Nos guste o no, el nuestro es un mundo de compañías multinacionales. Casi todas las empresas insignia de América (Coca-Cola, IBM, Microsoft, Caterpillar) son multinacionales, y el proceso funciona en ambos sentidos. En el ejercicio 2006, las operaciones estadounidenses de compañías extranjeras dieron trabajo a 5,3 millones de empleados. La inminente adquisición de Chrysler por parte de Fiat nos recuerda una vez más que gran parte del comercio es transnacional.Para la mayoría de la gente, el de la empresa multinacional es un concepto preocupante. La lealtad pesa. Nos gusta pensar que nuestras empresas satisfacen el interés nacional en lugar de recorrer el mundo simplemente en busca de la mano de obra más barata, las regulaciones más distendidas o los impuestos más bajos. Y el asunto de los impuestos es especialmente espinoso: ¿cómo se puede cobrar a las multinacionales en concepto de los beneficios que ingresan fuera de los países donde están radicadas?
Escuche al presidente Obama y el status quo parecerá una sima. «Vacíos» profundos ingeniados por «lobbistas muy bien relacionados» permiten a las compañías estadounidenses salvar impuestos estadounidenses y deslocalizar puestos de trabajo a países con reglamentos fiscales menos estrictos. De forma que el presidente propone cegar los agujeros. Parte de los puestos de trabajo volverán a EEUU y sus arcas crecerán unos 210.000 millones de dólares en la próxima década.
Suena estupendo, y así es como se difundió la noticia. «Obama pone su mira en los evasores fiscales de ultramar», titulaba The Washington Post. Pero la realidad es más lóbrega y la retórica acusatoria del presidente perpetúa muchos mitos.
Mito: ayudadas por esos lobbistas de bolsillos saneados, las multinacionales estadounidenses están escasamente gravadas. Menos que sus homólogas extranjeras.
Realidad: lo contrario. La mayor parte de los países no gravan en absoluto los beneficios ingresados en el extranjero que registran sus multinacionales. Suponga una multinacional suiza con operaciones en Corea del Sur. Paga el impuesto de sociedades coreano del 27,5% y puede ingresar en sus cuentas lo demás completamente libre de impuestos.
Por el contrario, una empresa estadounidense afincada en Corea paga el impuesto coreano y, si repatría los beneficios, se enfrenta a un tipo fiscal del impuesto de sociedades estadounidense del 35%. Las empresas de EEUU pueden evitar el impuesto estadounidense no repatriando los beneficios (como es natural, muchas lo hacen), y cuando son repatriados, las empresas obtienen una rebaja en concepto de impuestos abonados en el extranjero. En el caso que nos ocupa, pagarán la diferencia entre el tipo fiscal coreano (el 27,5%) y el tipo estadounidense (el 35%).
Mito: cuando las multinacionales estadounidenses invierten en el extranjero, están destruyendo puestos de trabajo en EEUU.
Realidad: no es así. Claro, muchas firmas han clausurado fábricas y abierto plantas de fabricación en otros sitios. Pero la mayor parte de las inversiones realizadas en ultramar por empresas estadounidenses están orientadas a los mercados locales. «Sólo el 10% de su producción extranjera es reexportada a Estados Unidos», explica el economista de Harvard Fritz Foley.
Cuando Wal-Mart abre unos almacenes en China, no cierra otros en California. Haciendo cuentas, todas las ventas extra del extranjero generan puestos de trabajo estadounidenses en concepto de gestión, investigación y desarrollo (casi el 90% del I+D de las multinacionales americanas tiene lugar en su territorio) y exportación de repuestos. Un estudio de Foley, en colaboración con los economistas Mihir Desai, de Harvard, y James Hines, de la Universidad de Michigan, estima que por cada incremento de la nómina en ultramar de las multinacionales estadounidenses de un 10%, sus nóminas en EEUU se elevan casi el 4%.
Mito: tapar vacíos fiscales corporativos de las sociedades que operan en el extranjero mejorará mucho las perspectivas presupuestarias mientras las empresas abonan su parte justa.
Realidad: ni en sueños. El aumento previsto de 210.000 millones de dólares en las arcas públicas a lo largo de los 10 próximos años -un dinero incluido ya en los presupuestos de Obama- apenas representa la sexta parte del 1% de la recaudación fiscal de la década, estimada en 32 billones de dólares, según la Oficina Presupuestaria del Congreso. Lo que es peor, la institución calcula que los déficit sin fin en los que incurrirá Obama en los próximos 10 años alcanzarán en total la sobrecogedora cifra de 9,3 billones de dólares.
Si las propuestas de Obama llegarán a generar o no algún puesto de trabajo en EEUU está en el aire. Siendo puristas, Obama subirá los impuestos a los beneficios de las multinacionales estadounidenses registrados en el extranjero limitando el uso del aplazamiento del pago de los mismos de hoy día y la deducción por pago de impuestos en el extranjero. Gravar de manera más acusada la inversión en el extranjero, reza la teoría, daría prioridad a la inversión en Estados Unidos.
Pero muchos expertos están seguros de que su propuesta destruirá en la práctica puestos de trabajo estadounidenses. Al estar más fuertemente gravadas, las empresas multinacionales americanas tendrán problemas para competir con sus rivales europeas y asiáticas. Algunas operaciones estadounidenses en el extranjero se podrían vender a empresas extranjeras que disfrutan de ventajas fiscales. De cualquiera forma, las operaciones de apoyo dentro de Estados Unidos pagarán el pato. «Se pierden parte de los buenos puestos de trabajo profesionales y de dirección en lugares como Chicago y Nueva York», afirma Gary Hufbauer, del Instituto Peterson.
Incluyendo los impuestos estatales, el tipo fiscal corporativo máximo de América supera el 39%; entre las naciones ricas, sólo Japón está por encima (por poco). Sin embargo, el tipo fiscal estadounidense que se impone se ve reducido mediante ventajas -nacionales en su mayor parte, no extranjeras- que también hacen más complejo el sistema y lo encarecen. Como sugiere Hufbauer, Obama habría hecho mejor bajando el tipo máximo poniendo fin a muchas de las ventajas. Eso rebajaría los costes de conformidad e implicaría menos distorsiones.
Pero esta clase de propuesta sería mucho más difícil de vender. Obama sacrificó el contenido en aras del continente.
(*) Robert J. Samuelson es columnista del diario The Washington Post
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