Los que corren más riesgos son los regímenes de capitalización adoptados recientemente en los países del Este debido a la fuerte caída del valor de sus inversiones. En contraste, los basados en las contribuciones de los trabajadores, como el que predomina en España, gozan de una mayor seguridad, según el informe. Por ello, el Ejecutivo comunitario recomendó realizar ajustes en los sistemas de capitalización para reducir los riesgos.
La mayoría de los ingresos de los jubilados en Europa provienen todavía de sistemas en que las pensiones se abonan con cargo a las contribuciones del momento, con lo cual no están afectados por la bajada de los fondos debida a la crisis. Sólo en 5 Estados miembros la contribución a los ingresos de los sistemas de capitalización supera el 10% (Países Bajos, con el 60%; Irlanda, con el 54%; Reino Unido y Suecia, ambos con el 22%; y Dinamarca, con el 16%). Otros tres países están cerca del 10% (Alemania, Chipre y Bélgica).
En este tipo de sistemas basados en las contribuciones, la crisis económica y el aumento de la deuda exigirán realizar ajustes para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las pensiones. Pero a corto plazo, los jubilados seguirán cobrando la pensión esperada.
En contraste, los sistemas de capitalización sufrirán "impactos más directos por la caída en el valor de sus inversiones". Sin embargo, hay también diferencias entre los dos modelos posibles. En primer lugar, están los regímenes de beneficio definido, cuyos miembros seguirán en general recibiendo la pensión que esperaban ya que el riesgo lo asumen los fondos que gestionan las pensiones.
No obstante, como los fondos incurrirán en déficits por la caída de sus inversiones, es posible que se produzcan ajustes en la indexación o en las contribuciones para recuperar el equilibrio. Y podría acelerarse la tendencia al cierre de este tipo de sistemas. Si la crisis se agrava, incluso es posible que un sistema de pensiones de beneficio definido quiebre, en cuyo caso los pensionistas tendrían algún tipo de protección pero no una pensión tan generosa como la que esperaban.
El segundo tipo de régimen de capitalización es el de contribución definida, en el que cada persona realiza una determinada contribución al sistema pero no tiene garantizada la cuantía de la pensión final. Ésta depende de la evolución de las inversiones. Este tipo de sistemas son a veces de empresa (como en Reino Unido, Irlanda o Suecia) o se utilizan como pensión complementaria, como en España. Pero también pueden ser sistemas obligatorios organizados por el Gobierno, como en los países de la ampliación, Suecia o Italia.
Entre enero y octubre de 2008, las inversiones de los fondos de pensiones han caído una media del 20% en los países de la OCDE. Las bajadas más pronunciadas corresponden a países como Irlanda (más del 30% en términos reales), Hungría (25%) o Polonia (20%). En España la caída es muy inferior, de alrededor del 10%.
Según el análisis del Ejecutivo comunitario, el impacto directo de estas caídas todavía se verá atenuado por algunos factores. En primer lugar, en los países del este el sistema de contribución determinada se introdujo hace sólo unos años, con lo que los participantes no empezarán a jubilarse hasta dentro de unos años y todavía hay tiempo de que las inversiones se recuperan. Además, hay estrategias para proteger la inversión, como la que aplica el Reino Unido, que consiste en asumir mayores riesgos cuando el miembro del sistema es joven y pasar a inversiones más seguras cuando se aproxima la fecha de jubilación.
No obstante, todos aquellos que se encuentren cerca de la jubilación, no hayan aplicado estas estrategias y cuyos ingresos dependan en gran medida de sistemas de contribución definida, recibirán pensiones sustancialmente menores o más tarde. "Pero este es un escenario atípico para la mayoría de ciudadanos europeos", asegura la Comisión.
De cara al futuro, y sobre todo por las reformas aplicadas en los países del este, los sistemas de contribución definida tendrán cada vez mayor peso en los ingresos por pensiones. Por ello, el Ejecutivo comunitario recomienda a los países que aplican este modelo a ponerle límites y mitigar los riesgos para los participantes, especialmente para las personas que se encuentran en peor situación económica y tienen más dificultades para absorber los riesgos.
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