El importe total de las donaciones asciende a unos 250.000 dólares, cifra que por insignificante no deja de sorprender ya que algunos de los legisladores que aceptaron el dinero forman parte del Comité de Finanzas de la Cámara de Representantes que la semana pasada cargó contra las bonificaciones que reciben los ejecutivos de Wall Street.
Según la cadena MSNBC, se trata de 26 miembros de la Cámara de Representantes, once de los cuales forman parte del citado comité, y 14 senadores, quienes el mes pasado recibieron contribuciones de al menos nueve empresas que desde octubre pasado han recibido al menos 1.000 millones de dólares de los contribuyentes.
El demócrata Earl Pomeroy, que hace días afirmaba que los empleados de AIG que recibieron primas eran "perdedores deshonrosos", aceptó 1.000 dólares de Chrysler, mientras el líder de la minoría republicana, John Boehner, que calificó las primas de "escandalosas", aceptó 5.000 dólares de Bank of America, otros 5.000 de American Express y 1.500 de US Bancorp.
El representante republicano Eric Cantor es otro de los congresistas que en febrero recibió donaciones por un total de 11.500 dólares de empresas como Citi, American Express, Bank of America y Chrysler, todas ellas rescatadas por la Casa Blanca, o el demócrata Steny Hoyer, que aceptó 6.500 dólares de Bank of America.
También aceptaron donaciones el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, y el republicano de mayor importancia en el Comité Bancario de la Cámara Alta, Richard Shelby, aunque las oficinas de ambos senadores han anunciado su intención de devolver las contribuciones.
Aunque no es ilegal aceptar ese tipo de contribuciones porque son aceptadas por la legislación electoral hay quienes condenar el doble rasero de los congresistas al aceptar el dinero de esas empresas y al mismo tiempo criticar en público y con extrema dureza las bonificaciones de los ejecutivos de Wall Street.
La Cámara de Representantes, con el voto favorable de algunos de esos congresistas, aprobó la semana pasada un proyecto de ley por el que se gravan con un impuesto del 90% las primas que reciban los empleados que ganen más de 250.000 dólares al año y que trabajen para una compañía que haya sido rescatada por el Gobierno con al menos 5.000 millones de dólares.
La propuesta, que ahora está siendo debatida en el Senado, surgió en medio de la creciente ira popular y el malestar en la Casa Blanca y en el Capitolio desatado tras conocerse que ejecutivos de la aseguradora American International Group (AIG) se repartieron 165 millones de dólares en bonificaciones.
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