El Banco de España no formuló comentarios sobre esta información.
Según el diario, que usa fuentes financieras anónimas, el organismo dirigido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez aún tiene que tomar una decisión al respecto, pero podría decantarse por un relajamiento de las normas impuestas hace cinco años para poner freno al boom inmobiliario.
Esta medida iría dirigida principalmente a cajas de ahorros que previsiblemente acabarán a finales del año con las provisiones anticrisis (exigidas por el Banco de España desde 2000) y empezarían a incurrir en pérdidas para cubrir la mora, añadió.
Expertos financieros explicaron que, con independencia de la decisión que adopte el Banco de España en esta materia, el análisis de la situación obedecería exclusivamente a determinar si la normativa relativa a provisiones por morosidad se adecua o no al actual contexto económico.
La regulación y supervisión del Banco de España se distingue de otros sistemas financieros por contar con un esquema de provisiones genéricas, que exige a las entidades elevadas exigencias de coberturas, incluso en períodos de bonanza.
A diciembre de 2008, las provisiones totales del sector financiero en España ascendieron a 44.619 millones de euros, de los cuales 25.769 millones de euros correspondieron a genéricas y 18.850 millones de euros a específicas.
Las provisiones genéricas, creadas a instancias del Banco de España, se dotan en función del crecimiento crediticio para hacer frente a una morosidad latente en el futuro.
Mientras, las provisiones específicas se dotan para hacer frente a créditos morosos ya identificados.
La propia Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha pedido públicamente al Banco de España que relaje las exigencias de provisiones a la banca, mientras que la Asociación Española de Banca (AEB) no lo ha planteado hasta el momento.
Las cajas acumulaban a finales de marzo una provisión genérica de 10.015 millones de euros y una específica de 12.353 millones, mientras que los bancos acumulaban una dotación genérica de 11.235 millones y una concreta de 8.193 millones de euros al cierre del primer trimestre.
La circular 4/2004 establece que cuando un cliente se retrasa 90 días en el pago de la letra de un préstamo, se debe anotar todo el importe del crédito pendiente como moroso.
Además, en el caso de un crédito hipotecario - concedido por más del 80 por ciento del valor de tasación - que está en mora durante dos años, la entidad financiera tiene que provisionar el cien por cien de la deuda pendiente, independientemente del valor residual del piso.
Una de las medidas adoptadas recientemente por la banca para evitar el incremento de la morosidad ha sido la adquisición de inmuebles.
En caso de relajarse las necesidades de provisiones, tanto el beneficio como el capital de las entidades se verían favorecidos.
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