Así, uno de los puntos principales de la reforma que quiere impulsar el Gobierno tras las elecciones al Parlamento Europeo del 7 de junio es el de permitir a las cajas de ahorros la posibilidad de acceder al mercado de capitales, para que si tienen déficit de capital puedan reponerlo, equiparándolas así a los bancos.
Para ello, se plantea dotar de derechos políticos a las cuotas participativas, instrumentos financieros similares a las acciones, que tienen derechos económicos (permiten el cobro de dividendos) pero con el inconveniente de que no tienen derechos de voto.
Las cuotas, que son el equivalente para las cajas de las participaciones preferentes emitidas por los bancos, son un instrumento regulado desde hace ya cinco años y medio y que permite a las cajas conseguir fondos -para sortear la sequía de los mercados financieros o para abordar su expansión- y a la vez reforzar sus ratios de capital, al computar como recursos propios de primera categoría.
Las cuotas han suscitado desde el principio el recelo, cuando no el rechazo, de los sindicatos, presentes en los órganos de gobierno de las cajas (asamblea y consejo de administración), al considerar que pueden ser la antesala de la privatización de las entidades.
Paralelamente, el Gobierno quiere articular mecanismos que permitan acelerar la despolitización de las cajas de ahorros, no sólo quitándole poder e influencia a las comunidades autónomas, sino también restando peso a los partidos políticos en las asambleas de las entidades.
La intención del Ejecutivo es que ninguna comunidad autónoma pueda prohibir fusiones interterritoriales entre las cajas, que, a juicio del Gobierno, sería la mejor alternativa para abordar la reordenación y saneamiento del sector.
PSOE y PP han acercado posturas en torno a los dos principales puntos de la reforma, pero la negociación ha encallado ante la propuesta de los populares de abordar la desterritorialización de estas entidades, algo que colisiona con los intereses regionales de los barones socialistas y con su concepción de que las cajas deben estar al servicio de la región en la que están enclavadas.
El propósito del PP era que las cajas de distintas comunidades que pudieran verse inmersas en procesos de fusión pierdan sus vínculos políticos y territoriales con la comunidad autónoma donde están radicadas, lo que ha suscitado el rechazo socialista.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, indicó el pasado miércoles en el Congreso de los Diuputados que la normativa que prepara el Ejecutivo para facilitar la reordenación del sistema financiero no implicará una modificación de la Ley de Cajas de Ahorros en cuanto a la competencia de las comunidades autónomas.
A su parecer, es el momento oportuno para la reestructuración financiera, ya que no todas las entidades tienen la misma fortaleza para soportar un deterioro adicional de sus activos en el actual entorno recesivo y es fundamental que tanto bancos como cajas puedan absorber el impacto de la crisis manteniendo su solvencia.
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