martes, 3 de febrero de 2009

La corrupción en la petrolera estatal boliviana siembra dudas

LA PAZ.- Un sonado caso de corrupción en la petrolera estatal de Bolivia -que ya se cobró la cabeza de su principal directivo, Santos Ramírez, hombre fuerte del presidente del país, Evo Morales- abre interrogantes sobre la capacidad del Estado para llevar a cabo la nacionalización de los recursos naturales.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la petrolera estatal, debió ser empresa estrella bajo la administración del Estado después de la nacionalización de los hidrocarburos en 2006, pero fue invadida por la "corrupción y la burocracia", según un análisis en diciembre del presidente Morales.

La advertencia del mandatario hizo que el destituido presidente de la entidad, Santos Ramírez, organizara una unidad anticorrupción "para garantizar el desarrollo transparente" en la petrolera estatal, dijo entonces.

Un mes después, Morales se vio obligado a destituir a Ramírez de la presidencia de YPFB, tras serios indicios de que éste iba a recibir un soborno de 450.000 dólares de la empresa boliviano-argentina Catler Uniservice, que, según las investigaciones, podría ser una compañía de pantalla.

Tras el episodio, que salpicó al hombre de mayor confianza de Morales y fundador de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), la oposición cree que YPFB se ha convertido en un "botín político" del oficialismo.

"Lo que ha pasado con YPFB es que en sus máximos cargos son gente que han visto una torre de perforación de pozos cuando han asumido sus cargos. Creo que la corrupción no sólo es robar sino también aceptar cargos para los cuales uno no está capacitado", opinó el senador opositor, Carlos D'Arlach, ex directivo de esa entidad.

Según el diario La Razón, Ramírez "habría recibido dinero de 'diezmo' (soborno) en dos ocasiones previas" al martes pasado en que un empresario fue asesinado para arrebatarle 450.000 dólares de una coima que iban a ser entregados a familiares políticos del ex presidente de YPFB.

El diario La Prensa asevera que Ramírez pagó 6,8 millones de dólares a la firma argentino-boliviana sin previa protocolización del contrato, por lo que éste podría ser anulado.

Estas irregularidades hacen dudar de la eficacia del Estado en la administración de las empresas de hidrocarburos que fueron nacionalizadas por Morales.

"La gestión de YPFB (la estatal petrolera) nos genera serias dudas sobre la forma en que se realizarán contratos y si éstos no serán lesivos", opinó Eduardo Paz, principal directivo de Cainco, la poderosa organización que agrupa a empresarios e industriales de Santa Cruz.

El escándalo de la empresa estatal dejó también al descubierto que la prefectura de Tarija no sancionó seis contratos incumplidos por Catler Uniservice.

Según Tamer Medina, representante del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en Tarija, un hermano del prefecto de esa región, Mario Cossío, es socio de Catler Uniservice.

Las pericias policiales indican, según la prensa, que el hermano de Cossío, Pablo Mario, portaba parte del dinero que iba a ser entregado a los familiares de Ramírez cuando fueron atracados por delincuentes.

En la acción murió de un disparo Miguel O'Connors, directivo de Catler Uniservice.

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