El 90% de las empresas usuarias de este mecanismo lo utilizan por la rapidez de la obtención del laudo arbitral frente a la tardanza de las sentencias firmes del sistema judicial, según datos de Aeade.
La media de resolución de los conflictos arbitrales en 2009 está siendo de menos de cuatro meses y de seis meses en los casos de más complejidad, frente a los cerca de tres años de la Justicia ordinaria.
El secretario general de Aeade, Javier Íscar, afirmó que "en el arbitraje, a diferencia de la justicia ordinaria, el plazo máximo de resolución del conflicto son seis meses, lo que puede reducir la posibilidad de entrar en concurso de acreedores".
Según al Aeade, el temor de los empresarios a no cobrar las deudas ha subido significativamente, y la confianza en cobrarlas cuando el deudor está en concurso es prácticamente nula.
Íscar afirmó que el arbitraje "podría haber evitado el cierre o la entrada en concurso de una de cada tres empresas", ya que "la falta de dinero para hacer frente a los pagos suele ser la disminución de los activos circulantes, el aumento del endeudamiento a corto plazo y el aumento de incobrables".
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