lunes, 16 de febrero de 2009

El Gobierno español aliviará el retraso de las Administraciones en el pago a las empresas

MADRID.- El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, adelantó hoy que el Gobierno está trabajando en algunas medidas para aliviar los problemas que tienen que afrontar las empresas como consecuencia de que algunas administraciones no pagan las deudas "en un tiempo razonable".

Así lo puso de manifiesto durante un almuerzo organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), donde admitió que la iniciativa podría funcionar a través del ICO y que el Gobierno es rápido en la puesta en marcha de medidas, por lo que llegarán "más en semanas que en meses".

Admitió el problema del retraso en el pago de las deudas, aunque indicó que "no necesariamente" se da en "la magnitud" que a veces se pone de manifiesto. Así, aseguró que los ayuntamientos siempre han pagado "con cierto retraso", superior al plazo de 60 días que marca la Administración Central, periodo de tiempo que, según dijo, puede haberse deteriorado como consecuencia de la crisis económica.

Ocaña no quiso concretar a cuánto ascienden las facturas pendientes por parte de las administraciones públicas, ya que aseguró que el Gobierno no tiene una "evidencia directa" de esta cantidad, aunque consideró que la cifra de 30.000 millones que publican algunos medios quizá lleve consigo "cierta exageración".

Por otro lado y tras repasar las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno para hacer frente a la crisis, consideró que es pronto para cuantificar su impacto, pero recordó que 28.000 empresas han solicitado ya la devolución anticipada de IVA y que el Gobierno ha recibido más de 650.000 solicitudes para el aplazamiento de la deuda de los contribuyentes, de las que el 65% se han resuelto favorablemente, lo que supone "cierto alivio" para los ciudadanos.

En concreto, adelantó que el Gobierno ha recibido 655.979 solicitudes por un valor de 9.580 millones de euros, lo que supone un incremento del 10% en comparación con 2007, cuando se registraron 504.195 solicitudes por importe de 6.162 millones de euros.

Del total de las solicitudes de 2008, 420.620 se han resuelto favorablemente (3.675 millones de euros), lo que supone un incremento del 21% en comparación con el año anterior, año en el que se resolvieron 345.759 solicitudes (2.539 millones de euros).

Ocaña recordó además la puesta en marcha del fondo de inversión local que, según indicó, se está ejecutando en estos momentos, y aseguró que la suma de estas y otras iniciativas ha supuesto un gasto fiscal del 2% del PIB en 2008. Si se tiene en cuenta lo aprobado y comprometido para 2009, añadió que el impacto asciende al 2,4% del PIB.

Aún así, insistió en que es "prematuro" sacar conclusiones sobre el impacto de estas iniciativas, porque será en 2009 cuando se verá el efecto real de las medidas, y aprovechó para recordar que el margen para adoptar nuevas medias se ha agotado, por lo que admitió que, si finalmente se desarrollan nuevas iniciativas, éstas tendrán que ir acompañadas de la reasignación de los recursos actuales.

"No nos queda margen, estamos en el límite", señaló el secretario de Estado, quien, sin embargo, recordó que la puesta en marcha de medidas de tipo financiero, como las líneas de liquidez del ICO, no suponen un aumento del gasto público.

Además, descartó de plano la posibilidad de acometer nuevas rebajas de impuestos, a pesar de que son muchas las peticiones de otros sectores económicos en este sentido. "En este contexto no sería razonable ahondar mucho más en la reducción de impuestos, hay un límite y está muy cerca de donde nos encontramos ahora", indicó.

"No creemos que sea un buen momento para reducir impuestos", aseveró Ocaña, tras asegurar que la relación entre impuestos bajos y crecimiento económico "no es tan evidente", ya que el nivel fiscal no determina el mayor o menor crecimiento de un país.

En este sentido, afirmó que el Gobierno considera que actualmente hay cierto "equilibrio" en la carga impositiva, por lo que descartó la posibilidad de subir el IVA para compensar un descenso de las cotizaciones porque, en su opinión, no ayudaría tanto al consumo y no supondría muchas aportaciones en términos de creación de empleo.

Preguntado por la efectividad de la deducción de 400 euros en el IRPF, Ocaña admitió que las arcas públicas estarían mejor ahora sin esa medida y que las condiciones en las que se puso en marcha eran muy diferentas a las actuales, aunque se mostró convencido de que, al menos una parte de los 400 euros, se ha gastado ya y han tenido cierto efecto en el consumo. "En otro contexto, hubiera estado centrada en rentas más bajas", admitió.

Aunque apostó por usar el "juego que dan las cuentas públicas", recordó que el presupuesto "no lo aguanta todo" y advirtió de que en los próximos años España tendrá que preocuparse de sostener el gasto para volver al equilibrio, al tiempo que se mostró convencido de que las cuentas públicas recuperarán la normalidad.

Así, señaló que entrar en déficit es lo que "simplemente tiene que ocurrir ahora" y aseguró que no crea un problema de sostenibilidad, aunque advirtió del peligro de hacer que esta situación se vuelva "sistémica".

"Hay que volver al equilibrio, lo que nos pone por delante una tarea dura", indicó Ocaña, que eludió dar cifras concretas y aseguró que será el propio vicepresidente económico, Pedro Solbes, el que las actualice si es necesario tras la presentación del cierre del 2008. "No me toca hoy", indicó.

En cuanto a la salida de la crisis, se mostró optimista de cara al fin de las turbulencias financieras internacionales y resaltó la importancia de adoptar medidas de carácter interno que permitan la reasignación del empleo que se ha destruido en la construcción, porque el sector nunca volverá a crear tanto empleo y porque el país "no puede ni debe" volver a lo de antes.

"Tenemos que reinventarnos y crear empleo en otros sectores", aseveró Ocaña, tras recordar que el país conseguirá una composición distinta de su economía, algo que consideró "doloroso, pero no malo" de cara al futuro.

Preguntado por el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) que pone en tela de juicio las medidas del Gobierno, Ocaña consideró que compara "peras con manzanas" porque no tiene en cuenta el impacto del gasto público que se ha aprobado en España en 2008. "Tengo serias dudas sobre la metodología con la que se ha elaborado", señaló, tras admitir que no está de acuerdo con sus conclusiones.

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