Los afectados solicitan al banco que asuma las responsabilidades por la depreciación de la valoración del fondo y la situación que sufren sus partícipes, provocada por la suspensión de las liquidaciones por dos años, explicó el bufete.
Así, los abogados valoraron que la medida adoptada por Santander Real State, gestora del fondo, "a pesar de ser legal, no deja de ser inusual y única frente a otras gestoras de fondos de esta naturaleza", lo que hace que sea "más lesiva para el interés de los participes".
Según explicaron los abogados, la propuesta ofrecida por la entidad ha puesto a los afectados ante la alternativa de pedir un rescate de sus participaciones en el mes de febrero con "relevantes minusvalías", ante la imposibilidad de tener acceso a más del 10 % del valor liquidativo de las mismas y con la necesidad de permanecer cautivos por dos años dentro del fondo.
Los especialistas del despacho reconocieron que este mecanismo está previsto en la normativa vigente (Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre) y depende de la autorización de la CNMV.
Sin embargo, advirtieron de que la gestora "no ha abordado otras posibles soluciones, como permitir el rescate de las posiciones de los inversores sin que les afecte ningún tipo de tasación extraordinaria de los inmuebles o, por ejemplo, la hipoteca de los activos como medio de obtener crédito para atender reintegros".
Los inversores afectados llamaron la atención sobre la labor de "estímulo de la retirada de inversiones" llevaba a cabo por el Santander, que hace "difícil sostener que el propio banco no ha impulsado, estimulado y, en ese sentido, forzado, que se activen los mecanismos que permiten la suspensión", explicó el bufete.
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