BUENOS AIRES.- La presidenta Cristina Fernández dispuso por decreto el jueves que los ingresos obtenidos por los gravámenes a las exportaciones de soja, eje de un prolongado conflicto con el sector agropecuario, serán destinados a la creación de un fondo especial que se distribuirá entre las provincias para obras de infraestructura. La medida ratifica la negativa del gobierno a acceder a una baja en las retenciones (gravámenes) a las ventas externas de esa oleaginosa, principal producto de exportación del país, reclamada por los productores ante la caída de los precios internacionales de las materias primas por la crisis global.
"He tomado la decisión por primera vez en la historia de nuestro país que uno de los derechos de exportación más importante, como son las retenciones a la soja, formarán un fondo coparticipado con provincias y municipios... destinado a infraestructura social, escuelas, viviendas, agua potable, cloacas", dijo Fernández durante un acto en la residencia presidencial de Olivos, en las afueras de Buenos Aires.
Hasta ahora las retenciones a las exportaciones agropecuarias no eran coparticipables (distribuidas entre las provincias).
Fernández explicó que el Estado nacional se quedará con el 70% del nuevo fondo y las provincias recibirán el 30%. Agregó que a precios corrientes el fondo alcanza los 1.776 millones de dólares anuales, aunque la cifra puede variar de acuerdo a los volúmenes de exportación.
La retención a la exportación de soja es del 35%.
El anuncio se produce horas después de que líderes del sector agropecuario y legisladores de la oposición fracasaran en su intento para tratar en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que reduce las retenciones a la exportación de granos.
Al no prosperar la sesión por falta de quórum --el oficialismo no se presentó en el recinto-- se multiplicaron las protestas y cortes de carretera en el interior del país.
Tras una serie de reuniones en las que el gobierno no accedió a rebajar los gravámenes, las principales entidades rurales promovieron un proyecto de ley que aplica retenciones diferenciadas según el volumen de producción.
"Si realmente tienen la voluntad de la mayoría y la razón, no sé por qué no bajan al recinto y discuten frente a la opinión pública... esta negativa a bajar (al recinto) y aferrarse a sus escritorios en sus despachos, no es lo más democrático", dijo a periodistas el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati.
El gobierno mantiene una tensa relación con el sector agropecuario desde que en marzo del año pasado intentó imponer sin éxito un esquema tributario que ataba las retenciones al precio internacional de los granos, que desembocó en huelgas y bloqueos de rutas que durante cuatro meses paralizaron el país y afectaron el abastecimiento de alimentos.
Los productores insisten con una reducción en los derechos a la exportación ante la caída del precio internacional de las materias primas por la crisis global, que sumada a la peor sequía en décadas han provocado millonarias pérdidas al sector agropecuario.
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