Más temprano, en el día de ayer, la legislatura venezolana aprobó una ley que permite la estatización de un grupo de empresas de servicios petroleros. Chávez dijo que las tomas de control comenzarían rápidamente en el centro de actividades petroleras de lago Maracaibo, en el estado occidental de Zulia.
"Mañana (por hoy) comenzamos a recuperar bienes, activos que pasan ahora a ser del Estado, de propiedad social como ha debido de ser siempre", declaró Chávez, quien agregó que miles de trabajadores pasarían a formar parte de la compañía petrolera PDVSA.
Pero miembros de un grupo de negocios de Zulia que representa a las firmas petroleras locales dijeron que soldados tomaron el control en la noche del jueves de las instalaciones de 20 compañías en la parte oriental del lago.
La ley facilita al Gobierno confiscar bienes de grandes empresas de servicios como la estadounidense Halliburton y el proveedor global Schlumberger, en momentos en que PDVSA acumula millones de dólares en deudas con contratistas debido al fuerte retroceso de los precios del crudo.
El presidente socialista nacionalizó hace dos años proyectos petroleros equivalentes a miles de millones de dólares y ahora tiene como objetivo a las firmas de servicios más pequeñas, con las que el Gobierno tuvo dificultades de pago debido a la baja de los ingresos del crudo en meses recientes.
La ley afectaría directamente al productor de gas natural estadounidense Williams Companies Inc, propietario principal de una instalación de compresión de gas en Venezuela, y que en abril registró una rebaja contable por 241 millones de dólares por una deuda de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
La medida podría causar un declive en la producción de crudo del país, miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), pues podría generar retrasos en servicios clave tras varios años de pocas inversiones en PDVSA, que financia programas sociales que sustentan la popularidad de Chávez.
"Esta pareciera ser una salida fácil a su actual problema de deuda con las empresas de servicios, pero es una solución efímera", dijo Antoine Halff, vicepresidente de investigación del Newedge Group en Nueva York.
"Primero, hay dudas respecto cuán bien PDVSA podría operar esas empresas de servicios, pero también hay preguntas respecto a cómo esto afectaría futuras inversiones en proyectos petroleros", agregó.
La ley pone al Estado a cargo de empresas proveedoras de diversos servicios, -incluyendo la reinyección de gas y agua, transporte marino en el petrolero Lago de Maracaibo- y autoriza a PDVSA a tomar a las firmas involucradas en esas operaciones.
Además, permitirá compensar a las firmas con bonos, en lugar de efectivo, ordenar tomas preventivas de instalaciones mientras las disputas se dirimen en cortes y posiblemente anular contratos existentes.
Operativo
Entre los bienes que pasarán bajo el control del Estado, Chávez citó 300 lanchas, 30 remolcadores, 39 terminales y muelles y cinco diques astilleros, lo cual implica la expropiación total y parcial de las empresas que poseen estos bienes, algunas de ellas extranjeras, que serán indemnizadas. La ley, aprobada este jueves por la Asamblea Nacional y promulgada horas después por el presidente, otorga al Estado el control de empresas de inyección de agua, vapor o gas, de transporte de trabajadores y de prestación de otros servicios en la industria petrolera.
Hasta este jueves, la ley de hidrocarburos vigente reservaba únicamente al Estado las actividades de exploración y producción. "Hay unos sectores conexos que son indispensables para garantizar la producción petrolera en nuestro país. Por ejemplo (en) el Lago de Maracaibo, si no tenemos control de las lanchas y las embarcaciones, no hay manera de que produzcamos petróleo", afirmó el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez.
En palabras de Chávez, con estas acciones, que se realizarán en una importante región petrolera, unos 8.000 empleados que trabajan para empresas contratistas pasarán a ser absorbidos por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
"Son trabajadores explotados y en muchas de ellas (de las empresas) esclavizados", aseguró el mandatario. Actualmente las empresas contratistas del sector petrolero dan trabajo a 20.000 personas. En su último balance, que contabiliza hasta septiembre de 2008, PDVSA tenía una deuda de 7.858 millones de dólares con sus proveedores.
Según Chávez, esta nueva ley, garantizará un ahorro de 700 millones de dólares a PDVSA, quien hasta ahora pagaba a las contratistas por sus servicios. Para el gobierno venezolano, esta ley será una forma de dar un paso adelante en la "soberanía petrolera" del país, cuyo gobierno está empeñado en recuperar el control de sectores estratégicos como los hidrocarburos.
Venezuela, mayor productor petrolero sudamericano, ya instauró en 2007 en la riquísima Faja del Orinoco un sistema de empresas mixtas entre PDVSA y otras firmas, en las que el Estado posee al menos 60% del capital. El ministro Ramírez ya adelantó que la norma aprobada este jueves no afecta a los taladros de perforación, a menudo propiedad de empresas privadas que últimamente han tenido problemas para recibir sus pagos.
Por último, según el gobierno esta ley blindará a Venezuela contra el arbitraje internacional, puesto que uno de sus artículos descarta esta modalidad de resolución de conflictos. Según el texto aprobado este jueves, las "controversias serán dilucidadas en forma exclusiva y excluyente por los tribunales de la República Bolivariana de Venezuela".
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