Deuda pública sobre privada / Luis de Guindos

La iniciativa más reciente ha sido la del Gobierno alemán de Angela Merkel, que hasta no hace mucho mostraba su escepticismo sobre la necesidad de un macroplán de estímulo fiscal. En concreto, ha aprobado un nuevo programa de expansión presupuestaria de 50.000 millones de euros, lo cual deja incluso pequeños a los planes de estímulo anunciados por otros gobiernos europeos que tradicionalmente han sido mucho más pródigos en cuestiones fiscales que los alemanes.

Las razones para este cambio son de distinto tipo. Por un lado, la percepción de que la recesión se extiende con intensidad y rapidez. Por otro, la impresión de que la política monetaria es incapaz, en el entorno actual, de estimular la demanda agregada y que nos encontramos en una especie de trampa de la liquidez en la que las bajadas de tipos y las inyecciones monetarias de los bancos centrales no se transforman en nuevo crédito para empresas y familias.

Ante esta situación, la respuesta de política económica ha sido doble. Primero, conceder directamente crédito vía adquisición de bonos o papel comercial por parte del banco central, lo que supone expandir su balance. De este modo, los bancos centrales -en concreto la Reserva Federal y el Banco de Japón- se saltan el habitual canal de transmisión monetaria, los bancos, y generan crédito para el sector no financiero por sí mismos.

En segundo lugar, los programas de estímulo fiscal dirigidos a compensar la caída de la demanda agregada -consumo, inversión y exportaciones- que se está dando prácticamente en todos los países. Estos programas discrecionales van mucho más allá de lo que es la expansión fiscal habitual, que tiene lugar vía los estabilizadores automáticos, es decir, caída de ingresos y aumentos de gasto ligados al ciclo.

Un inconveniente -aunque seguramente sea una ventaja para sus defensores- de la política fiscal es la dificultad de medir su impacto en la economía. Por varios motivos. Para empezar, los programas de expansión fiscal no se dan nunca en las mismas condiciones, y existen dudas de cuándo empezar a medir sus efectos; si en el momento de entrar en vigor o cuando se anuncian. Además, no podemos saber lo que hubiera ocurrido en su ausencia.

Pero lo más relevante es que las expansiones fiscales, aumento de gasto y/o reducción de impuestos, hay que financiarlas con deuda o con inflación, que es lo que ocurre cuando los déficit se monetizan.

Sin embargo, vivimos un momento en que todas estas dudas sobre la política fiscal, que han sido ampliamente analizadas por economistas académicos en las últimas tres décadas, parecen no importar.Lo que importa ahora es que el estímulo fiscal sea lo suficientemente grande como para que no haya dudas ante la posibilidad de quedarnos cortos.

En ello influyen dos elementos. Primero, las incertidumbres sobre la capacidad y efectividad de la política monetaria, que de algún modo también se extienden al propio funcionamiento del libre mercado. En segundo lugar, uno de los mayores defensores de un programa de estímulo fiscal es el nuevo presidente de Estados Unidos, que acaba de anunciar un plan adicional de cerca de un billón de dólares.

De alguna forma, Obama parece buscar un paralelismo histórico con el New Deal de Roosevelt y con la creencia de que dicho programa permitió sacar a Estados Unidos de la Gran Depresión en los años 30, de lo que existen bastantes dudas.

Y las cifras que nos llegan del otro lado del Atlántico son impresionantes.Antes del último plan de estímulo anunciado por Obama, la oficina presupuestaria del Congreso americano había proyectado para el ejercicio 2009, que acaba el 30 de septiembre, un déficit del 8,3% del PIB, que es el más elevado desde final de la Segunda Guerra Mundial, muy superior al récord del año 83 (el 6%).

A estas cifras hay que añadir el nuevo programa de estímulo anunciado con posterioridad, y que entre nuevo gasto y rebajas de impuestos supone algo más de 800.000 millones de dólares. Con estas cuantías, el déficit público americano podría superar fácilmente el 12%, y el peso del gasto público en la economía acercarse al 27,5% del PIB, excediendo ampliamente el máximo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que se dio en el ejercicio de 1985 con el 23,5%.

Con este precedente que proviene del nuevo referente al otro lado del Atlántico, no resulta extraño que la discusión se esté centrando en el tamaño más que en la calidad de los estímulos fiscales y si efectivamente sus componentes serán eficaces o no.

Además, no se está prestando prácticamente atención al tsunami de deuda pública que los mismos van a generar para su financiación.En concreto, en el caso de EEUU se esperan emisiones en los próximos 12 meses de cerca de dos billones de dólares, el 14% del PIB americano, y los gobiernos europeos, sólo en el primer trimestre, deben emitir 350.000 millones.

Con este tipo de planteamientos puede que estemos olvidando cuál es el origen real de la crisis y cómo se debe salir de la misma.Esta crisis se ha producido por un exceso de endeudamiento, y su corolario ha sido una sobrevaloración de una serie de activos que se adquirieron gracias a una disponibilidad prácticamente sin límites de dicha deuda.

La salida de la crisis pasa necesariamente por una reducción de dicho nivel de deuda en los agentes y por una caída importante del precio de los activos, ya sean inmobiliarios, de renta variable o materias primas. Ello va a suponer que la tasa de ahorro de las familias y las empresas debe aumentar, lo que llevará a una caída del consumo y de la inversión en equipo y construcción, que en última instancia limitará abruptamente el crecimiento y elevará el desempleo.

La política fiscal puede intentar minimizar los costes sociales (que serán importantes) del ajuste, pero lo que no puede hacer es evitar dicho ajuste. Lo peor que nos podría ocurrir es que a un problema de deuda privada acabemos añadiendo otro de deuda pública. Ello simplemente alargaría la duración del ajuste y, al final, lo acabaría haciendo más doloroso.

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