El Ejecutivo comunitario quiere crear un sistema de alerta rápida para detectar riesgos que amenacen la estabilidad financiera, que estará dirigido por el Banco Central Europeo (BCE), y dar más poderes a las autoridades de supervisión europeas en el control de los bancos transfronterizos.
En todo caso, estas nuevas autoridades no decidirán sobre el reparto de la carga entre los países en caso de quiebra de una entidad.
La reforma que patrocina Bruselas sigue las propuestas realizadas por el grupo de expertos presidido por el ex director del FMI, Jacques de Larosière, del que formaba parte el economista español José Pérez.
El Ejecutivo comunitario espera obtener el apoyo político de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en la cumbre que se celebrará el 18 y 19 de junio. Su objetivo es que los cambios entren en vigor en 2010. Pero la iniciativa choca ya con las reticencias de Reino Unido, que se niega a ceder poder a autoridades supervisoras supranacionales.
"Tiene que ser ahora o nunca. Si no podemos reformar el sector financiero y la supervisión financiera cuando tenemos una auténtica crisis, ¿cuándo reformaremos?", destacó el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso. Indicó que las medidas anticrisis adoptadas por los Estados miembros "están empezando a funcionar", pero que la economía necesita también "mercados financieros éticos y eficaces".
En este sentido, el presidente del Ejecutivo comunitario aseguró que la reforma de la arquitectura financiera es imprescindible para recuperar la confianza. "Queremos que Europa sea la primera en aplicar los compromisos del G-20 sobre supervisión transfronteriza", insistió. Sólo así, prosiguió, la UE podrá influir plenamente en el diseño del sistema global y empujar al resto de países a seguir su ejemplo.
La Comisión propone en primer lugar poner en marcha un Consejo Europeo de Riesgo Sistémico, compuesto fundamentalmente por los gobernadores de los bancos centrales de la UE. Su función consistirá en recoger y analizar toda la información sobre el sistema financiero, detectar posibles riesgos y avisar para que se tomen medidas para corregirlos antes de que provoquen una crisis.
De lo que se trata, es de "escapar de la dinámica de burbujas que luego estallan que está en el origen de los problemas sistémicos que han caracterizado el funcionamiento de nuestros sistemas financieros recientemente", explicó el comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia.
El Consejo estará presidido por el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, y el BCE jugará un "papel clave" en su funcionamiento, dijo Almunia. Estará integrado además por los gobernadores de los bancos centrales de todos los Estados miembros, el vicepresidente del BCE, los presidentes de las nuevas autoridades europeas de supervisión y un representante de la Comisión. Reino Unido, que no pertenece a la eurozona, ya ha expresado sus "reservas" frente a esta propuesta y ha pedido un mayor papel para las autoridades financieras británicas.
Las alertas y recomendaciones que elabore el Consejo Europeo de Riesgo Sistémico podrán ser de carácter general o dirigirse a Estados miembros concretos, pero no tendrán carácter vinculante. En todo caso, si los destinatarios de las recomendaciones deciden no seguirlas deberán explicar los motivos.
El nuevo órgano de la UE mantendrá un estrecho contacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con el Consejo de Estabilidad Financiera para intercambiar alertas sobre riesgos globales.
La otra gran reforma que propone el Ejecutivo comunitario consiste en reforzar el sistema europeo de supervisión de grupos bancarios transfronterizos. Se trata de crear colegios de supervisores formados por las autoridades responsables de los Estados miembros en los que operen estos bancos. El liderazgo corresponderá al país donde tenga su residencia la empresa matriz, aunque se fortalece el papel de los supervisores de los Estados miembros donde el banco tenga filiales.
La Comisión pide además dar más poderes a los comités consultivos de supervisores financieros europeos, en los que están representados expertos de los Veintisiete, y convertirlos en tres autoridades: una Autoridad Bancaria Europea, una Autoridad de Seguros Europea, y una Autoridad Bursátil Europea.
Estas instancias, que contarán con un órgano de coordinación para que no actúen de forma contradictoria, tendrán poder ejecutivo para mediar si hay desacuerdos dentro de los colegios de supervisores entre el del país de la matriz y el país de la filial.
Este es el punto que más preocupa a Reino Unido, que rechaza de plano que estas autoridades puedan imponer decisiones cuando ejercen de mediadores entre el supervisor del país de origen y el de destino.
En todo caso, las nuevas autoridades no tendrán poder de decisión sobre el reparto de la carga entre los Estados miembros en caso de quiebra de un banco. Almunia explicó que la Comisión "no puede imponer a los Estados miembros cómo deben utilizar el dinero de sus contribuyentes" porque se trata de una competencia nacional. No obstante, dejó claro que se trata de un "problema real que tenemos que resolver" para poder frente a las crisis.
El comisario responsable de Mercado Interior, Charlie McCreevy, que durante los cinco años de su mandato se ha opuesto a una mayor regulación de los mercados financieros, dijo que esta reforma es necesaria porque "la crisis ha reforzado la tendencia de los supervisores a trabajar considerando sólo la dimensión nacional".
"Muchos ministros de Finanzas me han dicho que se enteraron por los periódicos cuando un banco extranjero en su territorio tenía problemas", aseguró.
Por su parte, Durao Barroso insistió que no se trata de una "centralización de poderes" en la UE sino de mejorar la coordinación entre los supervisores nacionales.
El ex vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes, dijo el pasado abril, poco antes de dejar su cargo, que España apoya en líneas generales estas reformas aunque resaltó que la creación de colegios de supervisores en ningún caso debe interpretarse como un paso intermedio para establecer un supervisor financiero único europeo.
El Partido Socialista Europeo, que viene reclamando en los últimos meses una mayor regulación financiera, acogió positivamente las propuestas pero pidió a la Comisión a través de un comunicado que "resista la inevitable presión de los Estados miembros para descafeinarlas".
Por su parte, el Gobierno de Reino Unido señaló que las propuestas de Bruselas son "un punto de partida para las discusiones posteriores" y dejó claro que "cualquier reforma que hagamos en la UE debe ser factible, práctica y coherente con el enfoque que estamos adoptando a nivel internacional a través del G-20".
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