La legislación, que debe ser ratificada por el pleno en abril y respaldada por los Veintisiete, establece que también deberán imponerse sanciones de carácter penal en casos de contaminación leve si el delito de vertido es repetido, deliberado o resultado de negligencia grave o imprudencia temeraria.
El objetivo de esta iniciativa es disuadir a los transportistas marítimos que contaminan porque consideran que pagar una multa administrativa es más rentable que respetar la ley. La directiva pide a los Estados miembros que fijen penas "eficaces y disuasivas", no sólo para los propietarios de los buques sino también para cualquiera que pueda beneficiarse, como los propietarios de la carga o las sociedades de clasificación.
La norma "constituye un traje a la medida para situaciones como la de la Bahía de Algeciras frecuentemente convertida en una cloaca por las ilegales prácticas de "bunkering' y la irresponsable práctica de vertidos incontrolados cuya suma produce una grave contaminación", afirmó Luis de Grandes en un comunicado.
En su opinión, si el Parlamento Europeo logra finalmente "elevar a rango de delito la conducta reiterada de infracciones menores se habrá dado un paso decisivo contra la mala praxis de quien le resulta más barato pagar para contaminar".
"Abrimos un camino de gran peso disuasorio para evitar o combatir la contaminación marina" aseguró el eurodiputado del PP tras el respaldo que recibieron sus propuestas en la comisión de Transportes.
Lo acordado, añadió, "será una buena noticia para grupos como 'Verdemar-Ecologistas en Acción' que reclamaron medidas en la Unión Europea contra el tráfico de combustible en Gibraltar a raíz del accidente del "New Flame" en aguas de la bahía de Algeciras.
La sentencia afirmaba que la directiva puede exigir a los Estados miembros que establezcan sanciones penales para la industria del transporte, pero no fijar el tipo o el nivel exacto de las penas, algo que corresponde a cada país.
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