El Gobierno español creará una nueva línea ICO para medianas empresas

MADRID.- El Gobierno quiere abrir una nueva línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para facilitar liquidez a medianas empresas que, siendo "solventes y viables", tengan problemas para financiar su capital circulante en la actual situación financiera.

Esta nueva línea de crédito sería parecida a la existente línea ICO-Liquidez, aunque en este caso estaría dirigida a empresas cuyo volumen de negocio se sitúe entre 50 y 300 millones de euros, y sus activos, entre 43 y 500 millones de euros.

Así consta en el documento de propuestas que el Ministerio de Trabajo e Inmigración ha hecho llegar a sindicatos y empresarios para su discusión en el diálogo social.

En el texto, de cinco páginas, el Gobierno plantea 10 medidas que considera "urgentes" para la mejora de la protección de los desempleados y el mantenimiento y generación de empleo. Algunas de estas propuestas podrían ser objeto de la comparecencia, mañana, del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ante el Congreso de los Diputados.

Nueve de las diez medidas contenidas en este documento necesitan de la intervención del Ejecutivo para ver la luz. Pero hay una que sólo está en manos de los agentes sociales, ya que tiene que ver con la negociación de los convenios colectivos.

Lo que plantea Trabajo es más una petición que otra cosa. Dice, textualmente, que "sería muy positivo" que el acuerdo interconfederal de negociación colectiva (ANC) para 2009, actualmente en discusión por parte de empresarios y sindicatos, incluyera la recomendación, de manera excepcional para este año y quizá el próximo, de ser "flexible" a la hora de aceptar cláusulas de descuelgue (posibilidad de que las empresas obvien los incrementos salariales pactados), siempre y cuando se hayan firmado acuerdos entre ambas partes que supongan el mantenimiento del empleo.

Para el Ministerio que dirige Celestino Corbacho, un acuerdo sobre estas cuestiones "podría constituir un importante y significativo arranque" de la nueva etapa de diálogo social, "y dar pie, una vez confirmada la confianza entre las partes, a nuevos acuerdos más ambiciosos sobre medidas dirigidas a impulsar la colocación, fomentar la contratación, afrontar el absetismo, revisar las tarifas de accidentes de trabajo o culminar la integración del Régimen Agrario de la Seguridad Social".

En este documento, y con el objetivo de asegurar el mantenimiento "íntegro" del sistema de protección por desempleo, el Gobierno se compromete a poner el dinero que sea necesario vía Presupuestos Generales del Estado para que los parados cobren sus prestaciones. Trabajo estima que esta medida implicará un gasto adicional de 10.000 millones de euros sobre lo ya presupuestado para 2009.

Para evitar que los desempleados que agoten la prestación contributiva por desempleo tengan que esperar un mes para recibir el subsidio, con el consiguiente vacío de rentas que ello supone, el Ministerio propone eliminar los periodos de espera exigidos para acceder a dichos subsidios. En definitiva, se trataría únicamente de adelantar la prestación asistencial, lo que no implicaría, pues, ningún coste adicional.

Como ya avanzó hace unos días el ministro Corbacho, también es intención del Ministerio, y así quiere negociarlo con los agentes sociales, que los trabajadores sujetos a expedientes de regulación de empleo de suspensión temporal que luego devienen en definitivos, extinguiéndose así su relación laboral, vean repuestos los periodos de prestación por desempleo consumidos durante el ERE temporal, lo que se denomina usualmente como 'poner el contador a cero'.

Sería una medida coyuntural, a aplicar con los trabajadores afectados en 2008 y 2009, y su coste oscilaría entre los 255 y los 319 millones de euros. Trabajo calcula que la mayor parte de estas reposiciones de la prestación tendrían lugar entre 2010 y 2011.

También en el caso de los ERE de suspensión temporal que se realicen en 2009, el Ministerio propone bonificar en un 50% las cuotas empresariales a la Seguridad Social, excluída la incapacidad temporal, en aquellos supuestos en los que el empresario se comprometa a mantener el empleo en la empresa durante, al menos, un año después de la suspensión. El coste de esta medida se estima en 134 millones de euros.

Otra de las medidas que plantea Trabajo es la de utilizar una parte de las prestaciones contributivas pendientes de recibir por el desempleado como una bonificación para que las empresas les contraten indefinidamente. Esta bonificación será un porcentaje de los derechos de la prestación por cobrar y su duración dependerá de la cuantía de la prestación pendiente de recibir en el momento de la contratación.

Será una medida voluntaria para aquellos parados que deseen acogerse a la misma y se exigirá que el desempleado haya sido demandante de empleo durante al menos tres meses y que las empresas que perciban la bonificación se comprometan a mantener el empleo.

El Departamento que dirige Celestino Corbacho propone además mejorar las bonificaciones para hacer más atractiva la contratación a tiempo parcial, bien modulándolas en función de las características de los trabajadores, bien en función de las de las empresas; y reforzar los servicios públicos de empleo con la instauración de un sistema de orientación profesional. Para ello, mantendrá los 1.500 orientadores laborales ya contratados, lo que implicará un coste de 100 millones de euros.

Por último y como ya confirmó la propia vicepresidenta primera del Gobierno el pasado viernes, se retrasarán hasta final de año las dotaciones que suelen efectuarse en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social en los meses de febrero y julio.

El objetivo es disponer del superávit del sistema, que en 2008 fue de 14.428 millones de euros, para que la Seguridad Social tenga margen de maniobra en previsión de que aumenten las empresas que quieran aplazar sus pagos al sistema.