El Gobierno británico estima que el fraude puede alcanzar los 63 millones de libras (69,5 millones de euros) al año, y señala que se trata de diferentes estafas, como personas que perciben prestaciones de asistencia social que residen en el extranjero pero que no han declarado su ausencia para seguir percibiendo esta ayuda, o personas que trabajan mientras perciben prestaciones por incapacidad.
De esta forma, el Ejecutivo de Gordon Brown amplía la línea telefónica gratuita para la denuncia de fraudes sobre las prestaciones que se puedan estar cobrando de forma indebida, tras el éxito obtenido desde su lanzamiento en Alicante en septiembre de 2008.
Así, los residentes británicos en estas regiones españolas podrán a partir de ahora informar a través de este número de teléfono local de cualquier sospecha sobre otros compatriotas que puedan estar cometiendo fraude de prestaciones recibidas del Reino Unido. Su denuncia pasará a un equipo de investigadores británicos a través del operador de la línea.
El ministro de Empleo británico, Tony McNulty, manifestó que el Gobierno está comprometido "a impedir que los autores de fraude a las prestaciones roben así a los contribuyentes británicos". "Nuestro cometido se extiende más allá de las fronteras de Reino Unido e, incluso, en la soleada España estamos estrechando el cerco al fraude de las prestaciones británicas", subrayó.
Bajo la campaña 'Estrechando el cerco' (We're closing in), que se está difundiendo en los medios locales que se distribuyen en las comunidades de expatriados en la Costa del Sol y las Islas Canarias, se está dando a conocer esta línea de teléfono y la página web donde se puede denunciar a las personas sospechosas.
Esta iniciativa, añade el Gobierno británico, es parte de una "creciente relación" entre España y Reino Unido en materia de Seguridad Social, que incluye acuerdos sobre cruces de datos e intercambios de información sobre defunciones.
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