El ministro de Energía, Derlis Palacios, en declaraciones al canal de televisión Gama, consultado si Ecuador dará inicio a un juicio coactivo en contra de Perenco, respondió que "eso es lo que estamos haciendo, estamos cumpliendo todos los pasos para tomar todas las medidas hoy (martes)".
"El juez de coactivas verá cuál de las medidas le permite la ley para recuperar estos valores", añadió Palacios.
El ministro se refirió a una deuda de 338 millones de dólares, que debía pagar Perenco hasta el lunes de acuerdo con una ley vigente desde el 2007, que obliga a pagar al Estado ecuatoriano el 99% de las ganancias extraordinarias obtenidas por los altos precios del crudo.
Palacios recordó que Perenco "tiene bienes, tiene campos petroleros y tiene la explotación petrolera" con los cuales puede responder en caso de que así lo establezcan los procesos judiciales.
Perenco opera en la Amazonia ecuatoriana en los bloques 7 y 21 y en el campo Coca-Payamino con Petroecuador. Produce alrededor de 30.000 barriles de crudo diarios y sus contratos terminan entre 2010 y 2012.
Palacios comentó que se reunió con el gerente de Perenco con quien "estamos buscando la solución para arreglar el problema, lastimosamente tienen un socio americano Burlington ... que está creando inconvenientes, les hemos dicho que tienen dos opciones: o se pelean con su socio o se pelean con el estado, escojan cuál es el más fácil".
"La ley 42 está en firme, es una ley que tiene el estado, que tiene que cobrar ... lo que estamos haciendo es curándonos en salud en un momento en que Ecuador necesita liquidez y esperemos recuperar toda (la deuda)", afirmó.
Aclaró que "no estamos ni confiscando ni terminándoles el contrato, eso hay que aclarar porque en los medios internacionales a veces se entiende así".
Añadió que en un reciente acuerdo por similar circunstancia con la española Repsol-YPF se estableció un plazo de cinco años para el pago de una deuda de 447 millones de dólares "y hemos dicho a los señores de Perenco que ellos también pueden acogerse a un trato similar y que no tendríamos ningún inconveniente y ojalá que por ahí logremos llegar a un acuerdo".
Ecuador venía negociando con la petrolera francesa cambiar su contrato de participación por uno de prestación de servicios con el fin de incrementar los beneficios para el estado.
En el contrato de participación, parte del petróleo extraído pasa a ser de propiedad de la empresa, mientras que en el de prestación, el estado paga por las operaciones de extracción y se queda con el crudo.
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