Las quejas son interminables y los ánimos se calientan día a día ante lo que consideran un fraude de grandes proporciones. Dos mil cuentas, individuales y de empresa, tienen sus fondos atrapados (1.200 millones de euros) desde que el banco entró en barrena en noviembre, con un agujero de 700 millones, y el Gobierno acudió en su ayuda con un aval de un préstamo de 450 millones concedido por seis bancos. El BPP tiene unos 400 clientes en España, gallegos y valencianos la mayoría, según 'El País'.
Una situación similar atraviesa el Banco Portugués de Negocios (BPN), si bien con consecuencias distintas para el cliente, al menos por ahora. En noviembre, mes maldito, el Gobierno intervino al salir a la luz un agujero del BPN de 900 millones de euros, que ahora supera los 2.000 millones. En aquel caso, a diferencia del BPP, el Ejecutivo optó por nacionalizarlo y hasta ahora ninguna cuenta ha sido congelada.
Podría decirse que los dos bancos libran una pugna por lograr mayor eco mediático. Esta semana, el protagonista principal ha sido José Oliveira e Costa, 73 años, presidente del BPN entre 1998 y 2008 (dimitió tras alegar razones de salud) y en prisión preventiva desde el 21 de noviembre.
En su comparecencia ante la comisión de investigación parlamentaria abrió la caja de los truenos. Traje impecable, el primer banquero luso encarcelado aguantó estoicamente las ocho horas de sesión sin denotar cansancio, con breves descansos para levantarse de la silla. Ha tardado seis meses en hablar, pero ha tirado con bala.
Habló de un grupo de diez accionistas y de un subgrupo de cuatro que "manipularon conscientemente los hechos para abortar las sucesivas hipótesis de venta del grupo Sociedad Lusa de Negocios (SLN)-BPN a entidades extranjeras que reunían las mejores condiciones". Compradores potenciales saudíes, jordanos, sirios, libios, de EE UU (grupo
Carlyle), kuwaitíes (KIO), angoleños, españoles (Caixa de Galicia)... Habló también de un acuerdo secreto entre los referidos accionistas para vender el banco con sobreprecio. Y dio nombres. Los consejeros Joaquim Coimbra; Joaquim Nunes, el anterior presidente del banco; Miguel Cadilhe, que no salió bien parado en la larguísima declaración de Oliveira e Costa.
Hasta que pronunció el nombre más esperado: Manuel Joaquim Dias Loureiro, ex administrador de la SLN, ex ministro, miembro del Consejo de Estado y con buenos contactos con la familia real marroquí, entre otros. Oliveira no se anduvo por las ramas. Le trató de mentiroso, desleal y egocéntrico. Y concluyó con una frase demoledora: "El papel del doctor Dias Loureiro en el Grupo SLN acabó como comenzó, es decir, creando problemas, aunque siempre negó estar envuelto en el origen de los mismos".
Acusado de delitos como fraude, lavado de dinero, evasión fiscal y falsificación de documentos, Oliveira e Costa negó solemnemente cualquier acto fraudulento. "Por muchos errores que haya podido cometer", dijo, "nadie puede acusarme, con la verdad de todo el proceso, de haber perdido un solo céntimo, ya que ofrecí soluciones que aportarían al país miles de millones de euros".
El Banco de Portugal, como entidad supervisora, está en mala posición por no tomar cartas en el caso BPN. El diputado Nuno Melo, del Centro Democrático Social, leyó un documento oficial que demostraba que el regulador estaba al tanto de sus problemas desde 2002, año de la primera inspección. Oliveira no hurgó en esta herida, pero la posición del gobernador del Banco de Portugal, Vítor Constâncio, es cada día más débil.
El Partido Comunista ha pedido su dimisión y fuentes del Partido Socialista, en el Gobierno, no ocultan su malestar por la evidencia de que la supervisión falló.
Aunque tiró muchos balones fuera o se refugió en el silencio, la comparecencia de Oliveira e Costa deja abiertos muchos interrogantes sobre las actuaciones irregulares del BPN y su relación con el
Banco Insular de Cabo Verde y otras entidades en paraísos fiscales. El SLN es un conglomerado gigantesco cuyos tentáculos se extienden por la banca, los seguros, tecnología, automóvil, turismo, salud, industria y transportes, agroalimentación e inmobiliario. Tiene 140 empresas, 98 en plazas off-shore, y 4.600 empleados.
El otro banco a la deriva es protagonista en Oporto. Clientes del BPP con sus cuentas congeladas han ocupado la sede allí. Paulo Jorge, portavoz de una de las tres asociaciones de afectados, explica que el problema está en los activos de inversión llamados de "retorno absoluto".
"El banco los comercializaba como si fueran depósitos a plazo, con capital e interés garantizados, y luego colocaba este dinero en el mercado de capitales puro a través de una cartera discrecional, al margen de los clientes, que tenían un contrato que les garantizaba retorno a tres meses, seis meses o un año". Con la crisis financiera, los activos de la cartera se devaluaron el 50%, como la participación en Bolsa del banco Millennium BCP, del que el BPP llegó a tener el 24%.
Los clientes afectados han tocado muchas puertas, pero sólo han sido escuchados en la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM), según detalla Durval Padrao, del Movimiento Retorno Absoluto, que agrupa a unos 450 clientes. "El Gobierno dijo el año pasado que los ahorros de todos los portugueses estaban garantizados, independientemente de cualquier valor. En Portugal, el Gobierno salva al BPN a través de la nacionalización. Queremos el mismo trato", añade.
La congelación de los depósitos acaba formalmente el 1 de junio, pero el Banco de Portugal ha dicho que prorrogará el plazo. Lo que sí se acaba es la paciencia de los clientes. -
La comparecencia del ex presidente del BPN José Oliveira e Costa en el Parlamento tuvo un efecto inmediato. Al día siguiente, Manuel Dias Loureiro dimitió como miembro del Consejo de Estado, órgano político de consulta del presidente de la República. Los consejeros gozan de inmunidad, que sólo pierden cuando dejan de pertenecer al organismo. Dias Loureiro comunicó su decisión al presidente Aníbal Cavaco Silva, quien declaró que el consejero dimitió para poder ser escuchado por la Procuradoria General de la República (PGR) "lo antes posible".
Más tarde acudió a un canal de televisión y declaró que renunciaba a su puesto en el Consejo de Estado para que nadie creyera que se refugiaba en la inmunidad del cargo. Asimismo, negó cualquier relación entre la dimisión y las declaraciones de Oliveira e Costa del día anterior. Es probable que esta decisión ayude a la investigación del caso BPN, pero está por ver si Dias Loureiro la tomó libremente, sin presión de ningún tipo, o fue aconsejado desde las más altas instancias.
El ex administrador ejecutivo de la Sociedad Lusa de Negocios fue ministro de Asuntos Parlamentarios y de Administración Interna (Interior) en los tiempos de Cavaco Silva como primer ministro, y fue nombrado por el hoy presidente de la República como uno de los cinco miembros del Consejo de Estado de designación directa. A medida que avanza la investigación, este cavaquista consumado corría el riesgo de convertirse en una pieza cada vez más incómoda para el presidente de la República.
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