sábado, 3 de enero de 2009

México cierra el año con 5.630 asesinatos de los narcos y el crimen organizado

MÉXICO.- El presidente Felipe Calderón, que dedicó los últimos días del año pasado a «actividades personales», envió un mensaje contundente al crimen organizado el primer día de enero con la promulgación de una nueva ley fundamental para combatir a la delincuencia de manera eficaz, informa "Abc".

El propósito de la nueva normativa es «garantizar tanto una responsabilidad compartida como una acción efectiva entre los distintos órganos de gobierno» federal, los de los 32 estados del país, y en los más de 2.500 municipios, «en materia de seguridad pública», detalló en el anuncio la Presidencia.

Menos de un mes después de que la aprobara el Congreso, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece un nuevo modelo de seguridad pública nacional en México, un país que en 2008 registró una cifra récord de crímenes violentos asociados con el narcotráfico.

Los datos extraoficiales publicados por la prensa dan 5.630 homicidios, en el caso del diario «El Universal» (+110 por ciento respecto a 2007), y 5.207, en el recuento de «Reforma» (+129 por ciento), cifras alarmantes en cualquier caso.

El Gobierno, que deberá hacer públicos los datos definitivos dentro de unas semanas, continúa teniendo como prioridad la lucha frontal contra los cárteles de la droga, para la que en sus dos primeros años de mandato ha movilizado a unos 30.000 soldados por todo el país.

En muchas de las zonas donde actúan lo hacen porque las policías locales habían sido corrompidas por el dinero del narcotráfico o porque las autoridades estatales preferían mirar hacia otro lado ante la poderosa delincuencia organizada.

Con la nueva ley, el Gobierno mexicano crea el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), que encabezará el presidente de México e integrarán el Procurador General (Fiscal), cuatro ministros, los gobernadores del país y representes municipales.

Además el Ejecutivo tiene entre seis meses y un año para crear el Centro Nacional de Información, que administrará y resguardará bases de datos y tendrá fichas de todos los servidores públicos dedicados a seguridad.

También prevé la ley la creación de un Sistema Único de Información Criminal que centralice la muy atomizada lista de delincuentes o personas sometidas a proceso en cualquier fase en que se encuentre.

Otro avance será la puesta en marcha de centros de acreditación y control de confianza que certificarán a los policías e intentarán separar de las corporaciones a los que se coludan con los criminales, así como mejorar la prevención y rendición de cuentas.

También está previsto crear esquemas que permitan la participación de la ciudadanía en las labores de lucha contra el crimen y de atención a víctimas, muy olvidadas hasta ahora.

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