domingo, 19 de abril de 2009

El mundo necesita reformas políticas radicales / Michael Lewitt *

En su reciente visita a Europa, Barack Obama logró cautivar a las multitudes, pero no consiguió encandilar en la misma medida a los jefes de las principales potencias económicas del G-20.No obstante, Obama sí logró transmitir el mensaje de que Estados Unidos no sólo está dispuesto a echar una mano al resto del mundo, sino que es enormemente dependiente del conjunto del planeta de cara a su propio futuro.

El ciclo de la dependencia mutua (que podría describirse como un pacto de destrucción mutua garantizada) entre el mundo desarrollado y el mundo en vías de desarrollo ha de experimentar un cambio si se pretende que la economía global recupere su equilibrio y vuelva a unos niveles saludables de crecimiento. El consumidor norteamericano no puede seguir siendo por más tiempo el generador principal de la demanda de productos mundiales; el mundo en vías de desarrollo debe producir sus propios generadores de demanda para contribuir a la recuperación de la economía mundial.

La cuestión está en si las políticas reflacionistas tradicionales que están poniendo en práctica los gobiernos y los bancos centrales de todo el mundo constituyen el remedio adecuado para la enfermedad que aqueja a la economía global. A corto plazo, las enormes sumas de estímulos monetarios y fiscales reanimarán el crecimiento en las economías del G-20. Ahora bien, ¿durante cuánto tiempo?

El mundo no puede vivir eternamente de que los gobiernos repartan dinero. En algún momento -y más vale que sea pronto-, todas las economías necesitarán generar una demanda basada en otras causas diferentes que el gasto público. Una vez que los estados han volcado sobre sus economías todo tipo imaginable de estímulos, llega el momento de empezar a trabajar de verdad, de producir un crecimiento orgánico de la economía basado en los ahorros más que en el endeudamiento y en la producción más que en la especulación. Esto va a exigir la reforma de unas políticas profundamente arraigadas que se cobran importantes peajes de tipo político e intelectual. Ahora bien, todo lo que no sea una reforma radical dejará el mundo en situación de vulnerabilidad de cara a crisis futuras que podrían ser incluso más graves que la de estos tiempos.

Lo primero que está pidiendo un cambio a gritos son los regímenes fiscales. Es imprescindible que las legislaciones fiscales introduzcan una serie de incentivos que aboquen a un crecimiento económico sostenible y a unas tasas de ahorro globales equilibradas, no a ciclos de expansión y de contracción y a disparidades enormes en las tasas de ahorro entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. En Estados Unidos, George W. Bush redujo el tipo impositivo sobre los dividendos empresariales y Obama ha decidido mantener ese bajo nivel de carga fiscal (del 15%) sobre los dividendos en sus presupuestos [para 2010] que, por lo demás, se apoyan en un nivel alto de impuestos.

Bush también redujo el impuesto sobre las plusvalías hasta el 15% y el presupuesto del Gobierno Obama va a aumentar este tipo sólo moderadamente, hasta un 20%. Se trata de medidas políticas cargadas de prudencia que deberían adoptarse en todo el mundo.Desgraciadamente, son numerosísimos los países que gravan el capital con impuestos excesivamente altos, lo que interfiere los procesos de formación de capital y de crecimiento económico.No es casualidad que Japón, que tiene uno de los impuestos más altos del mundo sobre el capital, siga estancado en un declive económico que dura ya mucho tiempo.

Uno de los principales argumentos que se manejan en favor de aumentar los impuestos sobre las plusvalías es que una carga fiscal baja beneficia principalmente a los más ricos. Sin embargo, esta preocupación puede abordarse mediante un escalonamiento mayor de tipos fiscales con el que obtener una recaudación más alta de aquellos que disfrutan de beneficios particularmente cuantiosos. Es más, en la medida en que la posesión de acciones se ha ido extendiendo más y más por todo el mundo (una tendencia que puede haberse retraído tras las pérdidas de las Bolsas en el 2008), los impuestos sobre las plusvalías afectarán a inversores menos acaudalados además de a los privilegiados.

