"Hemos lanzado un plan de lucha, con alerta y movilización en las rutas", dijo Eduardo Buzzi, representante de los pequeños y medianos productores, y ratificó que ante la falta de resultado en el diálogo con el Gobierno, "la prioridad es ahora el Congreso".
Las patronales agrarias manifestaron en conferencia de prensa su confianza en que este jueves los legisladores den el quórum necesario para tratar un proyecto de ley para modificar el sistema de gravámenes a las exportaciones de alimentos, que son el nudo gordiano del conflicto.
Los dirigentes no dieron por cerrado el canal de diálogo abierto con los negociadores oficiales encabezados por los ministros del Interior Florencio Randazzo y de la Producción Debora Giorgi, quienes insistieron en que se habían conseguido avances en los cuatro encuentros realizados.
Los impuestos a las ventas al exterior de soja y de girasol tienen en vilo a unos 60.000 agricultores de la rica Pampa Húmeda, la región más fértil del país sudamericano, que es uno de los mayores proveedores del mundo de alimentos.
El escenario de la contienda, que lleva un año, ha cambiado porque la exportaciones agrícolas de Argentina bajarían este año de 35.000 a 25.000 millones de dólares, o menos, a raíz de la crisis global y la sequía en el país sudamericano, según fuentes privadas.
Antes de la reunión, habían circulado versiones de que los negociadores oficiales preparaban un plan de alivio fiscal para los pequeños agricultores, pero finalmente no se concretó.
Con respecto al plan de acción, Buzzi precisó que la dirigencia agraria no alienta los cortes de ruta y exhortó a los productores a movilizarse el jueves a Buenos Aires para acompañar la sesión parlamentaria.
El bloqueo de carreteras, una de las herramientas utilizadas durante el periodo más crítico del conflicto el año pasado, generó una grave tensión, además de desabastecimiento de alimentos en las grandes ciudades y la suba de precios.
El conflicto agrario se enmarca en otro frente de batalla que abrió el Gobierno esta semana al enviar al Congreso una iniciativa de adelantar las elecciones parlamentarias cuatro meses al 28 de junio, con el argumento del daño político que causa la crisis global.
Para colmo, la producción argentina de trigo, maíz, soja y girasol, granos en los que el país es uno de los líderes globales, está en franco descenso y el Gobierno sufrirá una baja en los ingresos fiscales por derechos de exportación de unos 8.000 a 5.600 millones de dólares.
Con el fin de aquietar las aguas en un año electoral y enfrentar los efectos domésticos de la crisis mundial, el Gobierno había anunciado hace dos semanas una fuerte batería de beneficios tributarios y subsidios para favorecer a los productores agropecuarios.
Las medidas representaron en los hechos una tregua en una confrontación que dañó severamente la imagen de la Presidenta, con pérdida de la popularidad de 55% a 30% en un año.
Argentina no podrá exportar este año ni un gramo de trigo y muy poco maíz, en tanto que la cosecha de soja disminuirá un 10% a raíz de la sequía que arruinó los rendimientos desde el fin de la primavera hasta mediados del verano austral, según los consorcios de experimentación agrícola.
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