viernes, 3 de abril de 2009

Prestamistas a corto plazo luchan por sobrevivir en EEUU

NUEVA YORK.- Las empresas que conceden préstamos a corto plazo y que están en la mira del Congreso han movilizado cabilderos bien conectados e invertido grandes sumas para contrarrestar una campaña en su contra. Y la estrategia parece estar dando resultados.

Un importante político demócrata hispano, el representante Luis Gutiérrez, que alguna vez quiso prohibir esos préstamos, está ahora a favor de que los regulen. Dice que su cambio de posición obedece a la fuerza que tiene la industria.

Gutiérrez asegura que su proyecto incluye numerosas protecciones para los prestatarios y representa la mejor salida posible a la luz de la influencia que tienen los prestamistas. Agrupaciones defensoras del consumidor, por su parte, sostienen que el proyecto contiene numerosas lagunas jurídicas que benefician a la industria.

"No serán JP Morgan Chase ni Bank of America, pero son muy fuertes. No hay que subestimar su influencia", expresó Gutiérrez, el principal representante demócrata en la subcomisión de servicios financieros a cargo de todo lo relacionado con los créditos, en una entrevista.

Los préstamos a corto plazo son básicamente adelantos del sueldo, pagaderos en pocos días, con intereses altísimos, equivalentes a una tasa anual del 400%, y a veces hasta el doble.

Numerosos sectores dicen que son la única opción de crédito rápido que tienen las personas de ingresos bajos y los describen como productos que atrapan al prestatario en un ciclo devastador, en el que resulta muy difícil saldar la deuda, pues ésta aumenta constantemente.

En el 2006 el Congreso dispuso que al personal militar no se le puede cobrar más de un 36% en ese tipo de préstamos y 15 estados los prohibieron totalmente o pusieron límites similares. Pero en unas dos docenas de estados sigue sin haber regulación alguna para esos préstamos y Gutiérrez dice que eso es intolerable.

"No hacer nada es ponerse del lado de la industria. Estamos controlando sus tarifas y limitando su capacidad de causarle dolor al consumidor", dijo el legislador.

Efectivamente, la industria resiste a pie firme el proyecto de Gutiérrez, diciendo que amenaza con acabar esa práctica. La medida dispone que no se puede cobrar un interés anual superior al 391%, prohibe los "rollover", como se denomina a la refinanciación de un préstamo, con tarifas enormes, e impide que un prestamista demande a un prestatario o le quite dinero de su suelto para cobrar una deuda.

Pero agrupaciones defensoras del consumidor consideran que el proyecto no hace nada por combatir las prácticas más comunes. Agregan que por primera vez legitimizaría préstamos usureros y perjudicaría los esfuerzos que se realizan en varios estados para poner mayores límites a los intereses.

"No creemos que esto vaya a proteger al consumidor. De hecho, le daría legitimidad a una práctica que puede ser muy nociva para las personas menos indicadas" para contraer ese tipo de deudas, manifestó Jean Ann Fox, de la Federación de Consumidores (Consumer Federation of America).

Fox declaró el jueves ante la subcomisión de Gutiérrez en nombre de siete agrupaciones de consumidores que reprueban el proyecto y quieren fijar un límite del 36% anual para los intereses.

La asociación de prestamistas a corto plazo ha gastado más de un millón de dólares anuales en los últimos cuatro años para promover su causa en el Congreso, incluidos 1,4 millones de dólares el año pasado, según documentos que presentaron al Congreso. Reforzó su equipo de Washington y contrató más especialistas, entre ellos las conocidas firmas de cabilderos de Tim Rupli y Wright Andrews.

Además intensificó sus donaciones políticas y en el 2007 y el 2008 contribuyó más de 200.000 dólares, mayormente a legisladores de las comisiones del Senado que lidian con bancos e hipotecas, de acuerdo con datos de la Comisión Federal de Elecciones recopilados por el Center for Responsive Politics. Esas comisiones supervisa la industria de préstamos a corto plazo.

Compañías de préstamos como Cash America y Advance America Cash Advance también intensificaron sus actividades políticas.

"A medida que el Congreso se interesa en este tema, nosotros nos movilizamos más" en Washington, declaró Steven Schlein, de la Asociación de Servicios Financieros para la Comunidad, la entidad que defiende los intereses de los prestamistas a corto plazo.

"El Congreso está empezando a darse cuenta de que no hay otras alternativas" a estos préstamos a corto plazo, acotó.

La Online Lenders Alliance, formada en el 2005 y que representa a los prestamistas online, cuadruplicó su presupuesto para tareas de cabildeo, hasta llegar a 480.000 dólares, entre el 2007 y el 2008.

Esa agrupación ayudó a organizar actos de recaudación de fondos de legisladores como el representante demócrata Joe Baca, quien el miércoles presentó otro proyecto de ley mejor visto por la industria de prestamistas a corto plazo. Ese proyecto permite refinanciar préstamos e impediría que los estados fijen límites a los intereses que se pueden cobrar. Además permite a los prestamistas online cobrar tarifas más altas que las de los que operan desde locales.

Baca dijo que no sabía que la industria de prestamistas había colaborado con su campaña, pero señaló que "el que aporten o no (dinero) no tiene nada que ver con la necesidad de una legislación. La gente necesita préstamos de emergencia y esta es la única forma que tienen de obtenerlos".

No hay comentarios:

Publicar un comentario