La presidenta argentina, Cristina Kirchner, provocó el jueves un sorpresivo giro en el conflicto que lleva más de un año al anunciar que compartirá los ingresos por derechos de exportación de la soja. La idea es girar a provincias y municipios casi 1.800 millones de dólares anuales, el 30% del total que calcula recaudar.
Un corte total de la carretera 14 a la altura de Gualeguaychú, 230 kilómetros al norte, por donde circulan mercancías entre los países de la región, provocó una fila de varios kilómetros de vehículos, en un ambiente de tensión entre manifestantes con tractores y transportistas varados.
Tras una negociación se liberó la ruta para permitir el paso de decenas de camiones, para luego retomar el bloqueo "por tiempo indeterminado", informaron los activistas agrícolas.
Los productores de la provincia de Entre Ríos (centro-este), liderados por el intransigente Alfredo de Angeli, el más popular de sus líderes, se habían lanzado a la ruta la noche del jueves.
Las patronales agrarias analizaban qué medidas adoptar y no descartaban otro 'lockout' o huelga de comercialización, en un nuevo brote de la confrontación entre el Gobierno y el sector agrario, exacerbada por la tensión política de un año electoral en el que se renovará parte del Congreso.
"Lo del Gobierno es una provocación. Es una trapisonda política. No resuelve el problema de los productores ni da certezas", dijo Eduardo Bussi, uno de los dirigentes de la Mesa de Enlace, que une a unos 250.000 productores del país.
Kirchner dijo que por primera vez en la historia se compartirán los impuestos a la exportación de soja, que ocupa casi el 60% de la superficie sembrada en un país proveedor mundial de alimentos, con exportaciones por 35.000 millones de dólares el año pasado.
La medida oxigenará a los distritos en momentos en que las economías regionales sienten la crisis global y necesitan imperiosamente dinero para afrontar crecientes déficits.
El anuncio se hizo poco después de que la oposición política fracasara el jueves en su intento de tratar en el Congreso un proyecto para reducir las tasas a las ventas externas de alimentos, a pedido de las patronales agropecuarias, pese a seguir en negociaciones con el gobierno.
Hace un año que las organizaciones agropecuarias reclaman con huelgas y protestas una reducción de impuestos a las ventas externas de soja y sus derivados.
La medida de la mandataria apunta a sofocar los reclamos de las patronales agropecuarias: ahora sus bloqueos de rutas que pusieron al Gobierno en jaque en 2008 pueden perder respaldo de gobernadores y alcaldes.
"Es otra declaración de guerra contra el campo. Y en esta guerra el Gobierno quiere sumar a su ejército de gobernadores" y alcaldes, señalaron en un comunicado los jefes opositores Elisa Carrió (liberal-cristiana) y Gerardo Morales (radical socialdemócrata).
Las ventas externas de soja, girasol, maíz, trigo y derivados agroindustriales le reportaron el año pasado al fisco ingresos por casi 8.000 millones de dólares, 12% de la recaudación total del Tesoro, que arrojó un superávit fiscal de 4,6% del PIB.
Los 24 distritos en que está dividido el país vienen reclamando hace décadas percibir parte de los ingresos fiscales por derechos de exportación. Hasta ahora el 100% de estos ingresos va para el Tesoro federal.
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