Al inicio de un encuentro de casi tres horas celebrado esta tarde en el Elíseo con los parlamentarios de los departamentos de ultramar para abordar el conflicto social que desde hace un mes vive la isla de Guadalupe, Sarkozy dijo estar dispuesto, igualmente, a exonerar de toda cotización social el aumento de sueldo que las empresas de estos departamentos acuerden conceder a sus trabajadores hasta que los efectos de la crisis desaparezcan.
Asimismo, propuso adaptar a las peculiaridades de los departamentos ultramarinos el sistema del llamado Ingreso de Solidaridad Activa (RSA) para que esta ayuda contribuya de manera más significativa a mejorar el poder adquisitivo de las familias con menores ingresos.
Sarkozy apuntó también que el Estado puede llegar "muy cerca" de la petición inicial de 200 euros adicionales que reclama el movimiento huelguista LPK para los trabajadores más vulnerables. Este último aspecto era hasta la fecha el principal escollo que hizo naufragar las negociaciones entre los mediadores gubernamentales y la patronal local, interrumpidas desde el pasado 8 de febrero.
Eso sí, dejó claro que el Estado no financiará directamente los aumentos salariales en el sector privado porque sería "una aberración y un regalo envenenado". Pero además de las cuestiones salariales, Sarkozy puso de relieve la necesidad de sentar las bases de una reflexión "de fondo" sobre el futuro de los territorios de ultramar.
"Creo que hemos llegado al final de un ciclo histórico en ultramar", proclamó tras insistir en que no se darán las respuestas adecuadas si uno se contenta con "acumular anuncios financieros y técnicos".
Por eso, planteó un gran proceso de consulta en ultramar que comenzará con una reunión interministerial presidida por el primer ministro, François Fillon. Luego, "cuando vuelva la calma", se convocarán unos 'Estados Generales' con todos los actores sociales para debatir los grandes retos de ultramar.
Sarkozy abrirá personalmente estas consultas viajando a Guadalupe. Entre los temas a tratar, el presidente habló de cinco: los precios, la producción local, la gobernanza, los proyectos estructurales y la renovación del diálogo social. A corto plazo, la idea es mejorar el poder adquisitivo y el empleo.
Así pues, considera que, más allá de las reivindicaciones iniciales del conflicto desatado en Guadalupe, esta crisis lleva a preguntarse sobre el modelo social deseable para estos territorios, el tipo de desarrollo económico que se quiere promover, la organización política a adoptar o la relación que se quiere establecer con la metrópoli.
La crisis es "identitaria" y por lo tanto "política" y hunde sus raíces en un sistema económico "a dos velocidades" que genera un desigual reparto de la riqueza más "insoportable" si cabe teniendo en cuenta que es especialmente visible en un medio cerrado.
Sus economías se ven lastradas por los problemas estructurales ligadas a la insularidad y tienen una gran dependencia de las importaciones metropolitanas o que la escalada del precio de las materias primas adquiere dimensiones "insoportables" en esos territorios.
Sarkozy aludió también a la violencia desatada en los últimos días para dejar claro que el Estado tiene el deber de "llevar la paz civil lo más rápidamente posible" y que no se tolerará que en un Estado de derecho la vida se ponga en peligro. "Nuestros compatriotas esperan que el Estado les proteja. Y es inadmisible que haya muerto un sindicalista. Se trata de un asesinato. Este acto odioso no tiene nada que ve con la crisis social", advirtió.
La crisis se inició el pasado 19 de enero con un paro en las estaciones de servicio y la convocatoria, al día siguiente de una huelga general, pero los primeros síntomas comenzaron a notarse en diciembre. A pesar de que el llamamiento a la movilización realizado por el colectivo contra la explotación LPK fue ampliamente secundado sumiendo a la isla en la parálisis, el Gobierno esperó diez días para enviar al secretario de Estado de ultramar, Yves Jégo.
Pero cuando las negociaciones estaban a punto de culminar, Jégo fue llamado a capítulo por haber cedido en exceso a las reivindicaciones del colectivo antillano y se vio obligado a regresar a París. El Ejecutivo temió un efecto contagio en la metrópoli en plenos preparativos de la reunión de Sarkozy con los agentes sociales sobre las medidas para paliar la crisis. La abrupta decisión gubernamental se vivió en Guadalupe como una afrenta.
El Ministerio del Interior decidió reforzar la seguridad con el envío de cuatro escuadrones de gendarmes y mantener una reunión diaria sobre la seguridad en las Antillas. La actitud del Gobierno ha sido duramente criticada al considera que ha reaccionado tarde y dejado "pudrir" la situación.
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