Las normas, que buscan limitar la influencia de los intereses especiales sobre el uso de los fondos, superan a las aprobadas por el gobierno anterior, según voceros del presidente Barack Obama.
Su objetivo es asegurar que la influencia política no afecte el otorgamiento de fondos.
El secretario del Tesoro, Timothy Geithner, que tiene la orden de trabajar con presteza en la desfalleciente economía, anunciaba el martes nuevas medidas para acotar la presencia de intereses particulares en el cuantioso programa de rescate financiero.
Las nuevas normas de la Tesorería limitan el contacto que los funcionarios pueden tener con los cabilderos en relación con la solicitud de fondos del programa de rescate. Las nuevas limitaciones son parecidas a las impuestas al cabildeo político ante los funcionarios del Departamento del Tesoro en asuntos fiscales.
Al presentar al Congreso los informes sobre el uso y destino de los 700.000 millones de dólares del programa de rescate, los funcionarios tendrán que certificar que cada inversión estuvo basada únicamente en criterios objetivos y los hechos de cada caso.
El plan de rescate requiere la publicación de una descripción detallada del proceso revisor realizado en la concesión de los pagos, y ningún banco será considerado en el otorgamiento de esos fondos a no ser que sea recomendado por el principal regulador de la empresa.
Las nuevas normas fueron adoptadas ante los informes entregados al gobierno sobre los cabildeos, según los cuales algunos bancos importantes redoblaron sus gestiones a fines del año pasado pese a recibir miles de millones de dólares del programa de rescate.
El gobierno del presidente George W. Bush distribuyó la primera parte del plan, 350.000 millones de dólares sin restricción alguna, que no impusieron los legisladores, los cuales se quejaron luego del uso que hicieron los beneficiarios de los fondos públicos.
Aunque los legisladores no lograron bloquear la segunda partida de 350.000 millones de dólares, el gobierno de Obama dijo que reformaría su distribución.
Junto con las nuevas normas de cabildeo, el gobierno prometió seguir más de cerca la distribución de préstamos por parte de las instituciones financieras, a fin de asegurar que utilizan an los fondos del erario para descongelar el crédito.
El gobierno de Obama intentó además limitar el salario y compensaciones de los ejecutivos de las instituciones que reciban fondos de los contribuyentes, evitando que los accionistas de esas firmas se beneficien a costa del erario.
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