"Cesamos la comercialización de productos agropecuarios", desde el viernes hasta el martes, dijo Mario Llambías, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), en conferencia de prensa.
La huelga no afectará la provisión de leche, frutas, hortalizas y alimentos para hacienda, añadió Llambías.
La medida de fuerza fue anunciada minutos después de que las entidades recibieran una invitación del gobierno a una reunión el próximo martes con la ministra de Producción, Débora Giorgi.
"La Comisión de Enlace (que agrupa a las entidades) ha resuelto aceptar la invitación de la ministra teniendo en cuenta que no vamos a aceptar condicionamientos de los temas a tratar, incluidas las retenciones (gravámenes a la exportación de granos)", dijo el titular de CRA.
Los ruralistas piden que se suspendan las retenciones para compensar las pérdidas que sufrieron por la caída en los precios internacionales de las materias primas y la sequía que afecta al país --la peor en más de tres décadas--.
Pero la presidenta Cristina Fernández, que suele aludir negativamente al sector en cada acto público, ha advertido que la suspensión de impuestos no es discutible.
Argentina es uno de los mayores proveedores mundiales de soja, maíz, trigo y carne. La caída en el rendimiento de la producción por la sequía sumada a la baja en el precio internacional de los granos tendrá un fuerte impacto económico.
Analistas privados estiman que durante la actual campaña el sector agropecuario tendrá pérdidas por unos 5.000 millones de dólares. El Estado, por su parte, perderá unos 4.300 millones de dólares en ingresos por exportaciones e impuestos en un año con abultados vencimientos de deuda y dificultades para acceder al crédito por la crisis financiera global.
Fernández mantiene una tensa relación con el sector agropecuario desde que en marzo del año pasado intentó imponer un nuevo esquema de retenciones que ataba la tasa del impuesto al precio de los granos en el mercado internacional.
La reforma impositiva, que en julio fue finalmente rechazada por el Congreso, desembocó en varias huelgas agropecuarias y bloqueos de rutas que durante cuatro meses paralizaron el país y afectaron el abastecimiento de alimentos.
Horas antes, durante un acto en la residencia presidencial de Olivos, la mandataria aseguró que el gobierno tiene voluntad de dialogar pero acusó a las entidades del campo de no querer renunciar a sus privilegios.
"Hay sectores, pequeños pero muy poderosos, que muchas veces saben que reconocer el derecho de otros significa renunciar a los privilegios o a una partecita de los privilegios que han tenido... Estas cosas cuestan también, no te las perdonan. Pero no estoy para ser perdonada ni para servir a esos sectores que tradicionalmente se han beneficiado del trabajo de otros. Estoy para servir a todos los argentinos", dijo la presidenta.
Entre diciembre y enero Fernández dispuso una rebaja diferenciada en las retenciones al trigo y maíz, suspendió por seis meses la resolución que impide la faena de animales menores de 280 kilos --para evitar que el ganado muera por la falta de agua y pasturas-- y anunció un plan de financiación para la compra de maquinaria metalmecánica.
El sector agropecuario considera que las medidas son insuficientes.
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