasa de ahorro -reduciendo su consumo- y las empresas se verán obligadas a vender activos, en un contexto de precios a la baja, así como a contraer su inversión. Este proceso, que todavía se encuentra en una fase muy previa, tiene el inconveniente de que deprime la demanda doméstica y el crecimiento.
De este modo, se puede acabar generando una especie de dualidad desde el punto de vista del endeudamiento en España. Por un lado, los endeudados antes del inicio de la crisis financiera, que van a contar con unas condiciones únicas en cuanto a costes financieros; y por otro los que buscan nuevo crédito cuyas condiciones de coste y disponibilidad serán mucho más duras. Pero incluso para los primeros, teóricamente privilegiados, las circunstancias pueden ser complejas, puesto que la caída de la inflación va a ser tan intensa que se van a enfrentar a tipos de interés reales positivos por lo que el efecto expansivo de la caída del Euribor puede ser muy inferior al previsto a priori.
Además, una potencial situación deflacionista elevaría su deuda en términos reales deprimiendo simultáneamente el precio de los activos utilizados como garantía, lo que haría más necesario y doloroso el proceso de desapalancamiento.
El resto de fuerzas recesivas de nuestra economía son bien conocidas: la pérdida de competitividad acumulada y la necesidad de eliminar el exceso de oferta en el sector de la vivienda, lo que continuará impulsando su precio a la baja con el impacto que ello tiene sobre el consumo y la morosidad bancaria. En estas circunstancias, el margen de la política económica para hacer frente a la crisis va a ser muy estrecho. Puede que las bajadas de tipos del BCE en poco tiempo se consideren que son insuficientes para una economía como la española. En ese momento la atención se dirigirá -ya lo está haciendo- a la política fiscal como sustento de la demanda agregada.
Y es aquí donde el proceso de negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica puede resultar perturbador. No tanto, como se ha señalado en algunos análisis, porque vaya a suponer un incremento de gasto público a nivel agregado o del ratio de deuda, que lo va generar, sino porque el margen de maniobra de la administración central en la política presupuestaria se va reducir adicionalmente en un momento especialmente inconveniente.Nunca, desde las decisiones que nos permitieron incorporarnos al euro, la política económica va a ser tan decisiva como en los próximos meses. Perder grados de libertad en un entorno como el actual supone asumir riesgos con un coste potencial extremadamente elevado.
No conozco ningún país que haya renunciado, en este caso para bien, a la autonomía monetaria a favor de un banco central supranacional -el BCE- y esté haciendo lo mismo con la política fiscal a favor de sus entes territoriales y que, además, deje un ámbito de reforma tan vital como la laboral en manos de los interlocutores sociales.En un entorno como el que nos viene, va a ser fundamental tomar decisiones difíciles, y en ocasiones impopulares, y eso sólo lo puede hacer con suficiente credibilidad -incluso por el bien de las propias comunidades autónomas- el Gobierno central.
A lo que más debemos temer no es a la crisis internacional, por grave que parezca, ni a nuestros excesos del pasado, por profundos que hayan sido. A lo único que debemos tener en mi opinión es a las consecuencias de nuestros propios errores.
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