Una idea un tanto radical, que complicaría todo el entramado fiscal, sería diferenciar entre diversos tipos de actividades económicas a la hora de fijar los tipos impositivos. En países como EEUU, este punto se aborda mediante una diferenciación entre unos tipos impositivos más altos sobre los ingresos ordinarios y unos tipos impositivos más bajos sobre las plusvalías. No obstante, quizás debería hacerse una diferenciación aún mayor entre tipos distintos de plusvalías como, por ejemplo, las obtenidas mediante inversiones especulativas en Bolsa o en derivados frente a las obtenidas por la venta de una empresa que crea puestos de trabajo y contribuye al crecimiento de la economía.

Hay otros cambios en el régimen fiscal que habría que abordar en todo el mundo. El Ejecutivo de Obama no ha hecho demasiado hincapié en las deducciones aceleradas de impuestos y en créditos para inversiones de capital, un procedimiento más eficaz para estimular la inversión que las medidas de estímulo que ha aprobado y que, para ganarse a los miembros del Congreso, están llenas de proyectos que suponen un derroche de dinero. Los gobiernos de todo el mundo deberían aprobar incentivos fiscales en favor de los emprendedores y de las empresas ya establecidas para fomentar inversiones que refuercen su capital, en lugar de decidir qué proyectos deben llevarse a la práctica y quiénes deben hacerlo.

Los incentivos fiscales son un procedimiento de generar estímulos para que el sector privado invierta dinero mucho menos intervencionista que los proyectos directamente financiados con fondos públicos.Japón es un claro ejemplo de puentes que no llevan a ninguna parte y de inversiones que no sirven para nada como estímulo (aunque tampoco su política fiscal es mejor).

El presidente Obama ha designado al ex presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, al frente de un grupo de expertos que ha de analizar la legislación fiscal de EEUU; otros países de todo el mundo deberían plantearse asimismo análisis similares con la vista puesta en el alineamiento de la política fiscal con el crecimiento económico y no en intereses políticos estrechos de miras.

Otra área que necesita una revisión a escala mundial es la de la legislación laboral. Los gobiernos de todo el mundo han hecho que resulte excesivamente caro contratar y despedir trabajadores.La consecuencia es que, en lugar de proteger a los trabajadores, por esa vía se priva a mucha gente de un puesto de trabajo. No puede atribuirse a la casualidad que, en Estados Unidos, el estado de California sea al mismo tiempo el peor lugar para ser dueño de una empresa y el mayor fracaso económico de los 50 estados del país.

La mano implacable del gobierno de California saquea a fondo los bolsillos de los empresarios californianos hasta el punto de que las empresas están marchándose en busca de jurisdicciones con menores costes, en las que pueden contratar trabajadores sin preocuparse de que los costes de los seguros de sus empleados se suban por las nubes. ¿Por qué han de ser diferentes las cosas en Europa? El experimento de Francia con las 35 horas semanales de trabajo fue un caso digno de estudio sobre lo que es una medida antieconómica, y la legislación laboral de Alemania ha supuesto durante muchos años una rémora para la economía del país.

Las economías ya no son nacionales, son globales. Las empresas se trasladarán a donde puedan fabricar sus productos de manera más eficaz y los gobiernos deberían apoyar a las empresas en sus esfuerzos por actuar de ese modo en lugar de intentar maniatarlas dentro de sus fronteras con unas leyes laborales arcaicas. Soy consciente de que en Europa es muy numerosa la población que siente una extraordinaria simpatía por los sindicatos, pero los norteamericanos están siendo testigos de cómo se viene abajo todo su sector del automóvil bajo el peso de unos contratos antieconómicos impuestos por los sindicatos, que no son nada más que versiones en el sector privado de las prácticas laborales que desde el sector público han impuesto los gobiernos europeos a sus empresas con unos costes enormes.

El mundo ha cambiado y el trabajo tiene que cambiar también.En lugar de dejar que sean los gobiernos los que marquen las prioridades, debería ser el mundo del trabajo el que fijara las suyas con la finalidad de hacer posible que los trabajadores reciban protección en lo que se refiere a puestos de trabajo, prestaciones sociales y oportunidades de formación en un mundo diferente.

(*) Michael Lewitt es analista financiero y presidente de Harch Capital Management.

No hay comentarios:

Publicar un comentario