Funcionarios y los presidentes de las cuatro organizaciones de productores mantuvieron una extensa reunión, la segunda en una semana, en la que sorpresivamente se hizo presente por algunas horas la presidenta Cristina Fernández.
Las partes plasmaron en un acta-acuerdo los puntos que ya habían tratado en la cumbre del martes de la semana pasada, entre ellos eliminación de derechos a la exportación de productos derivados de la leche para que los tamberos reciban mayores ingresos, dos proyectos de ley para mejorar la situación de la ganadería y una suba en las compensaciones para la venta de trigo.
"Esperamos que esto ponga fin al conflicto y que todos los actores de la vida económica de la Argentina trabajemos para superar este momento delicado por el contexto internacional", dijo en rueda de prensa el ministro de Interior, Florencio Randazzo.
Los líderes de las entidades rurales no fueron tan optimistas, más allá que destacaron los acuerdos logrados y la presencia de la mandataria en la reunión.
"Lejos estamos de que esté resuelto el conflicto. La desconfianza (de los productores) sigue", advirtió Eduardo Buzzi, titular de Federación Agraria Argentina (FAA).
El problema es la ausencia de respuestas del gobierno al reclamo de los productores de una baja en los gravámenes a las exportaciones de oleaginosas, una de las principales fuentes de ingreso para el fisco.
"Se habló de las retenciones, de la soja. La presidenta fue clara al decir que por una cuestión fiscal no podía tocar el tema de la soja", relató Mario Llambías, presidente de Confederaciones Rurales Argentina (CRA). El dirigente rural adelantó que ante la negativa del gobierno presentarán iniciativas al Congreso para buscar otras variantes de recaudación fiscal.
La mandataria mantiene una tensa relación con el sector agropecuario desde que en marzo del año pasado intentó imponer sin éxito un esquema tributario que ataba las retenciones al precio internacional de los granos y desembocó en huelgas y bloqueos de rutas que durante cuatro meses paralizaron el país y afectaron el abastecimiento de alimentos.
Los productores insisten con una reducción en los derechos a la exportación de soja ante la caída del precio internacional de materias primas por la crisis global, que sumada a la peor sequía en décadas han provocado millonarias pérdidas al sector agropecuario.
Por último, en la reunión de este martes se conversó sobre la posibilidad de que el estado intervenga en el comercio exterior de granos.
"La presidenta planteó que frente a un contexto internacional excepcional como se está viviendo, muchas veces hay que pensar en medidas excepcionales. De existir la posibilidad de la creación de una agencia de estas características donde intervenga el estado en la comercialización de granos....(se hará) con la participación del Parlamento. Hoy no vamos a enviar ningún proyecto, pero no descartamos la posibilidad de trabajar en ese sentido", anunció Randazzo.
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