Los 60 delegados que representan a unos 20 millones de trabajadores en los cuatro países de la Comunidad Andina (CAN) acordaron ejercer presión a sus gobiernos para que diseñen soluciones a los problemas de la crisis a fin de que no recaigan sobre los trabajadores y sobre quienes optan por salir al exterior.
Al evento también asisten delegados de Venezuela y Chile.
En el último trimestre de 2008, las remesas de los migrantes a América Latina cayeron en un 2%, informó Julio Gamero, uno de los delegados de Perú.
Esta situación se ha agudizado en enero de este año y a la fecha se registra una caída cercana al 6% "y según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo, la tendencia es a seguir bajando", explicó Gamero.
"Si disminuyen las remesas esos flujos de divisas van a afectar el consumo en los países de la comunidad andina y en general en todos los países de América Latina que tienen una proporción importante de migrantes", remarcó.
Víctor Pardo, de la delegación sindical de Colombia, precisó que su país es uno de los que más gente tiene fuera de su territorio.
"Son cuatro millones de colombianos fuera y sólo en España hay 350.000 ilegales, es decir que por cada 10 colombianos en Madrid, sólo uno está registrado en los consulados", detalló.
La venezolana Ana María Yáñez, denunció que existe un abismo entre las normas y la realidad de los derechos humanos de los migrantes. Explicó que las condiciones de vulnerabilidad son especialmente críticas cuando se trata de mujeres, niños, afrodescendientes, indígenas y personas en situación de discapacidad.
El presidente del Consejo Consultivo Laboral Andino, el ecuatoriano Mesías Tatamuez, hizo un llamado a la Unión Europea (UE) para que deje de lado la penalización a los migrantes al criticar la decisión del Parlamento Europeo que en febrero aprobó aplicar sanciones desde 2011 a los empleadores de inmigrantes ilegales.
"Los países de la Unión Europea deben recordar cuando ellos también fueron migrantes y llegaron precisamente a nuestros países en búsqueda de nuevas oportunidades. Los migrantes andinos queremos ser tratados con respeto a nuestros derechos", subrayó.
En la cumbre se dio a conocer que el movimiento migratorio de los habitantes de Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador a otros países del mundo supone entre 5% y 14% de la población económicamente activa, un promedio del cual entre 40% y 60% corresponde a mujeres, que migran para realizar tareas domésticas.
Los delegados sindicales cuestionaron el modelo económico neoliberal como causante de la crisis financiera internacional y consideraron que el crecimiento registrado en la región en los últimos años benefició a los grupos de poder y no se reflejó en los sectores populares.
En especial criticaron los tratados de libre comercio "porque no respetan nuestros recursos naturales ni el medio ambiente ni los derechos humanos y laborales, dijo Juan José Gorriti, dirigente de Perú.
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