martes, 17 de marzo de 2009

El gobierno argentino procura sofocar las llamas del conflicto agrario

BUENOS AIRES.- El gobierno argentino intentaba este martes desactivar a toda costa la puja impositiva con patronales agrarias, al borde de lanzarse de nuevo a las rutas y la huelga, justo cuando se abrió otro frente de combate político con el plan de adelantar las elecciones parlamentarias.

Ministros del gabinete de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner están dispuestos a arrojar un balde de agua sobre las llamas al reducir impuestos a las exportaciones de soja y de girasol, dos cultivos que son el eje del conflicto con unos 60.000 agricultores de la rica Pampa Húmeda (región central).

Los funcionarios preparaban contrarreloj un plan de alivio en los derechos de exportación que pagan pequeños agricultores, aunque las precisiones eran guardadas bajo absoluta reserva hasta la reunión con las patronales, reveló una fuente gubernamental.

El escenario de la contienda, que lleva un año, ha cambiado porque la exportaciones agrícolas de Argentina, gran proveedor mundial de alimentos, bajarían este año de 35.000 a 25.000 millones de dólares, o menos, a raíz de la crisis global y la sequía en el país sudamericano, según fuentes privadas.

"Hay decenas de miles de personas que dependen de lo que decida el Gobierno. Debe concretarse sí o sí la asistencia para los damnificados por la sequía", amenazó Eduardo Buzzi, uno de los líderes de las patronales del campo.

Carlos Garetto, otro líder de los 'chacareros' (pequeños agricultores), advirtió de que "estamos en el umbral de la puerta de otro conflicto", como el que el año pasado conmovió durante 128 días al país y puso en jaque a la presidenta y su poderoso marido, el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007).

Hugo Biolcati, presidente de la aristocrática Sociedad Rural, señaló que "si este jueves los diputados oficialistas no dan quórum para tratar una ley de rebaja de retenciones (impuestos a las exportaciones), van a provocar gran indignación y la reacción va a ser fuerte".

Las duras advertencias de los jefes de las patronales se enmarcaban dramáticamente en otro frente de batalla que abrió el gobierno al enviar al Congreso una iniciativa de adelantar las elecciones parlamentarias cuatro meses al 28 de junio, con el argumento del daño político que causa la crisis global.

Para colmo, la producción argentina de trigo, maíz, soja y girasol, granos en los que el país es uno de los líderes globales, está en franco descenso y el Gobierno sufrirá una bajada en los ingresos fiscales por derechos de exportación de unos 8.000 a 5.600 millones de dólares.

Con el fin de aquietar las aguas en un año electoral y afrontar los efectos domésticos de la crisis mundial, el gobierno había anunciado hace dos semanas una fuerte batería de beneficios tributarios y subsidios para favorecer a los productores agropecuarios.

Las medidas representaron en los hechos una tregua en una confrontación que dañó severamente la imagen de la Presidenta, con pérdida de la popularidad del 55% al 30% en un año.

Pero en las últimas horas se reavivaron las reclamaciones de los productores de soja y girasol, entre ellos de los llamados 'pooles de siembra' o corporaciones de financistas que alquilan campos y producen en gran escala.

Argentina no podrá exportar este año ni un gramo de trigo y muy poco maíz, en tanto que la cosecha de soja disminuirá un 10% a raíz de la sequía que arruinó los rendimientos desde el fin de la primavera hasta mediados del verano austral, según los consorcios de experimentación agrícola.

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