WASHINGTON.- Líderes demócratas y republicanos del Senado de EEUU han alcanzado un acuerdo tentativo sobre 780.000 millones de dólares para el plan de estímulo económico, según informaciones de varias cadenas de televisión. El acuerdo es resultado de una semana de intensas negociaciones sobre cómo reducir el gasto fiscal del plan de estímulo, lo que allana el camino para su votación definitiva.
El senador demócrata Charles Schumer cree que el plan de estímulo no cuenta con los 60 votos mínimos necesarios para ser aprobado en el pleno de la cámara alta. Por su parte, la senadora republicana Susan Collins, que ayudó a negociar el acuerdo, tampoco tiene esperanzas de que se apruebe.
En todo caso, la versión que salga del Senado tendrá que ser armonizada con la de 819.000 millones de dólares que aprobó la Cámara de Representantes la semana pasada. Antes de pactar el acuerdo, la versión del Senado había superado los 920.000 millones de dólares.
Sin embargo, un grupo de 20 senadores republicanos y demócratas, de corte moderado en lo que se refiere a materia fiscal, continúa presionando por cambios drásticos en el plan, a través de una reducción del componente fiscal del proyecto.
El acuerdo se ha alcanzado tras fuertes presiones del presidente Barack Obama, que quiere promulgar el plan de estímulo para antes del próximo 16 de febrero. "Es injustificable e irresponsable atrancarse en distracciones y retrasos mientras millones de estadounidenses pierden su trabajo", ha denunciado Obama en la ceremonia de presentación de los 15 miembros del Consejo Asesor para la Recuperación Económica.
Así, Obama ha enviado hoy al Capitolio a su jefe de Gabinete, Rahm Emanuel, quien se reunió con el líder de la mayoría demócrata, Harry Reid, que, a su vez, se ha mantenido en contacto con el mandatario estadounidense y su personal.
El plan de estímulo prevé crear o preservar entre tres y cuatro millones de empleos en los próximos dos años, a través de recortes tributarios para las familias y negocios, y fuertes inversiones sociales y en la infraestructura nacional.
El Congreso busca aprobar el proyecto de reactivación económica, que figura como la principal prioridad legislativa de la Casa Blanca, en unos momentos en que la crisis económica causa despidos masivos en casi todas las industrias.
Mientras, los gobiernos locales y estatales también presionan al Congreso para que los políticos no se olviden de las precarias condiciones económicas que afrontan. Al menos 46 de los 50 estados de la nación afrontan crisis presupuestarias que los han obligado a despedir a empleados y recortar fondos para servicios sociales y obras públicas.
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