jueves, 21 de mayo de 2009

Los inspectores de Hacienda españoles apuestan por endurecer las penas por evasión fiscal a través de paraísos fiscales

MADRID.- El secretario y portavoz de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Francisco de la Torre, apostó hoy por endurecer la respuesta penal en los casos de evasión fiscal más graves, como el uso de paraísos fiscales o testaferros profesionales, ya que las cantidades defraudadas pueden ser muy importantes y las posibilidades de detención escasas.

"Es necesario que las penas sean suficientemente severas y efectivas para desincentivar este tipo de comportamiento insolidario", aseguró De la Torre durante los IX Encuentros Tributarios, donde aseguró que, en este entorno de mayor severidad, podría plantearse la cuestión del tratamiento a dar a las regularizaciones de patrimonio ocultos al Fisco.

En cualquier caso, De la Torre aseguró que debe garantizarse la aplicación de las normas defraudadas y la imposición de sanciones y recargos tributarios, sin que sean admisibles las amnistías fiscales y las tributaciones favorables garantizadas.

Además, consideró "imprescindible" que la Agencia Tributaria cuente con unidades especializadas en el control de los grandes contribuyentes y de las empresas relacionadas con los mismos, tal y como se han creado en otros países como Francia y Australia, donde han dado "muy buenos" resultados.

Recordó que ya existe en la Agencia Tributaria una Delegación especializada en el control de las Grandes Empresas porque no se pueden inspeccionar igual que las de menor tamaño, el mismo motivo que hace "imprescindible" un instrumento especializado en grandes contribuyentes. "No se puede controlar fiscalmente igual a un pequeño empresario que a uno de los de la lista 'Fortune 500'", explicó.

Según De la Torre, Hacienda debería ser "más eficaz" en la lucha contra la evasión fiscal asociada a grandes patrimonios, por lo que tiene que contar con información censal que le permita controlar mejor a este tipo de contribuyentes. En este sentido, apostó por introducir la solicitud de información sobre empresas y actividades realizadas por vía de declaración o de requerimiento de información.

A su parecer, la fiscalidad de los grandes patrimonios plantea problemas complejos y la situación actual es "insatisfactoria" no sólo porque la carga fiscal es escasa, sino porque a menudo no son impuestos españoles y los capitales no se invierten en la economía productiva.

Por este motivo, consideró "evidentemente necesarias" medidas legislativas, como la reforma de la subcapitalización y de la deducibilidad de intereses, e "imprescindible" completar la nueva regulación de la Transparencia Fiscal Internacional y aumentar la cooperación internacional en esta materia con dos objetivos: luchar contra los regímenes fiscales perniciosos y reducir la opacidad de los territorios no cooperativos.

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