El Gobierno defiende no obstante que la reforma de la ley supone "un impulso para la modernización y mejora de la competitividad de los puertos españoles".
"Permitirá mejorar y ampliar los servicios de los puertos y dotar de más estabilidad y calidad a sus puestos de trabajo", aseguró la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Entre los puntos de la reforma destaca el hecho de que se permitirá que cada autoridad portuaria podrá fijar sus propias tasas conforme a sus costes individualizados.
De esta forma, se propicia una "competencia interportuaria ordenada" y se fomenta la contención de gastos de explotación y la racionalización de las inversiones. "Una autoridad portuaria que racionalice su inversión y reduzca sus gastos de explotación podrá disponer de unas tasas más bajas que otras, recudiendo así el coste de paso de las mercancías por ese puerto", argumenta el Ejecutivo.
En cuanto a la prestación de servicios, el Gobierno asegura que la nueva ley introduce medidas de impulso a la competitividad en el sector de la estiba.
En este sentido, la ley garantizará que las empresas estibadores dispongan de personal en plantilla, en relación laboral común, para cubrir, al menos, el 25% de las jornadas, y estimula que la contratación de personal en relación laboral común por parte de las empresas estibadoras. Además, se habilita a las comunidades autónomas para incrementarla contratación de personal en relación laboral común por encima del umbral establecido con carácter general.
El Ejecutivo asegura que todas estas medidas se dirigen a facilitar la diferenciación de la oferta de servicios de las empresas estibadoras y, por ende, a estimular la competencia entre ellas en la prestación del servicio.
No obstante, con el fin de fomentar el transporte marítimo a través de las denominadas autopistas del mar, la nueva ley permitirá la realización de actividades de manipulación de mercancías a empresas no estibadoras "en el supuesto de que las sociedades estibadoras rechacen la prestación del servicio en las condiciones de calidad y precio establecidas por la Autoridad Portuaria".
Asimismo establece el concurso como único procedimiento de acceso a la prestación de servicios portuarios, siempre que haya que limitar el número de prestadores por razones de espacio, seguridad o medioambientales.
El Gobierno considera que la ley "se persigue que los puertos de interés general potencien la capacidad exportadora de la economía y que se constituyan en piezas esenciales en la decisión de ubicación o fidelización en nuestro territorio de actividades industriales y comerciales".
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