martes, 19 de mayo de 2009

La policía francesa registra las sedes de tres importantes bancos

PARÍS.- Las sedes de tres importantes bancos franceses, Natixis y sus dos casas matrices, Banque Populaire y Caisse d'Epargne, fueron registrados este martes, en el marco de una investigación sobre la difusión de informaciones falsas a sus accionistas, indicaron fuentes judiciales.

Las tres sedes fueron registradas por la policía a raíz de una denuncia de unos 90 pequeños accionistas por "difusión de información engañosa, presentación de cuentas inexactas y repartición de dividendos ficticios y presentación de balance falso".

En su querella presentada el 20 de febrero, los accionistas denunciaron las condiciones del ingreso de Natixis en la Bolsa en diciembre de 2006. Hundidas por inversiones de riesgo vinculadas con el mercado estadounidense, Natixis es de lejos el banco francés más afectado por la crisis financiera desatada en 2008.

El pasado año la institución sufrió pérdidas por 2,8 millones de euros y en el primer trimestre de 2009 registró una pérdida de 1.800 millones de euros, obligando a la Caisse d'Epargne y a Banque Populaire a inyectar en su filial unos 3.500 millones de euros.

En menos de un año, Natixis ha recibido más de 9.000 millones de euros de sus accionistas, de los cuales cuatro mil millones proceden directamente del Estado.

El lunes de esta semana, los diputados franceses iniciaron el examen del texto sobre la fusión de la Caisse d'Epargne y la Banque Populaire, dos bancos mutualistas debilitados por los problemas de Natixis y cuya alianza fue dirigida por el gobierno.

La justicia francesa tiene en sus manos otra investigación preliminar en relación al nombramiento de un ex cercano colaborador del presidente Nicolas Sarkozy, François Perol, en la dirección del nuevo grupo.

Perol, que fue secretario general adjunto de la Presidencia, afronta dos querellas por asociación por toma ilegal de intereses sobre las condiciones de su nombramiento sin el aval de la comisión de deontología.

Perol participó en las negociaciones para la fusión entre la Caisse d'Epargne y la Banque Populaire, y las asociaciones así como varios sindicatos estiman que hay conflicto de intereses.

En Francia, la ley prohíbe a un funcionario trabajar para una empresa que ha vigilado, con la que ha concluido un contrato o a la que ha aconsejado en sus operaciones, en los tres años que preceden a su partida.

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