La agencia de rating materializó el lunes su advertencia lanzada hace una semana de rebajar el rating de la deuda pública española a largo plazo, cuando indicó que la incluyó en su lista de vigilancia con implicaciones negativas.
Las Obligaciones españolas a 10 años cotizaban estables en el mercado secundario con una rentabilidad del 4,15 por ciento. El diferencial frente a su homólogo alemán también permanecía sin cambios en torno a los 115 puntos básicos.
Desde el Gobierno no se ocultaron sentimientos que indicaban desde un profundo desagrado por la decisión de S&P hasta una cierta resignación.
"Me parece injusto por la trayectoria fiscal de este Gobierno, que siempre ha defendido la política de estabilidad presupuestaria", dijo un alto cargo del Gobierno español a Reuters en una comunicación telefónica.
Los mercados de deuda pública de los países de la eurozona han reaccionado con una ampliación del diferencial de sus respectivos bonos frente a la referencia alemana, el Bund, a 10 años, considerada más segura y líquida.
Una fuente de La Moncloa dijo que no existían razones objetivas para recortar el rating de la deuda pública española cuando había países del euro con un mayor ratio entre su deuda y el Producto Interior Bruto (PIB).
La portavoz del ministerio de Economía dijo que, basándose en datos de la Comisión Europea, el ratio entre la deuda pública española y su PIB se situaba en un 47 por ciento, 20 puntos porcentuales por debajo de la medida de la Unión.
De las tres principales agencias de rating, Moodys y Fitch, mantenían su máxima calificación de la deuda a largo de España.
Como consecuencia del fuerte parón económico que atraviesa España ante el desplome del sector de la construcción - hasta no hace mucho el principal motor de su crecimiento - sumado a la crisis financiera global, las cuentas públicas han pasado rápidamente a un déficit desde su anterior superávit.
El Estado registró un saldo negativo hasta octubre en términos de Contabilidad Nacional de 8.585 millones de euros, equivalente a un 0,78 por del PIB.
El Gobierno, que presentó el viernes sus nuevas previsiones macroeconómicas para España entre los años 2008 y 2011, estableció un déficit para cada año de este período superior al límite del 3,0 por ciento previsto por Bruselas. En concreto, dijo que en 2009 el déficit total de las administraciones públicas ascenderá al 5,8 por ciento del PIB, el más alto de todo el período cuatrienal.
Esta situación obligará al Tesoro Público a ampliar la captación de financiación, frente a años anteriores, pero analistas dijeron que la tesorería estatal no tendrá problemas para colocar su papel en el mercado gracias a las expectativas de nuevas rebajas de los tipos de interés en Europa ante la persistente debilidad de las economías de la zona.
Adicionalmente, expertos dijeron que ante la incertidumbre reinante en los mercados financieros, la deuda pública continúa ejerciendo de refugio para la inversión temerosa.
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