La denominada Ley sobre Transparencia y Acceso a la Información obliga desde hoy a las instituciones estatales a mantener publicada en sus páginas de Internet ciertos datos actualizados, lo que ha sacado a la luz numerosa información de interés para los ciudadanos.
Sólo ocho meses después de que la presidenta Michelle Bachelet sancionara esta norma, su aplicación ha suscitado una avalancha informativa en la web que la prensa y las organizaciones sociales tratan de digerir poco a poco.
Uno de los datos más buscados ha sido la remuneración que percibe la propia Bachelet, y esa cifra, que asciende a 7.326.180 pesos al mes (12.660 euros o 9.635 euros), ocupa ya las portadas de los diarios vespertinos y digitales.
La transparencia en materia salarial afecta también al hijo de la mandataria, Sebastián Dávalos Bachelet, quien trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores por un salario mensual de casi dos millones de pesos (3.446 dólares ó 2.622 euros).
En tanto, en el gabinete de Bachelet, la titular de Agricultura, Marigen Hornkhol, se alza como la ministra mejor pagada, mientras que el peor remunerado es el anterior portavoz del Gobierno y actual responsable de Defensa, Francisco Vidal.
La transparencia llegó también a otras instituciones públicas, como el Banco Central, la Fiscalía y el Poder Judicial, en los que se ha podido apreciar gastos exagerados en pasajes aéreos, alfombras, combustible para calefacción e incluso papel higiénico y ambientador.
La aplicación de la norma tuvo más tropiezos en los municipios del país, aunque el Gobierno aseguró que no serían más de cien los ayuntamientos que tienen dificultades para divulgar sus entresijos, sobre todo aquellos más pequeños que no cuentan con página web.
Además, la ley contempla la creación de un Consejo para la Transparencia, órgano que desde hoy está encargado de controlar su cumplimiento, y obliga a las instituciones a responder en un plazo de 20 días a la información solicitada por los ciudadanos.
Los primeros requerimientos han llevado la firma de organizaciones ecologistas como Océana, que pidió a la Subsecretaría de Pesca información sobre la pesca de arrastre, así como de la magnitud y distribución de la flota arrastrera de Chile.
Las preocupaciones medioambientales también han llevado a la Alianza por una Mejor Calidad de Vida a dirigirse al Servicio Agrícola y Ganadero para pedir información sobre la ubicación exacta de los cultivos transgénicos en el país.
Las instituciones deberán ahora responder a las solicitudes que arrastre esta ley, que pretende hacer más transparente la gestión de los recursos públicos en un país que ocupa las primeras posiciones en el combate contra la corrupción y el respeto a la probidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario