Esta medida, confeccionada de manera implicita para evitar la quiebra del HRE, permite al Gobierno la toma de control temporal de aquellas entidades en apuros y abre la posibilidad bajo determinadas circunstancias de expropiar a los accionistas de los bancos afectados.
En el caso de expropiación, el Gobierno se compromete a compensar a los accionistas que se vean obligados a desprenderse de sus títulos a un precio calculado en función del precio medio de las dos últimas semanas previas a la nacionalización.
La nueva ley, que entrará en vigor cuando sea firmada por el presidente alemán, supone una extensión de la legislación para la estabilización de los mercados financieros promulgada el año pasado y está dirigida únicamente a las entidades en apuros cuya quiebra pudiera representar un riesgo para el conjunto del sistema.
De este modo, Alemania se suma a otros países como Reino Unido, que han puesto en práctica medidas de intervención en el sistema financiero, que han derivado en la nacionalización total o parcial de algunas grandes entidades.
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