Así lo pusieron hoy de manifiesto la presidenta y el secretario de la Organización, Isabel Martínez y Francisco de la Torre, respectivamente, que denunciaron que desde hace un año, coincidiendo con el inicio de la crisis económica, desde la Dirección de la Agencia Tributaria se está instando continuamente a la Inspección a que lleve a cabo cierres de expedientes, "incluso asociándolo con retiradas de productividad" al personal inspector que en "pocos meses" no haya logrado formalizar suficientes actas.
Esto ha motivado, según explicó De la Torre, que el 90% de los inspectores que integran la ONI, que se encarga de la inspección de grandes contribuyentes y, por tanto, suelen ser las operaciones más complejas y las que más tiempo llevar investigar, hayan enviado una carta al presidente de la Agencia Tributaria quejándose de la reducción salarial que están sufriendo --el complemento de productividad se percibe mensualmente-- por no cerrar antes estos expedientes.
"Esto supone una menor calidad de las actuaciones, que hace muy dificultoso el control del fraude sofisticado", denunció De la Torre, quien también criticó que, en algunas ocasiones, la Agencia está estableciendo incrementos del 30% de los objetivos asignados a los equipos y a las unidades de Inspección.
La Organización de Inspectores también denuncia que el Gobierno español, a pesar de ser uno de los países de la UE que ha abanderado la erradicación de los paraísos fiscales, está tramitando un proyecto de Real Decreto que precisamente elimina trabas a los inversores en Deuda Pública del Estado que residan en paraísos fiscales.
Concretamente, Martínez y De la Torre explicaron que el proyecto de Real Decreto por el que se regula el pago de rendimientos derivados de la deuda pública del Estado pretende suprimir la obligación de declarar la identidad de los titulares no residentes, el país de residencia y el importe de los rendimientos que establece la normativa vigente.
Según los inspectores, que han remitido una carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, denunciando este asunto, lo que está detrás de esta idea es la necesidad del Ejecutivo español de facilitar la colocación de la importante emisión de deuda pública que llevará a cabo en los próximos meses para financiar el paulatino aumento del déficit público, derivado del conjunto de medidas puestas en marcha para paliar la crisis económica.
"Si estamos luchando contra la opacidad de los paraísos fiscales (...), no podemos al mismo tiempo permitir ocultar la identidad de inversores residentes en paraísos fiscales cuando se trata de deuda pública española. Sería una contradicción del todo incomprensible (...) que acarrearía mayores problemas a medio y largo plazo al perder una valiosa información, que soluciones a corto plazo", afirmaron.
Según De la Torre, los inspectores son conscientes de que el Gobierno debe financiar el déficit, "pero no de cualquier manera y a cualquier precio". Por ello, la Organización ha presentado al Ministerio de Economía y Hacienda alegaciones a este proyecto de Real Decreto, en las que pide no suprimir esta obligación de información o, al menos, obligar a las entidades financieras a guardar estos datos aunque no estén obligadas a informar al fisco.
Por último, los inspectores solicitan al Gobierno la adopción de un conjunto de medidas para acabar con los paraísos fiscales, como la introducción de un gravamen especial del 24% sobre movimientos de fondos con paraísos fiscales y el no reconocimiento de personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales.
Asimismo, proponen la prohibición de que las entidades bancarias tengan filiales o sucursales en dichos territorios y el establecimiento de penas agravadas cuando el fraude fiscal se comete a través de la utilización de paraísos fiscales.
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