martes, 12 de mayo de 2009

El Gobierno venezolano asume actividades petroleras en Lago de Maracaibo

CARACAS.- La corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) asumió el 90% de las operaciones en el Lago de Maracaibo que eran ejecutadas por empresas privadas locales y extranjeras, apoyada en una ley que le reserva al Estado los bienes y servicios de las actividades primarias de hidrocarburos.

El ministro de Energía y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, dijo el martes que el gobierno "ha logrado el control de más de 90% de las actividades en el Lago de Maracaibo", a unos 500 kilómetros al este de Caracas.

"Hay operaciones completamente normales, y hemos tomado las previsiones para responder a cualquier contingencia", señaló Ramírez, durante una visita a la localidad occidental de Maracaibo, estado Zulia.

El ministro desestimó las informaciones de algunas contratistas locales y empresas extranjeras que denunciaron la existencia de millonarias deudas de PDVSA con sus proveedores.

"Lo que siempre hemos dicho es que no le vamos a pagar tarifas abusivas a nadie, por eso iniciamos un proceso de revisión de toda la estructura de costo a estas empresas", acotó Ramírez.

El proceso de toma de activos y servicios de empresas petroleras por parte del Estado venezolano coincide con algunos problemas de demora en los pagos que viene enfrentando PDVSA desde el año pasado con contratistas locales y extranjeras, que ha llevado a algunas, como las estadounidenses Helmerich y Payne (H&P) y Ensco, a suspender operaciones.

Ensco, empresa a la que una filial de PDVSA le tomó un taladro en enero, informó el lunes en un comunicado que planea terminar el contrato con el gobierno venezolano salvo que le cancelen la deuda o negocie un acuerdo para el 30 de mayo.

A inicios de año la empresa Petrosucre, filial de PDVSA, asumió la operación de un taladro de Ensco alegando que la corporación incurrió en "abandono" de sus obligaciones contractuales cuando estaban en plena negociación de unas cuentas por pagar.

La firma estadounidense, que tiene su sede en Dallas, indicó que suspendió sus operaciones en uno de sus taladros porque la filial de PDVSA le debía 35 millones de dólares.

Unas 39 empresas que prestan diversos servicios a PDVSA pasarán a control estatal, según una resolución que entró en vigencia el lunes luego de su publicación en la Gaceta Oficial.

Entre las compañías afectadas por la medida figuran: A&E Marine Center, American Launch Compañía Anónima, Zulia Towing and Barge Company, COB S.A., Consorcio Kapplan Industry Inc. and Gulmar Offshore Middle East, Ehcopeck, Pro-Tec International C.A., Rodan Marine, Tidewater Marine Service, y Venezuelan Netherland Field Contractors (Venefco).

Estas empresas prestan servicios de lanchas para transporte de personal, remolcadores y materiales, y mantenimiento de buques, y suministro de buzos.

El presidente Hugo Chávez anunció el 8 de mayo que su gobierno nacionalizó "60 empresas", y tomó el control de 300 lanchas, una planta de tratamiento de inyección de agua, y 39 terminales de actividades acuáticas pertenecientes a contratistas petroleras que operan en el Lago de Maracaibo.

Asimismo, se informó que unos 8.000 empleados de las contratistas serían absorbidos por el gobierno.

Chávez dijo que la toma de los activos de las contratistas petroleras permitirá una reducción de "20%" en los costo de producción del petróleo, y ayudará a bajar en "500 millones de dólares" los gastos anuales de PDVSA.

Entre las empresas que resultaron afectadas por el proceso de nacionalización está el consorcio SIMCO y la estadounidense Williams Companies Inc..

Williams Companies Inc. informó el viernes pasado que el gobierno venezolano se había apoderado de dos de sus instalaciones de compresión de gas en el occidente del país. La empresa anunció a finales del mes pasado que tendría que asumir un cargo de 241 millones de dólares por sus operaciones en Venezuela, y reclamó a PDVSA el pago de la deuda.

La Asamblea Nacional, conformada en su mayoría por aliados del gobierno, aprobó el 7 de mayo una ley que le reserva al Estado los bienes y servicios de las actividades primarias de hidrocarburos y le abre el camino al gobierno para expropiar los activos de empresas petroleras cuando lo estime necesario.

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