miércoles, 4 de marzo de 2009

España propone al G-20 regular el sueldo de ejecutivos y transparencia financiera

MADRID.- El Gobierno propuso a los organizadores de la cumbre financiera del G20 en Londres regular los salarios de los altos directivos y que las entidades financieras informen de todas sus actividades a las autoridades, además de promover la educación financiera entre los clientes.

El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero hace 10 propuestas a las autoridades británicas, encargadas de organizar la cumbre del G20 del 2 de abril en Londres, que debe encontrar soluciones a la crisis financiera internacional.

Madrid estima prioritario "un cambio urgente" en las instituciones financieras internacionales para que los beneficios de la globalización "estén más extendidos" y haya una regulación de los mercados "de gran calidad", según el documento.

Para ello, propone que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ejerza de "supervisor financiero internacional" para prevenir y alertar de las crisis, según el texto, enviado recientemente en respuesta a una petición de propuestas del gobierno británico a los países participantes.

Asimismo, considera que los recursos del FMI deben reforzarse para "proteger su papel como prestamista de última instancia", y que las instituciones multilaterales de crédito, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), deben aumentar sus préstamos en épocas de crisis.

Madrid estima que "las autoridades públicas deben tener toda la información relevante acerca de las instituciones" financieras.

Los altos salarios de los ejecutivos de estas entidades deben regularse y tener en cuenta los casos en que "el rendimiento ha sido catastrófico".

Además, deberá promoverse la "educación financiera" entre los clientes de estas entidades, que tienen "derecho a recibir una información exacta y justa", y deberán tomarse "medidas enérgicas contra las prácticas engañosas o abusivas".

El Gobierno detecta que la "ineficiencia masiva a la hora de asignar crédito" ha originado la crisis, por lo que propone regular los vaivenes de los bancos para evitar que dejen de conceder préstamos, como ocurre actualmente.

Por último, los costes sociales de la quiebra de entidades financieras deben asumirlos éstas.

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