domingo, 18 de enero de 2009

Los inversores ya recelan de la marca 'España'

MADRID.- La semana ha sido negra para la imagen de la economía española en el extranjero. El martes, Spain se abría hueco en la portada de los dos principales diarios financieros del mundo: The Wall Street Journal y Financial Times. El primero hablaba de las investigaciones abiertas contra el primer banco español, el Santander, por su implicación en la estafa de Bernard Madoff. El segundo se hacía eco de la decisión de Standard&Poor's (S&P) de poner bajo vigilancia negativa la calificación de la deuda española, que por ahora mantiene la máxima nota: Triple A.

Pero el simple anuncio de la agencia de rating provocará un castigo notable a la economía española, al elevarse el coste de la deuda.El Estado había previsto, inicialmente, unas emisiones de deuda brutas de 104.500 millones de euros para este año (con unas amortizaciones de 76.000 millones), revela "El Mundo".

Sin embargo, los diferentes planes de revitalización de la economía, como las inyecciones de liquidez a la banca, el fondo para ayuntamientos o la línea para financiar circulante a pymes del ICO disparan la factura hasta los 170.500 millones de euros. Una cifra a la que se añade el mayor déficit que tendrá la economía nacional, que generará una necesidad de financiación no prevista de cerca de 40.000 millones de euros.

Según las estimaciones de diversos analistas consultados por este diario, el simple anuncio de vigilancia negativa por parte de S&P a la deuda soberana española provoca de por sí un sobrecoste de 0,2 puntos porcentuales.

Teniendo en cuenta las emisiones previstas por el Estado, la factura del deterioro de nuestra economía ronda los 475 millones de euros. Porque a los más de 210.000 millones de euros en emisiones brutas por parte del Tesoro este año hay que sumar los 27.000 millones que captará el Instituto de Crédito Oficial en el mercado, con una penalización, según esa tesis, de 54 millones de euros.

Los primeros recibos de esa factura se han visto esta misma semana.El Estado emitió el jueves obligaciones a 30 años a un precio del 4,84%. Un mes antes, el 18 de diciembre, había pagado el 4,19%. Y el ICO, que el martes lanzó una emisión de bonos por 1.000 millones de euros, pagó un sobreprecio de 30 puntos básicos frente al diferencial, ya de por sí alto (de un punto) entre el bono alemán y el español.

El Gobierno, eso sí, va a tener algunos elementos a su favor que van a amortiguar la penalización sufrida como consecuencia de la decisión de S&P. La primera de ellas es la bajada del precio del dinero, con la que ni el Ejecutivo (ni ningún analista) contaba el pasado mes de septiembre. En los Presupuestos para 2009, el Ministerio de Economía calculó un coste medio del Euribor a tres meses del 4,3%. El viernes, sin embargo, este indicador cotizaba al 2,45%, y no para de caer.

La «vigilancia negativa» del rating de España no viene precisamente en el mejor momento, ahora que los analistas coinciden en señalar la deuda estatal y corporativa como el mejor activo de inversión.

La última revisión de S&P sobre la solvencia del Reino de España no sólo ha tenido un efecto inmediato en el encarecimiento de la deuda, también en los denominados Credit Default Swap (CDS), los seguros que cubren la deuda emitida ante el riesgo de quiebra de una compañía. Cuando la solvencia de ésta se pone en duda, los CDS se disparan en el mercado, donde cotizan igual que otros activos como bonos o acciones. Es como el seguro de un coche, que será más caro cuanto más viejo sea el vehículo o más probabilidades haya de que tenga que repararse.

Pues bien, el Credit Default Swap del bono español a 10 años cotiza ahora en 129 puntos básicos, muy cerca de los 140 que registró en octubre, en lo que fue su máximo histórico. Además, la diferencia entre este bono y el alemán alcanza los 100 puntos básicos, la más elevada de la historia. Esto quiere decir que España debe pagar la deuda que emita bastante más cara que Alemania, un país de referencia en el mercado de renta fija.

Mike Zelouf, director de Operaciones de Wester Asset Management, gestora del Grupo Legg Mason, señala que su compañía no tiene posiciones en deuda pública española, ya que «les sigue preocupando que el incremento de déficits presupuestarios de la eurozona amplíe el diferencial existente entre el bono alemán y el mercado de bonos de los países periféricos como España, Italia y Grecia».

Aun así, varias gestoras y casas de análisis han destacado en el inicio del ejercicio las altas rentabilidades que puede ofrecer la deuda estatal y corporativa en un entorno de dificultades en la renta variable y de tipos de interés históricamente bajos.UBS, por ejemplo, recomendó recientemente optar por los bonos senior de compañías como Telefónica o Santander y por la deuda pública española, con un diferencial respecto a otros estados europeos que resulta favorable para los inversores.

Sin embargo, mayor rentabilidad equivale a mayor riesgo, como pone de manifiesto el rating de S&P, que sitúa a España en la misma franja de calificación que países como Grecia o Portugal.Y lo mismo sucede en los bancos españoles, cuyos CDS se han disparado en la última semana debido al hecho de que buena parte de la deuda que emitirán dependerán de los avales del Gobierno. El caso del Santander es significativo: la prima de riesgo se situa hoy en 109 puntos básicos frente a los 68 de hace sólo una semana.En el BBVA la situación es parecida, con una subida de la prima hasta los 100 puntos básicos frente a los 18 que ha mantenido de media en los últimos años.

«En ningún caso este resultado puede considerarse positivo para las empresas españolas», señalan en M&G. «Incluso empresas como Telefónica o Iberdrola han sufrido fuertes aumentos de sus CDS».El resultado es un encarecimiento de la deuda que deberán emitir para cubrir la refinanciación de sus créditos. Y justo ahora es un momento clave: sólo la banca española hará frente en 2009 a la amortización de 60.000 millones de deuda.

Las CCAA sufren un superávit artificial

La crisis ha demostrado que el superávit fiscal del que tanto presumió el Gobierno era tan artificial como la edificación de casi un millón de viviendas cada año. Esa actividad, intensa en mano de obra, reforzaba los ingresos fiscales por la vía del IRPF vía salario de los obreros. A eso se sumaban los millonarios beneficios obtenidos por las promotoras, que dejaban a rebosar el Impuesto de Sociedades. Y la compraventa de pisos dejaba más ingresos por IVA, Actos Jurídicos Documentados, Transmisiones Patrimoniales y plusvalías. Pero ahora hay paro (menos IRPF), quiebras de empresa (menos Sociedades) y no se venden pisos (menos de todo lo demás), lo que castiga especialmente a las autonomías.Quizá por ello, apenas un día después de que Standard & Poor's pusiera bajo vigilancia negativa el 'rating' del Reino de España, Fitch, otra de las agencias de calificación de riesgo de mayor renombre internacional, advirtió de que podría rebajar su calificación a las comunidades autónomas «si las dificultades económicas se prolongaran y los déficit fueran considerablemente mayores a los que se espera».

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