"Hoy he pedido a los empleados de la división de productos financieros de AIG que den un paso al frente y hagan lo correcto. En concreto, he pedido a quienes recibieron más de cien mil dólares como parte de las cláusulas de retención que devuelvan al menos la mitad" de esas primas, afirmó Liddy ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.
Presionado por los legisladores de ambos partidos, que insistieron por activa y por pasiva en la importancia de que ese dinero sea devuelto a los contribuyentes, Liddy insistió en que ha pedido a sus empleados que devuelvan el 50 por ciento, e incluso reveló que hay algunos que ya se han ofrecido a devolver la totalidad de esas bonificaciones.
"Déjeme darle el consejo de un antiguo profesor de matemáticas. Devolved los 165 millones de dólares (de las bonificaciones). AIG ha recibido 170.000 millones de dólares del plan de rescate por lo que esos 165 millones no representan mucho. Recortad vuestros beneficios ahora porque luego será más complicado", advirtió el congresista demócrata Gary Ackerman.
El presidente del comité, Barney Frank, volvió a pedir al titular de AIG que haga públicas las identidades de los 73 ejecutivos que recibieron las primas, ante lo cual Liddy aseguró que lo haría encantado si recibía garantías de que se mantendrían en reserva. El legislador no le dio esas garantías y el empresario dijo que tenía que velar por la seguridad de sus empleados.
Los 73 ejecutivos, once de los cuales ya no trabajan en la compañía, se embolsaron primas por importe de al menos un millón de dólares, después de que la empresa tuviera que ser rescatada en septiembre por el Gobierno, que desembolsó 170.000 millones de dólares de fondos públicos para evitar su quiebra y en la actualidad posee casi el 80% de la compañía.
Uno llegó a recibir un jugoso 'bonus' de 6,4 millones de dólares, los siete mayores perceptores se hicieron con más de cuatro millones, mientras que entre los diez máximos beneficiarios se repartieron 42 millones de dólares. Otros 22 ejecutivos percibieron más de dos millones de dólares por cabeza y en total fueron 165 millones de dólares repartidos entre 418 empleados.
Liddy, que dijo comprender la "indignación" generalizada por unas primas que llegó a calificar "de mal gusto", aclaró varias veces que el dinero recibido no fue en función de la actuación de los ejecutivos sino que estaban atados legalmente por los contratos que firmaron hace más de un año, que incluían la polémica cláusula de retención.
Después de reconocer que a día de hoy AIG debe a las arcas públicas un total de 80.000 millones de dólares, el responsable de la aseguradora explicó a los congresistas que se está trabajando en un plan para que la empresa vuelva a ser una "rentable" en un periodo "de entre dos y tres años".
"Estamos trabajando en un plan diseñado para maximizar el valor del negocio y poder devolver a los contribuyentes lo que les corresponde (...) Pero necesitamos el apoyo del Congreso y si trabajamos juntos sé que devolveremos la deuda de AIG y encontraremos una solución que supondrá un paso de gigante en la recuperación económica que todos queremos", indicó.
Legisladores de ambos partidos criticaron la actuación de una compañía convertida en símbolo de "arrogancia e incompetencia". "Queremos el dinero de vuelta", aseguraba una legisladora demócrata. "La gente entiende que son tiempos difíciles y hay que hacer sacrificios pero no acepta el uso irresponsable de sus impuestos", añadía otro republicano.
Shelley Moore Capito, representante del estado de Virginia Occidental, abogaba por una mayor transparencia en el uso que se da a los planes de rescate de las empresas y pedía a las grandes empresas más "prudencia" porque el reparto de bonificaciones, según dijo, son un "insulto" para la gente.
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