Los derechos especiales que el Estado tiene en Galp ya fueron motivo de diversos avisos por parte de Bruselas, que ahora ha decidido actuar, argumentando que la capacidad de intervención del Estado en la gestión de la empresa, que es posible gracias a esos derechos especiales, constituye un impedimento a la libre circulación de capitales y tiende a tener efectos discriminatorios, en la medida que "desanima inversiones de otros Estado miembros" en la petrolera.
La estatal CGD controla un 1% del capital de Galp, pero tiene derechos especiales en la petrolera, gracias a un acuerdo parasocial firmado con e resto de los accionistas, como Amorín Energía y los italianos de Eni.
La Comisión también anunció que va a intentar otra acción contra Portugal en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en virtud de las disposiciones fiscales que obligan a los contribuyentes no residentes a nombrar un representante fiscal si tiene rendimientos tributables en Portugal, por considerar que es incompatible con la libre circulación de personas y capitales.
Aunque la Comisión reconoce que el objetivo de esa exigencia es garantizar el pago de los impuestos y evitar la fuga fiscal, considera que la obligación de nombrar un representante fiscal a los no residentes excede lo necesario para asegurar los referidos objetivos y obstaculiza la libre circulación de personas y capitales.
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